La Policía detecta anomalías en el caso de adjudicación de una residencia que pagó un coche a una concejala de Almería

La Policía detecta anomalías en el caso de adjudicación de una residencia que pagó un coche a una concejala de Almería

Un informe policial alerta de que faltan dos informes clave para explicar por qué Facto-Gerial se hizo con un contrato de 6,6 millones en 2007 para construir y gestionar la residencia. La Policía cree que esas incidencias no se pueden vincular al supuesto pago de un coche a la exconcejala de asuntos sociales

La constructora que aparece como pagadora de un coche a la concejala almeriense de asuntos sociales ganó el contrato de una residencia para mayores, valorado en 6,6 millones de euros, en un procedimiento con diversas incidencias. El juzgado de instrucción 6 de Almería, que investiga esta concesión, dispone de un informe policial en el que consta, por ejemplo, que el interventor municipal se ausentó de la mesa de contratación "para no incurrir en responsabilidad". Sin embargo, la Policía cree que de esas incidencias no puede deducirse que el supuesto pago del vehículo esté relacionado con la concesión.

La UTE Facto-Gerial resultó adjudicataria en el año 2007 de la construcción y gestión del Centro Residencial de Personas Mayores y Centro de Estancias Diurnas en la Vega de Acá, a cambio de 6.614.467,67 euros. El Ayuntamiento de Almería inició el expediente para adjudicar la construcción y gestión de una residencia para mayores por concurso público en el año 2005. A priori la intención era instalar la residencia en una parcela de El Toyo. Sin embargo, el área de urbanismo dirigida por Juan Megino decidió, poco antes de redactar los pliegos, que la ubicación se cambiaría a una parcela también municipal en la Vega de Acá. El motivo es que la parcela original era insuficiente, pero el informe que lo justifica no consta en el expediente, según advierte la Policía.

La segunda circunstancia anómala es que un informe técnico, que ahora tampoco aparece, sirvió para revocar el concurso. Tras la revocación, las otras dos empresas interesadas rechazaron presentar oferta, y Facto-Gerial tuvo vía libre para hacerse con el contrato en un procedimiento negociado.

Así, la mesa de contratación decidió dejar desierto el concurso y revocarlo porque, a su juicio, ninguna de las tres ofertas cumplía con una de las cláusulas de los pliegos relativa al número de plazas. Una de esas empresas, Residencias Familiares para Mayores, recurrió alegando su disconformidad con el "informe técnico" en el que la mesa basó su revocación. Según la Policía, ese informe no está en el expediente.

En su escrito, Residencias Familiares para Mayores alegó que la interpretación del informe ahora desaparecido le perjudicaba directamente, porque tanto Facto-Gerial como la otra habían sido excluidas ya del concurso por no superar el mínimo exigido en la oferta económica-financiera. "Por eso, al hacer esta interpretación restrictiva y forzada del artículo 10 ninguna supera el informe técnico, dándole por tanto la oportunidad al procedimiento negociado a las otras dos empresas descartadas", dice el informe policial, citando el escrito de alegaciones.

La Policía también llama la atención por el hecho de que el interventor no participó en la reunión de la mesa de contratación que debía comprobar la documentación requerida a las empresas licitadoras. En un documento que obra en el expediente, el interventor explica que no acude "para no incurrir en responsabilidad, por motivo de reparos de fiscalización en el expediente administrativo", que no habían sido subsanados.

Facto Almeriense, implicada en tráfico de influencias

La residencia, de 140 plazas, fue inaugurada en 2011 por el exalcalde Luis Rogelio Rodríguez Comendador, del PP. Facto Almeriense, la constructora que participaba en la UTE, aparece como pagadora de un Audi A3 de 33.000 euros a Trinidad Moreno, la concejala de asuntos sociales, según consta en diversos documentos de pago fechados en febrero y mayo de 2006 y sellados por el concesionario, tal y como publicó en su día eldiario.es/Andalucía.

Trinidad Moreno asegura que ha aportado al juzgado los documentos que justifican que su padre pagó el vehículo. Por su parte, la Policía concluye que del expediente urbanístico "no se puede determinar (…) que la compra del vehículo esté asociada a la posible influencia de la concejala" y no "a cualquier otro acto que la concejala pudiera haber llevado a cabo" a favor de Facto.

Un regalo de su padre

La exconcejala asegura a eldiario.es/andalucía que el coche fue un regalo de su padre, que ella nunca tuvo intervención en el expediente más allá de proponer la construcción de una residencia basándose en un informe, y que ha aportado en el juzgado el contrato, la factura y los justificantes bancarios del pago, aunque no los remite. Preguntada por cómo es posible que su nombre aparezca en unos documentos de pago de Facto, responde: "Ni me lo explico yo ni se lo explica nadie". La denuncia y los documentos fue presentada por un exsocio de Facto. "Cuando vean que nadie me ha regalado un coche veremos a quién se tienen que pedir responsabilidades. Pero hasta que no haya sentencia, no puedo hacer nada", añade.

Juan Megino, por entonces concejal de Urbanismo, fue el presidente de la mesa de contratación a lo largo del procedimiento. Megino, que ya ha declarado como investigado, espera que la investigación acabe archivada e insiste en su inocencia en la de Trinidad Moreno.

Tanto Megino como Moreno pertenecían al Grupo Independiente de Almería (GIAL), que prestaba su apoyo al gobierno del PP comandado por Luis Rogelio Rodríguez Comendador. A mitad de mandato Megino, líder del GIAL, apartó del área de atención social a Pilar González de Pradas (que pasó al Grupo Mixto) y la sustituyó por Moreno. González de Pradas denunció públicamente que la residencia fue una de las causas de su expulsión de GIAL y su posterior cese como concejala.

Facto Almeriense es la misma empresa que por las mismas fechas pagó billetes de avión ida y vuelta a Milán para tres concejales del PP y un jefe de gabinete, y que firmó un contrato para la reforma de la casa de uno de esos concejales, Pablo Venzal, actualmente diputado autonómico. Los máximos responsables de Facto están acusados por la Fiscalía de un delito de tráfico de influencias en la adjudicación de las obras del edificio del Mesón Gitano.

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