Talante educativo del Nuevo Estado
La postura adoptada por la Junta Nacional, y más tarde por el nuevo gobierno liderado por Franco el 1 de octubre de 1936, ante el tema de la enseñanza, tanto en lo que respecta a quiénes la iban a impartir, como qué iban a enseñar, está marcada por la necesidad política de apuntalar unos valores religiosos y patrióticos que habían servido como ideología en la toma de partida por el Alzamiento Nacional. En los gobiernos de Franco aparece una distribución equilibrada: los ministerios militares y de orden público para los militares; el movimiento sindical y los ministerios sociales para los falangistas; los económicos, para hombres técnicos, abogados, juristas o ingenieros; y la educación y la justicia para los católicos, tradicionalistas o ex miembros de “Acción Española", la revista editada en Madrid de marcado carácter conservador, católico y monárquico, que había aunado en sus páginas a los intelectuales y políticos que se opusieron a los gobiernos social-azañistas de la Segunda República. Sorprende el escaso peso de falangistas y de carlistas en las carteras ministeriales, aunque en los segundos escalones de esos ministerios había bastantes falangistas. Se prefigura ya la amalgama ideológica que caracteriza al franquismo. Lo que les unía era su conservadurismo tradicional y su derechismo reaccionario".
Tanto la Iglesia como el pueblo, los ricos como los pobres, los vencedores como los vencidos, tuvieron que dejarse impregnar por grado o por fuerza de una manera de pensar que los permitiera continuar su vida dentro de España. La prensa, la radio y todos los servicios informativos servían a esa ideología. Los colegios, las escuelas, las universidades, los sindicatos, los órganos de Gobierno, la Iglesia, justifican sus enseñanzas, su manera de pensar o de actuar por ser portadores de unos valores religiosos y patrióticos que habían servido en gran medida para ganar la guerra. Por otra parte, esos valores tradicionales, conservadores, de defensa de lo “auténtico español”, de inmovilismo, estaba muy en consonancia con una economía de claro signo pre –capitalista, que no tenía entidad suficiente para salir a Europa y competir. Una ideología caracterizada por una negación a todo lo que hiciera referencia al progreso educativo y a las tendencias laicas, innovadoras, europeizantes.
Para el franquismo la educación tenía gran importancia en cuanto estructura ideológica y no como instrucción en materias y educación en el sentido del desarrollo de las facultades. De ahí que no interesa la formación pedagógica del maestro, sino su capacidad patriótica y sus costumbres cristianas. Tiene como primera consecuencia que la Iglesia, como depositaria de los valores religiosos que servían de base a los valores patrióticos, se convirtiera en el árbitro de la educación, aunque de una educación privada y clasista. Desde un primer momento se inicia un control riguroso de la escuela, que se realiza en dos sentidos: por un lado sancionando a aquellos maestros y maestras que habían simpatizado o colaborado con la República y, por otro, introduciendo en la enseñanza los valores religiosos que garantizaran la obediencia, el orden, la sumisión, etc. y los valores patrióticos que impulsaron a los jóvenes a luchar por una España grande, portadora de valores eternos y reserva ideológica de Occidente. Por esta razón se dieron todas las facilidades a excombatientes, alféreces provisionales, mutilados, etc., para que se incorporaran al sistema educativo. De esta manera, no sólo se premiaban sus servicios sino que, además, dado que habían probado su fidelidad en el campo de batalla, eran garantía de que inculcarían a las nuevas generaciones los valores por lo que se había luchado.
Depuración del personal docente
Durante la República en las zonas rurales el maestro es visto, no pocas veces, como una amenaza para el orden tradicional, lo que hizo que ya durante el verano del 36 se les identificase en la España nacional con las fuerzas de la revolución. El resultado fue que muchos maestros y maestras fueron asesinados en los primeros meses de la guerra. La eliminación física de muchos maestros y maestras fue solo el preludio de la depuración ideológica que inmediatamente se puso en marcha. Entre agosto y noviembre de 1936 la depuración de los maestros se realizó de una manera salvaje, asesinándolos impunemente ante una indicación de los caciques, que no querían que se alterara el orden existente con la educación de los hijos de sus jornaleros. En la provincia de León se han llegado a contabilizar más de cuarenta asesinatos de maestros; en Burgos fueron 21 los fusilados, más otros 11 que fueron encarcelados y desaparecieron. No existen datos tan sistemáticos sobre otras provincias, pero si muestras de que los maestros fueron un grupo duramente castigados por la represión de los primeros momentos: de 23 maestros que el rector de la universidad de Zaragoza suspendió de empleo y sueldo en septiembre de 1936, tres ya habían sido fusilados en agosto. Armando Fernández Maza recoge el nombre ( y una breve semblanza) de 8 maestros colaboradores de una revista de la Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Orense, asesinados en 1936, aunque la cifra de fusilados de la provincia fue, obviamente, mucho mayor. El número de fusilados en Granada debió ser especialmente elevado, según se `puede leer en Granada en 1936 y el asesinato de Federico García Lorca , de Ian Gibson. La purga se llevó a cabo con crueldad y vesania a unos educadores, cuyo delito era forjar la conciencia de sus jóvenes alumnos. Pero todos esos asesinatos han quedado impunes. Y no se ha hecho justicia porque los que hicieron la Transición de la Dictadura a la Democracia, ente ellos Felipe González y Alfonso Guerra, a fin de lograr la reconciliación firmaron un decreto de Amnistía para que se dejara de investigar a los autores de esos horrendos crímenes y de muchos más inocentes en otros campos.
“La perspectiva del resurgir de una España mejor de la que hemos contemplado estos años está en razón directa de la justicia y escrupulosidad que ponga en la depuración del magisterio en todos sus grados” leemos en las normas dadas por la Junta Técnica del Estado el 7 de diciembre de 1936. Los dirigentes franquistas encontraban en la forma y el contenido de la instrucción pública llevada a cabo por la República las raíces más importantes de la pérdida de todos los valores tradicionales y una fuente de ideas contrarias a la patria y a la religión, que habían estado envenenando a la juventud. “No se va a tolerar- sigue la disposición citada- y menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes…”
Las sanciones surgidas de esta manera de pensar separaron del sistema educativo a todos aquellos educadores, maestros, licenciados y catedráticos que habían militado en partidos o asociaciones o simplemente habían simpatizado con ellos, aún sin haber participado en sus actividades. Tanta importancia se dio a la revisión del personal educativo y docente que fue la tarea fundamental y anterior a toda reforma educativa y así aparece en la disposición de 8 de noviembre de 1936:”… el magisterio durante varias décadas y en todos sus grados y cada vez con más raras excepciones ha estado influido y casi monopolizado por ideologías disolventes: hay que revisar total y profundamente al personal de instrucción pública, trámite previo a una reorganización radical y definitiva de la enseñanza”. Esta política educativa explica el que las comisiones depuradoras se crearan a partir de 1936 porque estaban más interesados en introducir su ideología patriótica y religiosa en el marco de la enseñanza que en la reforma pedagógica concreta. Esas comisiones se iban implantando en las ciudades y provincias conforme iban siendo controladas por los nacionales. Esta depuración trajo consigo la separación de muchos maestros, profesores, catedráticos e, incluso, alcanzó también a los alumnos del Magisterio que estaban cursando sus estudios. La orden de 14 de julio de 1939 suprime los estudios de alumnos y alumnas del llamado “Plan profesional” y había que presentar al solicitar la matrícula un informe de las autoridades militares, civiles y eclesiásticos, que acrediten su buna conducta religiosa y patriótica. El 23 de enero de 1942 fue sancionado mi padre por la Comisión depuradora de Albacete cuando yo contaba con 6 meses de edad. La precariedad que llegamos a sufrir hizo que mi madre muriera en el mes de julio de ese mismo año. El sistema educativo se vio privado de numerosos, y para muchos los mejores, maestros y las nuevas generaciones que podían haberse incorporado encontraron obstáculos para hacerlo.
Depuración ideológica
Todos los maestros y maestras que la Comisión depuradora había probado que no habían cooperado ni directa ni indirectamente, ni tan siquiera haber simpatizado con el gobierno republicano, tuvieron, sin embargo, que seguir unos cursillos “para saturar su espíritu del contenido religioso y patriótico que informa nuestra cruzada”, dado que durante la República no habían recibido la debido instrucción sobre los verdaderos valores religiosos y patrióticos. La orden del 27 de junio de 1939 hizo obligatorio seguir unos cursillos de capacitación religiosa y patriótica. Si para ser un buen maestro lo más importante era su profunda fe católica, sus buenas costumbres y su patriotismo, lo más importante que un niño tenía que aprender, y que condicionaba todas las otras materias educativas, era la religión y el amor a la patria. Así leemos en la orden del 20 de enero de 1939: “Los principios religiosos, morales y patrióticos que impulsan el Glorioso Movimiento Nacional, han de tener en la Escuela Primaria su más fiel expresión y desarrollo”. La enseñanza de la religión se hace obligatoria para todos los niveles educativos y se instituye la celebración en la escuela de determinadas fiestas religiosas, como el mes de María, la fiesta de fin de curso (“el último día de clase, los maestros con las autoridades locales, celebrarán una fiesta de carácter religioso y patriótico exaltando las virtudes de nuestro invicto Caudillo, el heroísmo del ejército, devolviéndonos la grandeza de nuestra patria”), la instauración del Santo Crucifijo, dedicar la mañana del sábado a explicar el evangelio y el rezo del Santo Rosario, y todos los domingos y fiestas de guardar debían ir todos los niños y niñas de las escuelas a oír la Santa Misa acompañados por sus respectivos maestros o maestras. Y todos los días, al entrar y salir de clase, se cantaba el Cara al Sol ante la bandera nacional.
Se vuelve al memorismo, a la repetición mecánica de los libros de texto y del catecismo, al canturreo, al lema de que “la letra con sangre entra”, a los castigos físicos, como de rodillas con los brazos en cruz, o la humillación.
Si la religión tenía tanta importancia para el nuevo gobierno que veía en ella un pilar para mantener su política, es lógico que las órdenes religiosas, que en tiempos de la República tuvieron muchos impedimentos, a partir de 1939 se encontraran con todas las puertas abiertas y todas las facilidades para continuar su labor educativa. El número de centros privados regentados por las órdenes religiosas cada vez es mayor; centros que debido a su coste quedaban reservados a la clase burguesa y a los enriquecidos tras la guerra o con el estraperlo. Y los gobiernos franquistas, gracias a los servicios que le prestaban estas órdenes religiosas, pudo desentenderse de su labor educativa excesivamente costosa, y sobre todo de las enseñanzas medias.
Las leyes educativas del Nuevo Régimen
Como venimos diciendo el Nuevo Estado se empeña desde el primer día en depurar todo lo que hacía referencia a las actuaciones, innovaciones y tendencias del régimen republicano para volver a poner la tradición de los gloriosos tiempos de la España forjadora de imperios. Y se vuelve a la Ley Moyano d 1857, pero pasados los primeros momentos dicha ley tuvo que ser modificada para ponerla más acorde con los tiempos y sobre todo para poder apuntalar la línea política del Nuevo Estado. Y el 20 de septiembre de 1938 aparece la Ley de Reforma de la Segunda Enseñanza, cuyas líneas fundamentales eran: a) apoyo incondicional a la cultura clásica y humanista, que devolverá la valoración del ser auténtico de la España del siglo XVI, de la época imperial, b) contenido eminentemente católico y patriótico de esa enseñanza, que ponga de manifiesto “la pureza moral de la nacionalidad española”. El bachillerato era de 7 cursos y examen de Estado, iniciándose el primer curso a los 10 años. Se estimula la iniciativa privada con las órdenes religiosas para que sirvan de “doble emulación a las instituciones oficiales”.
El 15 de diciembre de 1938 se publica la orden sobre programas, métodos y normas para la educación primaria. “Los métodos más eficaces- leemos- con los que formaron a nuestros compatriotas de la época imperial (…) hay que saturar de espíritu religioso y patriótico la labor educativa donde deben resplandecer como focos de calor y luz que caldeen las voluntades e iluminen las inteligencias, los dos grandes amores: el amor a Dios y el amor a la patria”. El 13 de agosto de 1940 se crea el Consejo Nacional de Educación para coordinar y asesorar a todas las entidades y corporaciones que tuvieran una misión educativa. El 17 de julio de 1945 se establece la Nueva Ley de Enseñanza Primaria en la que se recoge de manera sistemática toda la problemática que hemos referido, religión, patriotismo, tradición, etc. El Capítulo 1º dice: “La educación primaria tiene por objeto formar la voluntad, la conciencia y el carácter del niño para el cumplimiento del deber y su destino eterno; infundir el amor a la idea de servicio a la patria, de acuerdo con los principios inspiradores del Movimiento”. A la Iglesia se le da la potestad, con el Estado, de fundar escuelas de cualquier grado y el derecho a vigilar toda enseñanza en centros públicos y privados en cuanto tenga relación a la fe y las costumbres. Había escuelas para niños y escuelas para niñas, porque la coeducación está totalmente prohibida, a no ser en los centros rurales de escaso vecindario donde se permitía la educación mixta. Y fruto del principio patriótico es el supeditar la función docente a los intereses supremos de la patria. En esta ley aparecen los diversos tipos de escuelas: públicos nacionales, de la Iglesia (con plena libertad de organización) de Patronatos y privados, siempre que quien los dirija sea de conducta religiosa y moral intachable y tenga informes político-sociales favorables.
Inevitablemente esto supuso terminar con una escuela pública que había adquirido mucho auge en tiempos de la República y dar un gran empuje a la enseñanza privada, que casi exclusivamente se centra en los colegios regentados por las órdenes religiosas.
Si (
No(
