El ideario del centro escolar
El descontento del profesorado por sus condiciones de precariedad y de todos los afectados por la baja calidad de la enseñanza, genera amplios movimientos de protesta, en donde subyace la creciente necesidad de que toda la política educativa debe ser gestionada colectiva y democráticamente. Se llega a la conclusión que una educación avanzada se ha de hacer fundamentalmente a través de la escuela pública, donde nunca han de ser centros de propaganda de cualquier confesión o ideología, por constituir un atentado a la convivencia y a la libertad del alumno/a.
La elaboración de la Constitución de 1978 fue el primer momento clave para intentar construir un nuevo modelo educativo. Pero a lo largo de 1977-78 los sectores más retrógrados y partidarios de una escuela confesional, en alianza con los más inmovilistas del sector privado de la enseñanza desencadenan una guerra escolar con carácter poco menos que apocalíptico. Al no poder continuar con un escuela confesional obligatoria a todos en un Estado democrático y laico, pero sintiéndose fuertes después de cuarenta años de monopolio, vuelven a exigir la libertad de enseñanza. Y tras un duro y apasionado debate hasta lograr suficientes puntos de consenso, se aprueba el artículo 27 de la Constitución en donde se reconoce la libertad de enseñanza. Aunque, también, es el punto de partida para que se pueda desarrollar una educación íntegra a todos los miembros de la sociedad.
Los conceptos de libertad de enseñanza y de educación en los principios democráticos de convivencia no son muy compatibles. Pero se abusó del paralogismo afirmando que para defender la libertad de conciencia era necesaria la libertad de enseñanza. Y se ponía como ejemplo la URSS y los países comunistas donde era perseguida cualquier idea religiosa. En una sociedad plural hay que respetar, tolerar e, incluso, subvencionar cualquier formación religiosa para garantizar la libertad de conciencia, pero separar a los niños/as desde la más tierna infancia para adoctrinarlos y educarlos según la filosofía y moralidad de las diversas confesiones religiosas no es lo más apropiado para el respeto y la cohesión social. Se ha visto en los Balcanes y en otras muchas regiones, que grupos étnicos y religiosos han vivido durante siglos juntos, pero no cohesionados y, en situación de algún conflicto, se han enfrentado entre sí con un odio tremendo. Y utilizar la escuela para separar y engendrar odios no creemos que sea lo más acertado en el sistema educativo. “El ideal de la educación nacional- se expresaba Giner de los Ríos- en la escuela primaria como en la Universidad, en la dirección de los párvulos como en la elevada indagación científica, es la neutralidad en cuantas esferas dividen y apasionan a los hombres”. Para que la educación sea liberadora se precisa que el sistema educativo no sea discriminatorio.
Para solucionar la contradicción de la libertad de enseñanza y educar en los principios democráticos de convivencia se acordó que cada centro privado pudiera elaborar su ideario educativo. Como las escuelas públicas han de ser laicas por necesidad, al ser patrocinadas por un Estado aconfesional, para que realmente tengan libertad de opción las familias que quieran mandar a sus hijos/as a los colegios cristianos, el Estado ha de subvencionarlos. Esta separación de presupuestos, que ya lo empezó a pedir en 1918 el integrista Vázquez de Mella, es el argumento que esgrimen los patronos de la enseñanza privada ante la alarma de perder clientes, ya que durante la Transición muchos sectores progresistas, tanto profesionales como de las clases medias, preferían por motivos ideológicos la escuela pública.
Se pensó en el cheque escolar, es decir, que el Estado entregara un cheque a las familias que optaran por la enseñanza privada para que no tuvieran problemas a la hora de escoger centro para sus hijos/as. Pero fue una idea peregrina que pronto fue desechada, pues, por un lado, se llenarían los centros privados con alumnos/as no deseados por los clientes habituales y, por otro, hubiera supuesto al erario público un gasto que no podía asumir, habida cuenta que aún había muchos niño y niñas sin escolarizar por falta de plazas escolares. Aunque no había el necesario desarrollo reglamentario diversas disposiciones de los gobiernos de UCD concedían subvenciones a los centros privados, en una cantidad cada vez más creciente, que contrastaba con el ritmo mucho más parsimonioso del incremento de las inversiones en la pública. En ausencia de la adecuada normativa, lo que había nacido provisional se perpetúa y da lugar a una situación irregular, sin ningún control, sujeta a incertidumbre y arbitrariedad y, en ocasiones, sin observar las propias disposiciones que la regulaban.
La LOECE y la LODE
El gobierno de la UCD promueve la Ley Orgánica de Estatuto de Centros Escolares (LOECE) que privilegia desequilibradamente los derechos del titular del centro privado sobre los de la comunidad escolar, supeditando la libertad de cátedra al ideario del centro e interpretando restrictivamente el derecho de padres y madres, profesores/as y alumnos/as a la intervención en la gestión y el control de los centros sostenidos con fondos públicos.
Hay que esperar a que forme gobierno un partido de izquierdas, el PSOE, para que se inicie un proceso de reformas de la enseñanza con un nuevo modelo de escuela pública. Y en este sentido el paso más importante se dio con la aprobación el 3 de julio de 1985 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que establece la existencia de tres tipos de centros: públicos, privados concertados y privados. O sea, distingue los centros privados que funcionan en régimen de mercado, mediante precio, los centros privados concertados sostenidos por fondos públicos y los de titularidad pública, para los cuales la ley establece la previsión de la educación obligatoria en régimen de gratuidad. Y se establece como educación obligatoria la EGB, de seis a catorce años. Esta fórmula recibe el aplauso de muchas familias de las clases medias que no estaban muy conformes en mezclar a sus hijos e hijas con todos los que van a las escuelas públicas.
La participación de la comunidad escolar se vehicula a través del Consejo escolar del centro, que, además de constituir un medio para el control y gestión de los fondos públicos, la participación es un mecanismo idóneo para atender adecuadamente los derechos y las libertades de los padres, de los profesores y, en definitiva, de los alumnos. Esta ley establece los órganos de gobierno de los centros públicos, Director/a, elegido por el Consejo escolar y nombrado por la Administración educativa, Secretario, Jefe de Estudios, Consejo Escolar y Claustro de Profesores. La LODE establece que los centros concertados tienen derecho a definir su carácter propio, aunque las enseñanzas las han de impartir con un respeto total a la libertad de conciencia.
Pero la guerra escolar no remite con esta ley, sino que la aviva. La LODE no solo fue ampliamente contestada, sino llevada también al Tribunal Constitucional por la Coordinadora de la Libertad de Enseñanza, integrada por la Confederación Española de Centros de Enseñanza, la FERE, la CONCAPA y la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza. Esta “banda de los cuatro”, como se la denominó, con el apoyo de la Conferencia Episcopal, organizó las manifestaciones más numerosas de la Transición democrática. Lo peor de esta historia no fue el enfrentamiento de intereses, sino las tergiversaciones: se confundía interesadamente tolerancia con falta de respeto a las convicciones personales y laicidad con estatalismo o “dogmatismo de izquierdas”. El gobierno socialista transige con tal de que se consolide un sistema educativo que en este terreno pusiera a España a la altura de los demás países comunitarios, y porque el Estado no estaba en óptimas condiciones de financiar todo el sistema. La escuela concertada como una alternativa de apoyo ante la falta de infraestructuras en zonas con muchos niños, no solo se consolida, sino que paulatinamente va marginando a la escuela pública. Ahí, precisamente está, y en el mismo origen, el germen del fracaso de la reforma educativa, que se agudiza con la llegada de la derecha al poder. También hay que añadir que los supuestos iniciales del pacto constitucional que supuso la LODE, se han ido modificando con el fenómeno de la inmigración, la progresiva marginación de algunos sectores y, todo ello, unido al cambio de valores de las familias.
Los centros concertados, más allá de alguna excepción, son negocios privados subvencionados con fondos públicos. Sus propietarios los gestionan con el mismo espíritu de lucro como cualquier otra industria. Y ya se sabe, que el prestigio de una empresa está en función directa a los beneficios que obtiene. Lo que les diferencia de otras industrias es que los gastos se cubren con fondos públicos, no solo en lo relativo a la enseñanza obligatoria, sino también para sufragar los cambios estructurales de los edificios que la reforma educativa exige. Y también hay beneficio en el cobro de servicios complementarios (comedor, actividades extraescolares…) y en la explotación de un profesorado que el mismo centro ha contratado y que se obliga a trabajos, a veces de más exorno que conveniente al alumno, con tal que prestigie la reputación del colegio.
Con la llegada al poder de la derecha el gasto público en los centros concertados se ha ido incrementado en España hasta el punto de llegar a ser uno de los mayores de todos los países de la OCDE. La escuela concertada ha alcanzado tal grado de financiación pública que ni los más optimistas de sus dirigentes hubieran soñado como factible a comienzos de la Transición. La marginación de la escuela pública se manifiesta con los gobiernos de derechas que recorta su costo presupuestario, detrayéndole así alumnos/as hacia los colegios concertados. Un ejemplo claro lo tenemos en Cataluña donde la derecha ha estado gobernando una veintena de años, que subvencionaba con miles de millones incluso a centros privados de élite y no disponía los suficientes recursos para que más de 15.000 alumnos/as de la pública dejaran de estudiar en barracones durante muchos años. El resultado de esta política no puede ser más claro, pues, según el Anuari Estadistic de la Ciutat de Barcelona de 2.001, en Barcelona ciudad el 74% de los Institutos de secundaria son privados.
- 207 alumnos/as de la ESO de centros privados frente a18.794 de centros públicos.
- 414 alumnos/as de bachillerato de centros privados frente a 11.013 de centros públicos
- 839 alumnos/as de ciclos formativos de centros privados frente a 5.691 de centros públicos
- 451 alumnos/as de primaria de centros privados frente a26.728 de centros públicos.
En Madrid, que también lleva años gobernada por la derecha, se puede observar que en 2.004 el 70% de las solicitudes de nuevo ingreso las han recibido los colegios concertados. El PP, para justificar su nueva ley de la enseñanza (la LOCE) que quiere implantar, orquestó toda una campaña de desprestigio de la educación pública basada en una falsa alarma sobre el fracaso escolar. Además, dicha campaña fue acompañada de una falta de inversión en la red pública, disminuyendo el número de profesores/as de los centros y del personal de apoyo (psicopedagogos, logopedas, etc.) o incrementando la ratio, precisamente en pleno auge económico, sustanciado por el slogan “España va bien”. La derecha, obsesionada por el mercado y la rentabilidad inmediata, no quiere entender que la educación es siempre una inversión de futuro, no un gasto. Sin embargo, la disculpa del necesario control del gasto público no les impedía que se concedieran conciertos educativos de miles de millones a centros privados que seleccionan a sus alumnos/as por razones económicas y por razones ideológicas.
Para evitar la llegada a los colegios concertados de inmigrantes y los que catalogan de “desarrapados”, los padres de la concertada no protestan si los precios del comedor o de actividades extraescolares son exageradamente caros. Incluso pagan “cuotas voluntarias” a sabiendas de que la enseñanza es gratuita. Otro factor que induce a la desbandada de la pública radica en el desconcertante mensaje de algunos docentes de centros públicos envían a la sociedad de que con la incorporación de colectivos de alumnos/as conflictivos y menos motivados no se puede trabajar bien. Los padres que perciben esa información reflexionan que si los profesores de la enseñanza pública creen que no pueden enseñar bien, es mejor que sus hijos vayan a otros centros. Y si encima ven que esos profesores/as mandan a sus hijos a centros privados, ya no dudan en lo que tienen que hacer como mejor para sus hijos/as.
Por otra parte los centros públicos se ven abocados a resolver los problemas sociales, mientras que los concertados no tienen ninguna hipoteca para ofrecer una enseñanza de calidad. Los públicos no pueden escoger a sus alumnos/as mientras que los concertados si lo hacen. Resultado de todo esto es que hoy la educación y enseñanza es más clasista que antes de la LODE, con unos centros privados y concertados que seleccionan al alumnado y no contribuyen para nada a la cohesión social y unas escuelas públicas que cada vez son más asistenciales que educativas y que afrontan con escasos recursos los retos de la marginalidad y la masiva inmigración. Y aquí surge la paradoja: una reforma pensada para igualar, para dar más posibilidades a los más necesitados, que se basa en el derecho que corresponde a todos los ciudadanos, sin distinción de raza, religión o nivel económico, se convierte en la mejor reforma para todos aquellos que nunca han querido una auténtica democratización de la educación.
Por otra parte, ante la gran demanda de los centros concertados el ideario se diluye, ya que la mayoría de los padres escoge esos colegios por motivos distintos al del espíritu educativo que rige el centro, y los titulares del mismo, con tal de tener más matrícula, no piden que acepten el ideario como condición sine qua non. Las razones que mueven a la mayoría de los padres para elegir un centro concertado religioso no son por los valores religiosos que ofrece, sino que lo hacen por imagen y prestigio social, (dichos centros concertados evitan la presencia en sus aulas a los hijos/as de familias poco recomendables y escolarizan, sin embargo, a alumnos/as que proceden de sectores sociales más favorecidos), por los servicios educativos que creen encontrar en ellos y porque adivinan una mayor calidad de enseñanza, pues los alumnos/as de la clase media plantean menos problemas de aprendizaje que los alumnos/as que viven en contextos sociales desfavorables.
Pero sobreviene un nuevo problema, ¿cuándo y en lugar de qué materia se imparte la Religión? Se podría intercambiar la Religión por la Ética, pero como ésta y la educación moral, que se refieren a la conducta para con los demás y para uno mismo, no pueden ser reemplazas, son materias necesarias y obligatorias a todos. Entonces si la Religión se convierte en una asignatura de más a más, nadie la escoge para no sobrecargar el currículo pero tampoco se puede impartir en lugar de una materia considerada importante, ni simultanearla con una actividad de poca monta para no convertirla en una “maría”, en algo que no se toma en serio. La solución la proporcionó el PP en la llamada Ley de Calidad, al improvisar una nueva materia “El hecho religioso”, una especie de historia de las religiones, como alternativa a los que no cursan la asignatura de la Religión. Ocurrió que la Ley de Calidad al ser una ley general, que no solo reglamenta a los centros concertados, sino a todos, tanto públicos como privados. Nos parece un abuso tener que estudiar esa nueva asignatura desde primero de primaria hasta primero de bachillerato par que los que han optado por la religión no se sientan discriminados, habida cuenta lo cargado de los programas.
Además, cursar la Religión como una asignatura sometida a calificación como cualquier otra nos parece una aberración, porque, como se sabe, para la Religión Católica la comunión continua con Dios tiene prioridad al conocimiento de la doctrina, al considerar que para salvarse, además de tener fe, se necesita de las buenas obras. Y puede ser desconcertante que alumnos/as temerosos de Dios y observantes de los mandamientos de la Iglesia suspendan la asignatura de religión por tener menor capacidad, mientras que otros más brillantes saquen sobresaliente saltándose a la torera las normas de la moral cristiana.
Esta “brillante norma” no llegó a aponerse en práctica porque la Ley de Calidad por el gobierno surgido tras las elecciones del 14 de marzo de 2.004.
Si (
No(
