Durante la primera sesión del juicio que afecta a Rodrigo Rato y donde se dirime por el origen de su fortuna, la defensa del exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), la defensa de Rato ha solicitado la nulidad de las actuaciones y que se anule la causa basada en pruebas obtenidas sin garantías y un registro que vulneró su derecho a la intimidad.
La letrada, María Massó ha relatado que, según la denuncia de la Fiscalía, Rato está imputado por cinco delitos contra la hacienda pública, dos del IRPF y tres del impuesto de sociedades. Sin embargo, Massó afirma que esto no se sostiene ya que las bases de datos de la Agencia Tributaria no pueden considerarse pruebas. La abogada también asegura que la denuncia es falsa y los hechos están redactados de manera contradictoria y atípica, lo cual indica que en realidad se trata de una "causa general" contra Rato.
La solicitud de José Manuel Fernández Norniella, quien fuera "mano derecha" de Rato, destaca entre otras cuestiones previas planteadas por las partes. Se le ha aceptado la petición de ser eximido de acudir a las sesiones, previstas hasta finales de mayo de 2024, por motivos de salud.
El juicio, que incluye pruebas testificales, periciales, documentales y conclusiones, se alargará hasta el 23 de mayo de 2024. Este es el tercer juicio al que se enfrenta Rato, después del caso de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y la salida a Bolsa de Bankia.
Para evitar que su incomparecencia obligue en alguna ocasión a suspender la vista, Rato ha solicitado ser dispensado de asistir a todas las sesiones.
Por presuntos delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal, la Fiscalía y la Abogacía del Estado solicitan una condena de cerca de 70 años de cárcel para el exvicepresidente. Sin embargo, la defensa de Rato argumenta que muchos de estos hechos habrían prescrito, específicamente los ocurridos entre 2005 y 2010.
La magistrada Ángela Acevedo preside la sección séptima de la Audiencia Provincial encargada de juzgar a Rato. Más de un año después de que el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid acordara remitirle las actuaciones del caso para su enjuiciamiento, tras siete años de instrucción de un procedimiento en el que se acumularon más de 70.000 documentos. La abogada de Rato ha asegurado que unos 40.000 documentos no deberían figurar en la causa, ya que se obtuvieron ilegalmente.
Entre 2005 y 2015, la Fiscalía afirmó en su escrito haber encontrado incrementos patrimoniales no justificados por un total de 15,6 millones de euros. También se descubrieron rendimientos de capital mobiliario en el extranjero que no fueron declarados a Hacienda, además de un fraude de 7,4 millones a la Agencia Tributaria.
Las cuotas defraudadas ascenderían a 8,5 millones de euros si se añade la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades. Además, se observan "indicios racionales" de que el también exministro cobró indebidamente comisiones por los contratos de publicidad de la entidad con Publicis y Zenith, relacionados con la fusión y salida a Bolsa. Estas comisiones habrían sido derivadas a diversas sociedades para "difuminar el origen del dinero", mientras era presidente de Bankia.
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