El PP denuncia la existencia de un convenio urbanístico aprobado “en solitario por el PSOE” hace 16 años, que obliga al Ayuntamiento a pagar 608.676,90 euros antes del próximo 7 de Mayo

La Concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca por el PP, María Belén Pérez, ha manifestado que “estamos hablando de un nuevo auto judicial que ya ha sido notificado al ayuntamiento en el que se condena al Consistorio Municipal, y por tanto a todos los lorquinos, a pagar esta cantidad porque en la época socialista se firmaron una batería de convenios urbanísticos que hicieron que entraran en las arcas municipales 12,8 millones de euros que se gastaron de inmediato en no sabemos qué, pero que ahora tenemos que devolver todos los lorquinos, más los intereses y las costas judiciales de cada proceso”.

Se trata, en concreto, del documento suscrito el 3 de Noviembre de 2005, que afectaba a una superficie de 2,2 millones de metros cuadrados en la pedanía de La Campana, previendo la construcción de casi 4.000 nuevas viviendas. Este convenio, señala Pérez, contemplaba que la mencionada pedanía pasara a contar con una población de 11.772 habitantes, un 2.337% más de lo que tenía, “y todo esto sin saber cómo se iba a abastecer de agua, luz, saneamiento, servicios y seguridad a los hipotéticos nuevos residentes”.

Según la edil popular, “estos más de 608.000€ son consecuencia directa” del convenio urbanístico que pretendían ejecutar en la pedanía La Campana, y que el PSOE firmó en Noviembre de 2005 “de forma unilateral, con el rechazo del Partido Popular”.

De igual forma, María Belén Pérez señalar que, de acuerdo con estos convenios urbanísticos del PSOE, Lorca hubiera contado con 86.302 viviendas de nueva construcción, sobre una superficie de 4.800 hectáreas, siendo la cantidad entregada en su momento a la Administración municipal del PSOE de 12,8 millones de euros, “que fueron gastados en su totalidad en muy poco tiempo y que ahora los lorquinos estamos teniendo que devolver junto al dinero correspondiente a sus intereses y costas procesales”.

El Gobierno del Sr. Mateos tenía la obligación de haber dado cuenta públicamente de este contratiempo, que constituye “una pésima noticia para todos los lorquinos, y no alcanzamos a comprender “por qué ha tratado de mantener esta información escondida. Es un varapalo económico que Lorca recibe en el peor momento posible, y con el peor Gobierno municipal posible. Este es un ejemplo claro de lo que están haciendo con el dinero de todos los lorquinos.”