Al día siguiente el grupo parlamentario del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) registró en el Congreso de los Diputados una moción de censura contra Mariano Rajoy. La moción proponía como candidato a la presidencia del Gobierno al secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez. Unidos Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Compromís y Nueva Canarias anunciaron de inmediato su apoyo a la moción. Fuentes tanto del Gobierno como del PP reconocieron que la moción tenía perspectivas reales de éxito, ya que los votos del PSOE y Unidos Podemos, junto con el de los partidos nacionalistas e independentistas periféricos, sería suficiente para ganar la votación. El 1 de junio de 2.018 se votó la moción de censura, resultando exitosa con 180 votos a favor, 169 votos en contra y una abstención, por lo que Rajoy debió presentar su dimisión al rey Felipe VI. Al votar a favor de la moción de censura, el Congreso de los Diputados otorgó su confianza al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para ser investido presidente del Gobierno. El 7 de junio se forma el primer gobierno Sánchez con 17 departamentos ministeriales, siendo María Isabel Celaá Diéguez ministra de Educación y Formación Profesional, que en julio de 2.021 es sustituida por Pilar Alegrías. Una de las medidas más destacadas de su primer mandato fue la exhumación de la tumba del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Volvió a ser investido presidente del Gobierno en enero de 2.020, tras un acuerdo para la formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Su segundo mandato estuvo marcado por el confinamiento y la gestión de la pandemia de COVID-19, el incidente fronterizo entre España y Marruecos de 2021, el cambio histórico de la posición de España ante el conflicto del Sáhara Occidental, el apoyo militar a Ucrania tras la invasión rusa, la aprobación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, la Ley Trans, la Ley de Memoria Democrática, la ley sobre Libertad Sexual y la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) o 'ley Celaá', aprobada en el Congreso de los Diputados con 177 votos a favor. Esta ley recupera con modificaciones la LOE, que fue aprobada en 2.006 por el PSOE y que fue derogada por el gobierno Rajoy en 2.013.
La LOMLOE o Ley Celaá
La LOMLOE es la octava reforma del sistema educativo de la democracia en España y la novena que se aprueba en cincuenta años. Se trata de la primera reforma educativa impulsada y aprobada por el primer Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos) de la democracia en España. La LOMLOE recupera la LOE de 2.006 con algunas modificaciones. El Congreso la aprobó el 19 de noviembre de 2.019 con los votos del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Más País, Compromís y Nueva Canaria, en total 177 votos. El Senado la ratifica el 23 de diciembre. O sea, desde el año 2.020 está vigente, aunque sus medidas se van aplicando de forma progresiva según avanzan los cursos, terminando su implementación en el curso 2.023/2.024. Su objetivo se basa en tres principios fundamentales: aumentar las oportunidades educativas, reducir la segregación del alumnado y fortalecer la competencia digital.
Su implantación establece grandes cambios en todos los niveles con respecto a la LOMCE o Ley Wert:
- El Gobierno aumenta las plazas del primer ciclo de la educación infantil (de 0 a tres años), de manera que haya una oferta pública suficiente. Y dispone, también, una distribución equilibrada del alumnado más desfavorecido por razones socioeconómicas, necesidades especiales o de otra naturaleza entre los centros públicos y los centros privados concertados.
- La eliminación de las pruebas finales de etapa, por lo que se permite obtener las titulaciones de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato sin realizar ninguna reválida.
- Sustitución del castellano como lengua vehicular de la enseñanza en las Comunidades con otra lengua cooficial, buscando un equilibrio entre la enseñanza de la lengua oficial, es decir, el castellano, y las cooficiales, catalán, gallego y vasco. Por esta razón da a las diferentes comunidades autónomas y a sus centros educativos las competencias necesarias para garantizar un aprendizaje eficaz de las dos lenguas. Al finalizar la educación básica los alumnos/as deben alcanzar el dominio pleno del castellano y de la lengua cooficial correspondiente.
- Obligatoriedad de escolarizar al alumnado de Educación Especial en los centros ordinarios en un plazo de diez años tras implementar los medios necesarios.
-Deja de ser obligatoria la enseñanza de la religión, como la asignatura de Ética en 4º curso de la ESO. O sea, la religión es obligatoria en los centros escolares y con carácter voluntario en el alumnado. Incorpora en Primaria y en Secundaria Valores Cívicos y Éticos, consistente en el estudio de los Derechos Humanos, en la educación por el desarrollo sostenible, en la función social de los impuestos, en la justicia fiscal, en la igualdad de mujeres y hombres, en el respeto de los animales y del entorno.
- Tanto en primaria como en secundaria se elimina la jerarquía de las materias, desapareciendo las materias troncales, las específicas y las de libre configuración.
-Recuperación de los ciclos en Primaria y limitación para repetir curso solo una vez por etapa. Con esta ley solo se puede repetir curso una única vez durante la etapa educativa y una vez en la etapa de la ESO; o sea, sólo se podrán repetir dos cursos en toda la Educación Básica (Primaria y ESO) Excepcionalmente en el cuarto curso de la ESO se podrá permanecer en él un año más, siempre que el equipo docente considere que esta medida favorece la adquisición de las competencias establecidas para la etapa, en cuyo caso se podrá prolongar un año el límite de edad hasta los 19 años. En todo caso la repetición, o no promoción, se entenderá como una medida de carácter excepcional que irá acompañada de un plan de refuerzo personalizado.
- A los actuales cuatro bachilleratos especializados: Artes, Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, se une el Bachillerato General, el cual adopta las materias más importantes de los otros. Esta diversificación del conocimiento facilita la adaptación del alumnado a aquellos estudios superiores que requieren poseer conocimientos de humanidades y ciencias.
.- Gran cambio en la Formación Profesional, por eso ahora se llama Ministerio de Educación y Formación Profesional. La FP se encamina al sistema de ocupación, no sólo de los jóvenes sino también de todos los ciudadanos a través de la formación permanente, ya que el 49% de los españoles no tiene un título profesional .Se trabaja en el sentido de evitar que la formación profesional deje de ser considerada con el estigma de un itinerario de segunda. Se busca un mejor reconocimiento social de este nivel de la formación. El objetivo es el de igualar a España con el resto de países de su entorno. Las tasas de estudiantes que optan por la FP son superiores en otras naciones de la Unión Europea. Una de las propuestas de la nueva ley es fomentar el aprendizaje por proyectos o ABP, que consiste en que los alumnos lleven a cabo un proyecto por sí solos de principio a fin. Es una metodología activa, que permite desarrollar mejor diferentes habilidades y capacidades, por ejemplo la responsabilidad y el trabajo en equipo. Se trata de que los alumnos/as sean el centro de la formación, siempre con una supervisión adecuada y dentro de un marco pensado para cada etapa. Se potencia el aprendizaje por competencias frente al memorístico. Consiste en adquirir habilidades que les sirvan a lo largo de su vida. Hemos de tener en cuenta que las necesidades del mercado laboral cambian con frecuencia, por lo que es importante dar una respuesta rápida.
-La digitalización. Se establece un convenio entre el ministerio con el ministerio de Asuntos Económicos y las Comunidades Autónomas para que todos los alumnos/as estén dotados de herramientas digitales (Se consiguió cuando la pandemia)
- Mayor participación y competencias por parte de la Comunidades Autónomas.
- Igualdad de género. Se velará para que los currículos, los libros de texto y cualquier tipo de material educativo no contengan estereotipos sexistas.
-Todos los centros públicos y concertados desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas y no separar el alumnado por su género.
- Educación para la salud.
-Distribución equitativa del alumnado más desfavorecido por razones socioeconómicas, necesidades especiales o de otra naturaleza entre centros públicos y concertados.
Acogida de la LOMLOE
Como vemos la implantación de la LOMLOE causa grandes cambios en todos los niveles de la educación estatal, por lo que cuenta con partidarios, pero también con detractores. El debate de esta ley en las Cortes fue bronco y el presidente del PP Pablo Casado amenazó que en cuanto llegara al Gobierno la derogaría. Al PP no le gusta esta ley educativa. El secretario de Educación el PP, Óscar Clavell, la ha criticado así en una entrevista para El Mundo: “Una imposición nunca es algo positivo. Partimos de una ley en la que por primera vez en la historia no se ha tenido en cuenta la opinión de los expertos. El objetivo debería ser formar a generaciones más preparadas, pero esta ley despoja a los alumnos de los valores del esfuerzo y de muchos conocimientos. Además, deja de asumir las enseñanzas comunes y permite promocionar y titular con asignaturas suspensas». Y aventuró, a modo de anticipar el futuro más a corto plazo: «España necesita una ley educativa que cuente con el diálogo y consenso que demanda la sociedad. La comunidad educativa reclama a los legisladores una ley duradera, estable y que no varíe según los cambios en el ejecutivo”.
A Vox tampoco le gusta. De hecho, ambos partidos han presentado recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El recurso del partido que preside Santiago Abascal denunció ante el Constitucional más de una veintena de artículos de la LOMLOE que afectan a aspectos considerados clave como la situación del español como lengua vehicular, la elección de centro educativo, la libertad de enseñanza, el futuro de la escuela concertada y la escuela de educación especial, así como el de la asignatura de Religión. Por su parte Alberto Núñez Feijóo, líder de la oposición, asegura en una entrevista en Onda Cero que si logra gobernar con mayoría suficiente, serán numerosas las leyes aprobadas por el actual Gobierno que derogaría. El líder ‘popular’ ha afirmado que va a “derogar la mentira y el sectarismo”, y ha mencionado directamente otras polémicas normas que han visto la luz durante esta legislatura: la Ley de Memoria Democrática, la Ley de Eutanasia, la Ley Trans. Además, aseveró que “sin duda se realizarán ajustes en la mencionada ley educativa”, aunque sin desvelar si los populares paralizarán completamente la implantación de la LOMLOE ya que, por una cuestión de plazos, frenarla requeriría de una ley ordinaria exprés con el curso empezando en septiembre.
También está siendo muy contestada esta ley por la patronal de los colegios concertados porque ve mermadas las prerrogativas alcanzadas con la Ley Wert. Se opone a la LOMLOE por intervencionista, pues atenta contra la pluralidad del sistema educativo, que, según los patrones de la enseñanza concertada es clave en una sociedad democrática.” Es una reforma – resume la plataforma patronal- que conduce hacia el dominio sistemático del Estado, dotando a las Administraciones con facultades cada vez más amplias en detrimento de las familias como primeros educadores de sus hijos”
A día de hoy, y con los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo sobre la mesa, hay 12 comunidades autónomas gobernadas por el PP y Vox que rechazan de plano la LOMLOE, lo que hará difícil su implantación. Pero si Pedro Sánchez no consiguiera la investidura y el PP llegara al Gobierno se suspenderá esta Ley educativa sin haberse podido comprobar sus bondades. Una nueva sustitución del sistema educativo cogerá a los centros escolares y a sus profesionales en plena implantación de la reforma. Y se ampliará aún más el escepticismo entre los miembros de la comunidad educativa con tantos cambios en el corto espacio de tiempo en que está vigente la democracia.
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