La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona solicita a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la imputación del expresidente de la Generalitat de Cataluña, el prófugo Carles Puigdemont, por delitos de prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental.
La imputación responde a un supuesto "artificio contable" que Puigdemont siendo alcalde de Girona habría aplicado y por la que habría destinado un millón de euros para comprar una colección de arte para el consistorio en lugar de dedicarlo a la mejora de la calidad del agua.
Hasta ahora y gracias al estar aforado por su nueva condición de eurodiputado, el expresident ha podido burlar a la justicia.
No obstante ante esta nueva imputación, tendrá que pronunciarse el Tribunal Supremo y más concretamente la Sala que preside Manuel Marchena. De pronunciarse a favor de siguir adelante deberá pedir permiso al Parlamento Europeo para lanzar orden de investigación o detención.
La denuncia se presentó por la CUP en 2016 por administración desleal contra miembros del consejo de administración de Agissa,
La formación denunciaba irregularidades en esta concesionaria del servicio público de agua, a la que fue prorrogada dos veces la adjudicación siendo Puigdemont alcalde de Gerona.
En marzo de 2013 se le renovó la concesión con la condición de que Agissa abonase en cuotas un canon extraordinario de 3,75 millones de euros a los tres consistorios que participan de la empresa mixta. Así Gerona, recibió 2.625.000 dinero que debía destinarse exclusivamente al mantenimiento, saneamiento y calidad del agua pero el entonces alcalde, Carles Puigdemont desvió un millón de euros para la compra del primer lote de la colección de arte que dejó a su muerte el crítico e historiador Rafael Santos Torroella.
Dicha adquisición aprobada con el voto de calidad de Puigdemont en 2014 supuso un desembolso de 3,9 millones de euros al que hubo de sumarseotra importante cantidad en la adaptación y rehabilitación de la Casa Pastors.
Ahora la juez de Gerona en su exposición razonada al Supremo, indica que esta acción fue "una maniobra presupuestaria ilícita e insuficiente que contravino la Ley de Régimen de Haciendas Locales para materializar la adquisición, ya que el primer pago de aquellos cuadros, un millón de euros, salió del dinero para el agua que el Ayuntamiento había ingresado con el canon extraordinario de Agissa." y añade en su argumentación que "se ideó un artificio desde los presupuestos del equipo de Gobierno que fue asumido con mayor o menor conocimiento por once concejales en el Pleno del 14 de febrero y que llevó a una sustancial merma en el patrimonio del Ayuntamiento en un área tan sensible como el agua."
Así y tras ell desvío del dinero, según se lee en la exposición razonada, "en el año 2014 se dejó de invertir en el llamado ciclo del agua por el Ayuntamiento de Gerona a pesar de haber sido presupuestado un gasto de 1,1 millones de euros y desde luego, pese a las necesidades de la red."
La Fiscalía Anticorrupción aportó al juzgado un informe técnico elaborado por Mind Engineers sobre el abastecimiento de agua potable en los tres ayuntamientos parte de Agissa según el cual, se necesitaban «aproximadamente 1,5 millones de euros» al año para poner al día la red ya que entre otras cosas tenían que sustituirse las tuberías de fibrocemento especialmente en la parte que abastece a las poblaciones, donde el 35,6% de los tubos están fabricados con este compuesto del amianto y que representaban un alto riesgo para elconsumidor.
Otro aspecto es el de la tasación de las obras, que según la juez no siguió un trámite claro.
La juez pide la imputación del expresidente catalán en el Tribunal Supremo por prevaricación en tanto que "actuó así a sabiendas de que debía destinar ese dinero a calidad del agua; falsedad en documento oficial por la tasación de la colección; y fraude a la Administración por" el menoscabo resultante de la operación al Ayuntamiento de Gerona y el mantenimiento y calidad de su red de aguas."
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