El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón anunció este miércoles que pedirá al Ministerio del Interior una evaluación del riesgo sobre la seguridad del constructor David Marjaliza, arrepentido del caso Púnica de corrupción. Marjaliza ha denunciado haber recibido en los últimos meses amenazas contra él y su familia por parte del entorno del ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados, su antiguo amigo y ahora principal perjudicado por las confesiones que lleva realizando desde junio de 2015 en colaboración con la justicia.
Marjaliza volvió ha vuelto a declarar ante García-Castellón y ha ratificado que se repartió una mordida de 3,6 millones de euros con el empresario Javier López Madrid y Francisco Granados por la adjudicación de la obra de tres tramos del metro de Madrid, como adelantó hoy este periódico. El dinero se dividió a partes iguales entre los tres después de que Granados decidiera el porcentaje de comisión, según declaró Marjaliza. El empresario anunció que seguirá aportando documentación —facturas y apuntes contables, principalmente— al macrosumario, que se inició en febrero de 2014 y que consta de 16 piezas separadas.
Marjaliza ha detallado ante el juez y las partes que López Madrid participó en la operación vendiéndole una empresa de su propiedad, denominada Gravitum. Esta mercantil tenía categoría de constructora certificada, lo que le permitía acceder a los concursos públicos de infraestructuras. Según la declaración del arrepentido, López Madrid vació de patrimonio esta sociedad —que formaba parte de otra mercantil denominada Elsan— para que sirviera como pantalla para ocultar las mordidas, según fuentes presentes en el interrogatorio.
El constructor ha dedicado parte de las casi tres horas de declaración ante el juez García-Castellón a detallar los supuestos sobornos al Partido Popular, al PSOE y a Izquierda Unida por la adjudicación de obras de vivienda pública en Parla y Getafe, a través de consorcios urbanísticos, y numerosas obras públicas en Valdemoro. También ha especificado que, al llegar a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, creó una estructura “a la carta” para poder controlar, entre otros, los fondos que gestionaba la empresa pública del suelo Arpegio así como la venta de suelo que se realizaba a través de los consorcios urbanísticos.
De este modo, los constructores pagaban supuestamente mordidas a ediles de los tres principales partidos —PP, PSOE e IU— de los Consistorios donde se asentaban los diferentes consorcios urbanísticos. Estos amaños quedaron registrados en anotaciones del propio Granados.
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