Anticorrupción sitúa a la expresidenta madrileña como impulsora de un entramado ilegal, para financiar sus campañas electorales.
El Ministerio Público le atribuye siete delitos.
Ha pedido imputar a Aguirre, Cifuentes e Ignacio González por la presunta financiación ilegal del PP de Madrid.
La solicitud ha llegado según la Sexta, después de que varios informes de la UCO apuntasen a que Esperanza Aguirre habría estado en reuniones en las que se podría haber hablado de favorecer a través de contrataciones públicas a diferentes empresas que prestaron servicios durante las campañas electorales.
El Ministerio Público, dice en su escrito de acusación que "los fondos desviados nutrieron la llamada caja B del Partido Popular de Madrid, una supuesta contabilidad opaca controlada por el exgerente Beltrán Gutiérrez entre al menos 2006 y 2012, y sufragaron de forma encubierta gastos electorales".
Anticorrupción trata de averiguar si parte del dinero enriqueció ilegalmente a las personas que favorecieron los amaños investigados.
Considera, " que Aguirre ejerció un rol protagonista en esa esquema ilegal, a sabiendas de que las campañas buscaban fortalecerla y mantenerla en el poder".