Según la fiscalía en el caso de Esperanza Aguirre hay “indicios sólidos y pruebas” para su procesamiento ya que fue Aguirre quien aprobó la normativa que dejó en manos de Ignacio González y Francisco Granados la gestión de la publicidad institucional, y que “gran parte de la misma sirvió para financiar las campañas de la propia Aguirre”.
Aseguran además que Esperanza Aguirre estuvo en la reunión con el principal empresario de la financiación ilícita del PP de Madrid, Daniel Horacio Mercado, en la que se acordó que distintas consejerías le contratarían para el polémico 1%, que también era utilizado para financiar al PP.
Asimismo, ha quedado demostrado presidió Fundescam, la fundación empleada por la formación conservadora para sufragar de forma ilícita actos electorales del partido, recuerda el mencionado medio de Prisa.