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"Financiación del sistema educativo", por Pedro Cuesta Escudero, autor de “Por una escuela pública de calidad. Bases para una educación integral”

'Financiación del sistema educativo', por Pedro Cuesta Escudero, autor de “Por una escuela pública de calidad. Bases para una educación integral”
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sábado 06 de febrero de 2021, 10:21h
'Financiación del sistema educativo', por Pedro Cuesta Escudero, autor de “Por una escuela pública de calidad. Bases para una educación integral”

Este sistema de financiación sólo está pensado a la educación básica: Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos de Grado medio. Hasta los dieciocho años. Los que superen esa edad por haber repetido curso o repetido alguna asignatura del bachillerato, al matricularse de nuevo se les debe aplicar un recargo. Por el contrario, los que terminaran con Premio extraordinario tendrían los estudios del primer curso de la enseñanza superior gratis.

'Financiación del sistema educativo', por Pedro Cuesta Escudero, autor de “Por una escuela pública de calidad. Bases para una educación integral”

La Educación y enseñanza es obligatoria

En primer lugar hay que dejar constancia que hoy día nadie puede proporcionarse la Educación y enseñanza que las modernas sociedades desarrolladas exigen. Y tampoco se puede prescindir de la Educación y enseñanza porque son bienes públicos e irrenunciables. No solo constituyen un derecho de los ciudadanos, sino también un deber, porque no puede haber libertad para no educarse, como no la hay para no alimentarse, ya que esa libertad perjudica a la sociedad.

Como el individuo no puede existir sin la comunidad, todo problema educativo tiene íntimos nexos con la sociedad. La educación y la enseñanza, lo mismo que la alimentación y los cuidados sanitarios, son bienes que recibe el niño/a que no provienen ni deben provenir de la caridad, sino de un derecho a la vida. No nacen de la beneficencia, sino de obligaciones sociales ineludibles. De ahí que haya que desterrar el concepto de gratuidad que se atribuye a la escuela pública. Lo gratis hace relación de donativo y, al mismo tiempo, de escaso valor y aprecio, cuando, no nos engañemos, la educación y la enseñanza son bienes muy costosos, pero también tan necesarios como la salud y la alimentación. El hecho de que los centros concertados sean más atractivos se debe, en parte, a ese razonamiento de que al no ser gratuitos del todo es como si hubiera más calidad y más derechos. Muchas familias, sin ir muy sobradas, prefieren pagar antes que enviar gratis a sus hijos/as a los centros públicos, aunque estos tengan mejores instalaciones.

A las Administraciones públicas les compete organizar y controlar al sistema educativo

La única beneficiaria de la educación y preparación de las nuevas generaciones es la propia sociedad. No son los padres los que se lucran de las profesiones de sus hijos/as. El que haya buenos médicos, buenos ingenieros, buenos comerciantes, buenos industriales…, buenos ciudadanos, quien sale ganando es la sociedad misma al aprovecharse de sus trabajos y de sus iniciativas y, además, los necesita para ser moderna y desarrollada. De la misma forma es una rémora el que haya sectores de la población con mala o nula preparación. Por tanto, a quien le compete establecer y financiar el sistema educativo es al organismo encargado de administrar y gobernar a la sociedad, el Estado, los Poderes públicos. No les corresponde ni a los padres, ni a las madres, ni a ninguna entidad privada estructurar el sistema educativo, aunque, como es natural, les preocupe su buen funcionamiento. De ningún modo las Administraciones públicas deben delegar su responsabilidad de gestionar la organización educativa en manos privadas, las cuales persiguen, por fuerza, el beneficio económico o el proselitismo, o las dos cosas a la vez, Tampoco el sistema educativo puede ser estrictamente asimilable a las empresas de mercado, por cuanto su finalidad es de utilidad social y no de ganancias para sus componentes.

Las familias, que son las que más empeño ponen para que sus hijos/as se eduquen, son las menos favorecidas, ya que generalmente los padres viven de sus jubilaciones y pensiones. Ningún padre le da a su hijo/a una carrera de médico, ingeniero, policía, jurista, investigador… pensando en su exclusivo beneficio. Quien afirma que la Educación es una palanca de promoción social deja al descubierto el pensamiento de los mediocres, al pensar que habrá más competencia en los puestos de trabajo. No cabe duda que el recibir una buena educación es sinónimo de promoción social, pero quien sale ganando es la propia sociedad con los beneficios de su trabajo, que de no haber sido así no se hubieran producido esos beneficios.

De la misma manera que ningún Estado, ni el más neoliberal, deja Defensa en manos de la iniciativa privada, la Sanidad y la Educación también tienen que estar gestionadas por los Poderes públicos, porque si aquella defiende la integridad de la sociedad, la Sanidad se preocupa por tener a los ciudadanos sanos y útiles para que sean más rentables y la Educación porque desarrolla lo más posible las capacidades de las nuevas generaciones. No es ningún pensamiento heterodoxo que las Administraciones públicas se responsabilicen de la Sanidad y de la Educación, de la misma manera que se hizo cargo de las mesnadas que tenían los señores feudales en la Edad Media, surgiendo de esta forma el concepto de Estado. Es volver a la ley de la selva, que cada cual se salve como pueda, como en la Edad Media que cada señor feudal miraba por sus intereses y hacía la guerra por su cuenta sin importarle el interés general. Se puede admitir la iniciativa privada en Sanidad y en Educación, pero de forma similar a los Servicios de Seguridad privados, que complementan a las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Reparto del gasto del sistema educativo entre las distintas Administraciones

Como el sistema escolar es gravoso hay que repartir las cargas. Si queremos que todos los españoles tengan idénticas prestaciones educativas ha de ser la Administración Central la que dirija la política de personal estableciendo las mismas condiciones en empleo y sueldo y su abono para todos los profesores/as. La Administración Central, para evitar el despoblamiento, debe presupuestar, además, partidas para ayudar a los distritos escolares de concentración de pequeñas poblaciones para que se puedan efectuar las construcciones escolares necesarias y las vías de intercomunicación de los diferentes poblamientos. Los distintos ayuntamientos del distrito escolar se pondrían de acuerdo para repartirse la carga de los gastos escolares y para la ubicación de los centros, porque no es obligatorio que estén todos concentrados en el mismo municipio. Los Ayuntamientos de los demás distritos escolares que han resultado del desglose de municipios populosos, son los que han de sufragar las construcciones escolares con la ayuda de los gobiernos autónomos.

El distrito escolar se haría cargo del mantenimiento y limpieza de los centros escolares, como también de la dotación del personal auxiliar. También sufragaría las becas de comedor y las cuotas que se deben pagar a la Asociación de padres y madres de todos aquellos alumnos/as cuyas familias que los servicios sociales declaran insolventes. También abonaría las cuotas impagadas y lo recobraría por medio de trabajos municipales u otros procedimientos. Con algunos impuestos que cobren los Ayuntamientos, u otros especialmente destinados a ello, servirían para hacer frente a esos gastos. El equipo económico de las Comisiones de Cultura sería quien, a través de los presupuestos elaborados por dichas Comisiones, administrarían los fondos.

A los Gobiernos Autonómicos les corresponde el equipamiento y dotación de todo el material no fungible que necesiten los centros escolares, así como las bibliotecas del centro y las bibliotecas de las aulas. Y también la flota de autocares suficientemente adaptados al transporte escolar. Deben gestionar y financiar la formación del profesorado y deben velar por el armónico desarrollo y la continuidad de todos los niveles del sistema educativo de su Comunidad. El control lo ejercen a través de sus equipos de inspectores. También le corresponde a las Autonomías dotar de recursos adicionales a los centros donde se concentren alumnos/as con necesidades especiales. En sus presupuestos generales figurarían los gastos de los programas de formación profesional y de formación permanente, como también los costos que originen los planes de acogida de la población inmigrada y los centros educativos de inmigrantes. También debe abonar una subvención a cada uno de los centros escolares de su Autonomía, pero teniendo en cuenta las necesidades de cada uno, de manera que se compense a aquellos que más carencias tienen, pues la igualdad de oportunidades es un valor esencial.

La Comunidad europea, el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos deben financiar todos los congresos, exposiciones, ciclos de conferencias, certámenes, sesiones de trabajo de puesta a punto y cursillos que se necesiten para tener preparado y actualizado a todo el Magisterio.

A los Consejos comarcales (en su sustitución las Diputaciones provinciales) debe corresponderles la instalación, gestión y control de los Centros de Investigación, Trabajo y Deporte, así como también los Centros comarcales de prácticas de empleo.

Por último, las familias financiarían, a través de la Asociación de Padres y Madres del centro, los gastos restantes, como el material fungible de las oficinas, aulas, talleres, laboratorios, departamentos (en las aulas infantiles la ropa y material de que se use en los niños/as) y la luz, agua, gas, teléfono, seguros. De esta manera habría cuidado de no despilfarrar, como podría ocurrir si fuera financiado por las Administraciones públicas. El comedor escolar sólo sería abonado por los usuarios. Para cubrir esos gastos La Comisión de Cultura de los distritos escolares fijaría la cuota mínima que cada familia debería abonar a su centro escolar, aunque luego las asociaciones de padres y madres podrían aumentar su cuantía lo que estipulasen. El dinero que ahora los padres se gastan en libros de texto y material escolar privado vendría a ser, más o menos, la cuantía de esa cuota. Gran parte del material de aula y el didáctico y de consulta de los profesores/as servirían de un año para otro. En muchos padres y madres aumentaría la sensación de ser el colegio algo suyo, por lo que se sentirían más vinculados y habría más participación. Se acortarían las distancias entre los centros públicos y los concertados.

En lo referente a extraescolares los gastos de monitor/a y material de cada actividad los abonarían los usuarios al precio que establezca el Consejo escolar. El distrito escolar se haría cargo de la seguridad social de los monitores/as. Cada alumno/a debería realizar, como mínimo, dos actividades extraescolares, una sería la que le marcara su tutor de clase según sus necesidades y la otra sería de libre elección. Y en horas que no interfirieran a los escolares grupos de adultos también podrían realizar muchas de esas actividades y así mejoraría el salario de los monitores/as de extraescolares.

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