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El oscuro proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras que llevó a la condena del ex presidente murciano
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El oscuro proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras que llevó a la condena del ex presidente murciano

martes 07 de marzo de 2023, 08:51h
El oscuro proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras que llevó a la condena del ex presidente murciano
Pedro Antonio Sánchez, ex presidente del Gobierno murciano, ha sido condenado a tres años de prisión y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público por su responsabilidad en dos delitos de prevaricación relacionados con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad. Dos personas más también han sido condenadas como cooperadores necesarios de los delitos.

Pedro Antonio Sánchez, ex presidente del Gobierno murciano, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Murcia a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público. La condena se debe a su responsabilidad como autor de dos delitos de prevaricación relacionados con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad. El primer delito fue continuado en concurso con uno de falsedad.

Se ha dictado sentencia condenando a la secretaria accidental del ayuntamiento y a un arquitecto como cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación. Ambos han sido inhabilitados para cargo o empleo público durante 15 años y 6 meses y 16 años y 6 meses, respectivamente. La información fue proporcionada por el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia en un comunicado.

El tribunal ha concluido que durante su mandato como alcalde, Sánchez fue consciente de la existencia de subvenciones para edificaciones culturales y encargó verbalmente al arquitecto acusado un proyecto para solicitar dicha ayuda sin seguir un proceso de contratación. Una vez obtenida la subvención, se convocó un concurso de proyectos que estaba condicionado a que el arquitecto resultara ganador.

La Sala ha confirmado que se cometió un segundo delito de prevaricación cuando el arquitecto informó al alcalde de la inviabilidad técnica y económica del proyecto después de haber recibido la subvención. Juntos, con la funcionaria municipal, acordaron crear un proyecto modificado para justificar la inversión de la subvención y evitar tener que devolverla, aunque esto significara dejar la obra sin terminar.

Según el fundamento jurídico segundo, los magistrados afirman que "la prueba documental, testifical y pericial es contundente" en la demostración de la tesis de las acusaciones.

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