El organismo ha resuelto "inhabilitar para el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Guaidó por el período máximo establecido en la ley".
La decisión se basa en una “auditoria patrimonial” iniciada el pasado 11 de febrero contra Guaidó “por ocultar información en su declaración” y por “recibir fondos no declarados desde el exterior”.
“La oficina encargada de los registros migratorios de Venezuela reveló que el diputado Juan Guaidó ha realizado más de 90 viajes al extranjero por un costo superior a los 300 millones de bolívares, donde no hay registros de los recursos que utilizó”, ha justificado Amoroso añadiendo: “ Ha cometido acciones con gobiernos extranjeros que perjudican al pueblo de Venezuela y su patrimonio público”, lo que “faculta imponer sanciones de inhabilitación a funcionarios públicos”. “Se resuelve inhabilitar de cualquier cargo al ciudadano Juan Guaidó”, ha dictaminado.
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