Al Tribunal constitucional le gustaría lavarse las manos.

Aunque el Tribunal Constitucional se ha ido de vacaciones, en la Generalitad se sigue trabajando en la preparación del referendum del 1 de octubre. Sin embargo existe entre los miembros del Gobierno catalan una especial preocupación por las decisiones que el tribunal pueda tomar. Es muy posible que los magistrados tengan que volver a prisa y corriendo si el gobierno pide, aplicando la actual ley orgánica que rige el funcionamiento del TC, la inhabilitación o suspensión de algún cargo público, empezando por la del president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Así y en previsión de que esto pueda suceder ha sido propio mandatario catalán quien se ha referido a esta posibilidad legal, afirmando "que si se produce no la acataría".

Sin embargo lo que mas inquieta a los miembros del Tribunal Constitucional no es tanto la respuesta que pudiera registrar una suspensión de este tipo, sino el hecho mismo de tener que llevarla a cabo, más que nada porque dicha decisión no sería unánime ya que al menos cuatro magistrados, los miembros pertenecientes a la minoría progresista no la respaldarían y expresarían su oposición mediante votos particulares en contra de ejercer la posibilidad legal que tiene el TC para suspender a los cargos públicos catalanes.

En esa minoría donde están los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Cándido Conde-Pumpido, se podría unir la vicepresidenta de la institución, Encarna Roca, catedrática de Derecho Civil de la Universitat de Barcelona y apoyada en su día para acceder al Constitucional por CiU y por el PSC.

En estos análisis ni que decir tiene que está la posibilidad de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy haga uso de sus atribuciones, para pedir al TC que suspenda a cargos públicos catalanes.

Dicho esto y llegado a este extremo, es el Gobierno quien debe asumir no solo la fractura en el Constitucional sino el coste que ello pudiera acarrear a esta institución que por otro lado tiene la obligación de defender la actual Constitución.

La situación en consecuencia resulta preocupante incluso para los propios magistrados de mayoría conservadora que no desean tener ni arte ni parte en una situación en la que, con un Constitucional dividido, se les pueda acusar de haber echado leña al fuego y de ser los culpables de la guerra entre los dos gobiernos.