El caso del CEIP Francisco Saiz Sanz, en Aguadulce, ha generado en los últimos años cierta controversia en su comunidad educativa, no por la labor docente —que en gran parte es valorada positivamente por muchas familias—, sino por decisiones adoptadas desde su dirección que han sido objeto de debate y desacuerdo.
Según fuentes del propio centro, el actual director —identificado en anteriores artículos por las siglas F.J.R.S.— asumió el cargo hace algo más de seis años. Desde entonces, su gestión ha sido cuestionada por parte del claustro y de familias, especialmente en lo relativo a la reorganización de personal docente y la gestión del Aula TEA.
En un momento especialmente delicado, parte del claustro presentó un escrito directamente en el centro escolar, manifestando su disconformidad con determinadas decisiones. En respuesta, el director argumentó que actuaba siguiendo "órdenes del señor delegado" Don Francisco Alonso (PP), sin que conste que dicho documento se trasladara formalmente a la Delegación Territorial de Educación.
Más recientemente, hemos tenido conocimiento de que se han incoado diligencias previas en los juzgados de Roquetas de Mar como resultado de denuncias presentadas contra el citado director. Según fuentes jurídicas, las causas se encuentran en fase de investigación penal.
Las denuncias hacen referencia, entre otros aspectos, a posibles irregularidades en la gestión administrativa y presunto acoso laboral, extremos que, insistimos, están siendo analizados por la autoridad judicial competente.
Ante esta situación, surge una pregunta legítima: ¿debe mantenerse en un puesto de responsabilidad una persona cuya gestión ha sido tan ampliamente cuestionada por parte de la comunidad educativa y que está siendo objeto de investigación judicial de forma penal?
Lanzamos esta pregunta con la debida prudencia, sin prejuzgar los hechos ni a las personas implicadas, y con pleno respeto al principio de presunción de inocencia. Del mismo modo, reiteramos nuestro compromiso con la veracidad de la información publicada y nuestra disposición a realizar las correcciones oportunas sobre el Caso Saldaña, cuando se nos indiquen errores o imprecisiones, como ya ocurrió recientemente a solicitud de Doña Susana Hernández Alonso como representación legal del mencionado director, quien prefirió que resaltemos su situación de imputado-investigado por ACOSO, sobre lo que teníamos como expedientado por ser meramente referencial.
Creemos firmemente que la transparencia, el buen gobierno y la rendición de cuentas son pilares esenciales en cualquier institución pública, y la educación no puede ser una excepción.
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