La Junta Electoral Central acordó ayer miércoles abrir expediente sancionador al Partido Popular, pero le da igual, consiguió su objetivo.

A Casado que le llamen al orden o que le llamen tramposo le molesta más bien poco, en su curriculo ya tenie la posesión de un master falso, un curso aprobado sin asistir y unas asignatudas superadas por arte de birlibirloque.

El delito: una posible vulneración de la Ley electoral en el envío de mensajes de telefonía móvil a más de un millón de ciudadanos horas antes del cierre de la pasada campaña electoral, pero que más da, la victoria lo tapa todo...lo peor es que a pesar de las fullerías cometidas, perdió.

La decisión fye adoptada en la reunión de ayer tras las quejas que le transmitió la Agencia de Protección de Datos, procedentes a su vez de ciudadanos molestos por la recepción de los mensajes.

Pecata minuta debio de pensar el que siendo felón llama felón al que jugando limpio le ganó la partida a pesar de que el pasado 8 de noviembre, cuando acababa la campaña electoral, enviara a 1,2 millones de españoles un SMS para pedir su voto.

"Hola, soy Pablo Casado" escribió y añadió buscando el apoyo: "sumar una nueva mayoría de cambio en España frente a la crisis económica y el desafío separatista".

Ante esto, la Agencia de Protección de Datos al entender que se trataba de una posible vulneración de la ley denunció el tema ante la Junta Electoral.

Que el PP no ha jugado limpio se sabe, que debiera ser sancionado sería lo normal por incuplir el artículo 58 bis de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General por usar medios tecnológicos y datos personales en las actividades electorales. Mas si cabe cuando utilizó datos que no estaba autorizado a utilizar y sindar al ciudadano la opción de renunciar a que le sigan enviando esa clase de mensajes.

El procedimiento uno de los magistrados que forman parte de la Junta Electoral instruirá llevará consigo una propuesta de sanción al PP, que tras las alegaciones del infractor llegará la propuesta económica por dicha sanción a la que el PP SE OPONDRÁ y alegará.

Sin embargo el tramposo y el PP de casado lo es, asume el riesgo, más si cabe cuando la cuantía de la sanción oscila entre los 300 y los 3.000 euros si se trata de autoridades o funcionarios y entre 100 y 1.000 si concierne a particulares.