Si sube al estrado en su próximo juicio, a realizarse en abril, y decide decir algo más que eso, varios poderosos se sentirán preocupados. Y aun si permanece en silencio, es posible que las pruebas presentadas aumenten las tensiones entre los organismos de aplicación de la ley de Estados Unidos y México y entre ambos gobiernos. Quizá Guzmán sepa más acerca de la endémica, incapacitante y asesina corrupción en México que cualquier otra persona.
Cuánto revelará el Chapo y qué será de su cártel son dos preguntas sin respuesta, ahora que su destino, prisión de por vida, está prácticamente garantizado. Tras haber sido apresado en México por tráfico de drogas, homicidio y posesión y uso ilegal de armas de fuego, Guzmán ahora enfrenta acusaciones en Estados Unidos por cargos similares. Cuando fue encarcelado en México, el Chapo dirigía su empresa de drogas desde el interior de su celda y escapó. Y lo hizo dos veces. Por esa razón, los funcionarios estadounidenses están tomando precauciones extraordinarias para asegurarse de que no se fugará de nuevo. El juez Brian Cogan, que preside el caso, ha rechazado las peticiones de conceder a Guzmán condiciones de vida más flexibles para evitar que “dirija el cártel de Sinaloa desde la prisión, que coordine cualquier escape de la prisión o que dirija cualquier ataque contra personas sobre las que podría creer que están cooperando con el gobierno”.
Es posible que todos estos esfuerzos sean en vano, y que Guzmán ya no pueda atacar a sus enemigos desde la cárcel. El Cártel de Sinaloa, que hace apenas unos años se extendía a todos los continentes, está colapsando. Dos de los hijos de Guzmán, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, luchan por mantener a la organización bajo el nombre de la familia, enfrentando las constantes amenazas de sus rivales y de los organismos de aplicación de la ley.
Han pasado 11 años desde que el entonces presidente mexicano Felipe Calderón puso en marcha una guerra sin cuartel contra el tráfico de drogas y la corrupción en México. Alrededor de 100,000 personas han muerto en el proceso, pero el gobierno parece haber logrado su objetivo principal: dividir a los cárteles al matar o encarcelar a los hombres que los encabezan. Guzmán es el último de más de una docena de líderes de cárteles que han sido capturados o muertos desde 2006. “Yo no creo mucho en [esa] estrategia de atacar a los capos”, dice Mike Vigil, exjefe de operaciones internacionales de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). “Pero sí que tiene un impacto”.
Por desgracia, ese impacto incluye un creciente número de víctimas. Y oficiales estadounidenses y mexicanos ahora admiten que la división de los cárteles ha producido más violencia, no menos. Tradicionalmente, los grupos de tráfico de drogas, en forma muy semejante a la mafia italiana, operaban de acuerdo con códigos no escritos que decretaban que los miembros de la familia, entre ellos, las esposas, novias e hijos, están fuera de los límites a menos que estén directamente involucrados en el tráfico de drogas. Bajo el liderazgo de Guzmán, las disputas usualmente se manejaban en la forma más diplomática posible, utilizando la violencia como último recurso. Todo cambió en México con el asesinato de Edgar, el hijo de Guzmán, en 2008, y con el arresto de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael Zambada, el Mayo, considerado desde hace mucho tiempo como el principal compinche de Guzmán. Edgar era el hijo que, supuestamente, nunca se involucraría en el tráfico de drogas, pero cárteles rivales lo asesinaron a tiros en el centro de Culiacán, la capital de Sinaloa. Con eso, dice Vigil, “el código de honor se fue por el retrete”.
Antes de que Zambada Niebla fuera apresado, trató de lograr un acuerdo en abril de 2009 con agentes de la DEA en la Ciudad de México, ofreciéndoles información sobre cárteles rivales, pero los altos mandos en Washington, D. C., rechazaron su propuesta. El ejército mexicano lo arrestó pocas horas después de su reunión con la DEA en la capital mexicana y lo entregó a Estados Unidos. Una vez que fue encarcelado en Chicago, finalmente logró un acuerdo. Obtuvo una sentencia menor a cambio de proporcionar información que ayudó a conducir a la segunda captura de Guzmán en 2014.
Desde el arresto de Zambada Niebla, docenas de miembros de alto nivel del Cártel de Sinaloa han sido arrestados o muertos, y la paranoia parece haber infectado a los distribuidores de drogas. Ese clima de desconfianza es justamente lo que las autoridades querían. “Cuando haces caer a alguien [como Guzmán], es entonces que tienes que apretar”, dice Michael Braun, antiguo jefe de operaciones de la DEA. “Cuando se vuelven vulnerables, puedes aprovecharte de ellos y desmembrar a una organización como esa en dos o tres años”.
En la sierra mexicana mucho ha cambiado desde que el Chapo estaba en la cúspide de su poder, de 2001 a 2011. En un pico arriba de La Tuna, el lugar de nacimiento de Guzmán, algunos de sus fieles secuaces alertaban a sus cohortes si veían al ejército acercándose, vigilando desde un majestuoso puesto de observación conocido como El Cielo. Nubes de humo salían del pico mientras los soldados se acercaban, y cualquier persona relacionada con Guzmán huía antes de que los soldados llegaran. El año pasado, los soldados tomaron el control de El Cielo. Ahora, dice Ángel Zepeda, primo de Guzmán que vive en La Tuna, en el sitio solo hay un vigilante solitario. “Un simple cuidador”.
Actualmente, el Ejército mexicano tiene un puesto permanente en Badiraguato, que es la cabecera municipal, y la policía estatal tiene un puesto de vigilancia justo en las afueras, pero Newsweek no pudo ver a un solo soldado en el viaje de siete horas a través de las sinuosas colinas hacia La Tuna, un camino que en el pasado era vigilado por helicópteros y patrullas militares. Aún hay signos de la presencia del cártel: pequeños grupos de pistoleros en algunas de las aldeas de camino al pueblo natal del Chapo, adolescentes armados con pistolas automáticas, pero no resulta claro para quién trabajan. En junio de 2016, pistoleros enmascarados atacaron tres pueblos en el corazón del territorio del Cártel de Sinaloa: Arroyo Seco, Huixiopa y La Tuna. El consenso entre residentes, periodistas locales y oficiales: el ataque fue una demostración de fuerza realizada por los viejos aliados de Guzmán que ahora se habían convertido en rivales. Algunas casas fueron incendiadas hasta sus cimientos en Arroyo Seco, y de acuerdo con uno de los residentes, desde entonces casi la mitad de la población ha huido. “La incursión fue espantosa”, dice Zepeda. Los atacantes tomaron por asalto el pueblo en motocicletas e iban de casa en casa. No era claro qué o a quién buscaban, pero arrasaron la villa que Guzmán había construido para su madre, María Consuelo Loera Pérez, y robaron varios vehículos antes de trasladarse al siguiente pueblo. “Mataron a tres adolescentes, así, como si nada”, dice Zepeda. “No tenían nada que ver con [el tráfico de drogas]. Las personas tenían miedo. Todavía lo tienen”.
Los relatos de otros residentes de la sierra confirman lo dicho por Zepeda. Luis, un viejo granjero de Huixiopa, habló sobre autos incendiados en las calles de su pueblo, así como de asesinatos aparentemente al azar. Pidió que solo usáramos su nombre de pila, pues ha temido por su seguridad desde mayo de 2016, cuando un grupo de pistoleros lo detuvo en una colina y amenazaron con ahorcarlo sin ninguna razón aparente. “Son gente mala”, dice.
Una pareja que trabaja en los campos locales de amapola dice que ha habido varios asesinatos durante todo el verano. “Hemos ido de velorio en velorio”, dice uno de ellos. Dámaso López Núñez, un aliado de Guzmán desde hace mucho tiempo, quien le ayudó a escapar de una prisión mexicana en 2001 y que después se convirtió en jefe de plaza, dirigió otra incursión en los pueblos de la sierra en mayo pasado. Unas 1,300 personas huyeron de sus hogares debido a la violencia ocurrida en julio, de acuerdo con Oscar Loza, director de la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa, una organización no gubernamental. La guerra de los cárteles estaba creando “pueblos fantasmas”, afirma. Más de 1,000 homicidios han ocurrido en lo que va de 2017 (hubo cerca de 1,600 en 2016) y alrededor de 2,000 desapariciones forzadas, de acuerdo con la comisión.
Los oficiales admiten que es poco lo que pueden hacer para contener el derramamiento de sangre y el temor. Gonzalo Gómez Flores, secretario de Gobierno de Sinaloa, señala que el estado carece de fuerzas policiacas locales eficaces y depende de 8,000 policías estatales y municipales para proteger a cerca de 3 millones de habitantes. Dieciséis policías estatales han sido asesinados en lo que va del año. El ejército, señala Gómez, se concentra en destruir plantaciones de amapola y perseguir a los traficantes menores; no puede o no quiere proteger a los inocentes.
En abril de 2011, el entonces jefe de la policía mexicana, Genaro García Luna, dijo que la disminución de la violencia tomaría “al menos siete años”. Ahora, esa estimación parece optimista; en junio pasado se registraron los homicidios más violentos en 20 años. El cártel Jalisco Nueva Generación, formado alrededor de 2009 en Guadalajara por antiguos miembros de la organización de Guzmán, se ha expandido en forma rápida y brutal. Este grupo reivindicó el asesinato de 15 policías en 2015 y fue responsable de un ataque con lanzagranadas contra un helicóptero del ejército.
Los optimistas señalan el auge y caída de Los Zetas, un grupo paramilitar que comenzó trabajando para el Cártel del Golfo en el noreste de México. A principios de la década de 2000, cuando cayeron los capos del cártel, se diseminaron rápidamente por todo el país, construyendo sus propias torres de comunicación y usando su entrenamiento para expandirse hacia nuevos territorios. Sin embargo, carecían del tipo de redes de corrupción entre las autoridades que permitieron el florecimiento de sus predecesores, y su derroche de violencia atrajo demasiada atención por parte de los organismos de aplicación de la ley. Conforme sus líderes eran eliminados o capturados, su influencia también disminuía. “No creo que el Cártel Jalisco Nueva Generación pueda tomar el lugar del Cártel de Sinaloa”, opina Alejandro Hope, analista de seguridad y exoficial de inteligencia de México. El especialista pronostica que el cártel caerá una vez que su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, sea capturado.
En mayo, López Núñez, socio de Guzmán, fue arrestado. Apenas un mes después, su hijo, Dámaso López Serrano, alias el Mini Lic, se entregó a las autoridades estadounidenses. El 7 de agosto, el hermano de López Núñez fue arrestado en la frontera con Estados Unidos. El hecho de que López Serrano se haya entregado “tuvo más que ver con que, de no haberlo hecho, lo habrían matado”, que con cualquier deseo de reducir su posible tiempo en prisión, afirma Vigil. Un periodista local que informa sobre los crímenes en Culiacán y en la sierra, y cuyo nombre no ha sido mencionado en este reportaje para salvaguardar su seguridad, piensa que los hijos de Guzmán tienen la ventaja en esta traicionera guerra por el territorio, pero advierte que una disputa familiar podría provocar más caos. “Hay una guerra en la sierra, y las relaciones familiares han dejado de ser sagradas”, dice el periodista. “Los hijos [de Guzmán] no regresarán, por lo que todos luchan contra todos”.
Reporteros locales y exfuncionarios piensan que el Mayo Zambada podría seguir siendo capaz de recuperar el control del cártel de Guzmán, aunque se dice que está semirretirado en su rancho. Sin embargo, exfuncionarios estadounidenses afirman que la extradición de su hijo, que probablemente testificará contra Guzmán, de acuerdo con Vigil, debió imponer una gran presión al capo, de 69 años.
“No hay orden, no hay disciplina ahora que el Chapo se ha ido”, dice un sicario de Culiacán, que afirma trabajar para el Cártel de Sinaloa (un periodista local contribuyó a corroborar su relato). El hombre, que utiliza el sobrenombre de Drako, afirma que tiene sentimientos encontrados con respecto a una Sinaloa tras la caída de Guzmán: “Sería mejor si estas guerras, si esta lucha interna, terminara. A veces pienso que estaría mejor muerto o retirado, o no en este lugar”. Afirma que se ha reunido algunas veces con los hijos de Guzmán. “Se supone que [los hijos] están a cargo aquí, pero francamente, en realidad no sé quién está a cargo”, dice. “[Guzmán] no va a volver, por lo que todos luchan contra todos”.
Los hijos del Chapo no son conocidos por haber heredado la precaución o el sentido común de su padre. En agosto de 2016 fueron secuestrados por un grupo de pistoleros en un restaurante de la playa de Puerto Vallarta. Fueron liberados a cambio de varios cautivos en poder del Cártel de Sinaloa, pero el incidente dejó dudas en las mentes de los oficiales. “¿Qué tan estúpido tienes que ser para entrar en Jalisco cuando hay un conflicto entre el cártel de tu padre y el de ese estado?”, pregunta Vigil. “Tienen suerte de que no los hayan matado”.
En otra señal de la forma en que han cambiado las actitudes, los habitantes de la localidad ahora hablan en tono burlón de un hombre que solíaaterrorizarlos: Rafael Caro Quintero, un traficante sinaloense de 63 años que fue liberado por un tecnicismo después de pasar 28 años tras las rejas en México por su participación en el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Aún buscado por las autoridades estadounidenses, a Caro Quintero se le describe como un paranoico tan preocupado por los drones de vigilancia que solo murmura cuando habla. “Ya no quiere... tener nada que ver con el tráfico de drogas”, afirma el hijo adulto de una familia cultivadora de amapola en el poblado de Tameapa, en la sierra. “Al viejo le dan miedo los drones”.
El Chapo fue responsable de una ola de terrible violencia, pero fue un capo tremendamente exitoso porque se basaba en su inteligencia y en su capacidad para establecer acuerdos con otros capos de la droga, pero también con oficiales corruptos de ambos lados de la frontera. “Pienso que el Chapo comprendía que la amenaza de violencia es crucialmente importante para mantener [la] competencia moviéndose fluidamente, pero sin abusar de ella”, señala Jack Riley, exagente de la DEA.
Pero las cosas no siempre salieron bien. Al parecer, en 1993, Guzmán buscó más territorio y poder del que se le otorgó según una frágil tregua entre los distintos cárteles. Se involucró en una guerra con los hermanos Arellano Félix de Tijuana, la cual culminó en un salvaje tiroteo en el aeropuerto de Guadalajara en el que fue asesinado el arzobispo de esa ciudad, aparentemente de manera accidental. Guzmán huyó a Guatemala, pero fue capturado rápidamente con la ayuda de la inteligencia estadounidense. Durante su arresto en 1993, declaró tímidamente a los reporteros que no sabía nada acerca de un cártel y que era “solo un granjero”. Fue condenado por homicidio, posesión ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas, y estuvo en prisión hasta 2001, cuando escapó gracias a la red de corrupción que había tejido mientras estuvo en prisión.
Ese no fue su único plan de escape: en 1998, Guzmán trató de negociar un acuerdo con oficiales estadounidenses, pero ofrecía algo que las autoridades mexicanas estaban desesperadas por mantener alejado de sus aliados en la guerra contra las drogas. Estados Unidos hizo que un agente de la DEA y un analista de inteligencia visitaran la prisión, haciéndose pasar por trabajadores sociales. El capo les ofreció información acerca de las rutas de la droga a cambio de no ser extraditado; ellos declinaron su oferta porque solo estaba dispuesto a entregar a sus subordinados. Joe Bond, el agente de la DEA que se reunió en ese momento con Guzmán, afirma que la oficina del procurador general de México le ordenó específicamente no hacer preguntas ni aceptar información acerca de la corrupción política. “El Chapo quería hablar sobre la corrupción. Nosotros tuvimos que impedírselo; le dijimos: ‘Lo sentimos. No estamos autorizados’”, recuerda. “Eran puras mentiras”
Guzmán escapó antes de ser extraditado, y cuando llegó a casa, siguió expandiendo el Cártel de Sinaloa. En 2004 fue a la guerra en Ciudad Juárez, una de las rutas de tráfico más lucrativas a lo largo de la frontera, y atacó al Cártel del Golfo. Mientras hacía todo esto, el Chapo siguió en contacto con Bond, de la DEA, a través de uno de sus hermanos, Arturo, diciendo que quería ofrecerle información. Bond afirma que aún no estaba autorizado para reunirse con Guzmán o para llegar a un acuerdo.
Para 2008, la organización del Chapo operaba en 54 países, en todos los continentes, y era el cártel principal en Estados Unidos, de acuerdo con cálculos del Centro Nacional de Inteligencia sobre Drogas de Estados Unidos y de autoridades mexicanas. Pero durante los siguientes cuatro años, la DEA y las autoridades mexicanas perjudicaron seriamente la jerarquía del Cártel de Sinaloa, arrestando o matando a docenas de lugartenientes y guardaespaldas de alto nivel, así como a varios de los familiares de Guzmán acusados de tráfico de drogas.
La familia siempre ha sido importante en el mundo de los cárteles, al igual que las mjeres. Tradicionalmente, su función ha sido discreta en lo que sigue siendo una sociedad machista. Sigue habiendo muchas esposas trofeo, princesas y madres amorosas que niegan lo que sus hijos y esposos hacen. Pero en años recientes, los oficiales han observado que algunas mujeres del mundo del narcotráfico controlan ahora el dinero. Guzmán se ha casado al menos tres veces y permanece cerca de sus exesposas y parejas. Es tan cercano a dos de ellas que las autoridades estadounidenses las consideran cómplices: María Alejandrina Salazar Hernández y Griselda López Pérez están en la Lista de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que les prohíbe hacer negocios con empresas y bancos estadounidenses (su actual esposa, Emma Coronel, no es nombrada en ninguna acusación, aunque su padre, Inés Coronel Barreras, es buscado en Estados Unidos por múltiples cargos relacionados con el tráfico de drogas).
Una mujer, antigua amante del Mayo Zambada, parece sobresalir por encima de las demás en Sinaloa: Blanca Cázares Salazar, conocida como la Emperatriz. Ha sido identificada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una de las principales operadoras financieras del Cártel de Sinaloa desde 2007. Ella posee y controla empresas en Culiacán, Guadalajara, Tijuana y la Ciudad de México, así como del otro lado de la frontera, las cuales supuestamente funcionan como fachadas para el cártel. Cázares, que es buscada en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero, podría desempeñar una función más importante en el cártel, ahora que Guzmán está preso. “Es necesario ser capaz de proyectar [violencia], pero nunca hay que abusar de ella”, dice Riley. “Pienso que ella es una de las personas que se da cuenta de esto y de lo importante que es el flujo de ganancias”.
Hope, el analista de seguridad, piensa que la mayoría de los activos de Guzmán, que quizás ascienden a miles de millones de dólares, están invertidos en bienes raíces o han sido distribuidos entre su familia, esposas y exesposas. Durante la última década se han embargado en México y Colombia propiedades que supuestamente pertenecen al Chapo, una señal de que ha estado diversificándose. Al menos media docena de supuestos “operadores financieros” del cártel de Sinaloa han sido arrestados en años recientes, entre ellos, Humberto Rafael Celaya Valenzuela, que se identificaba como uno de los abogados de Guzmán.
Uno de los problemas para seguir la pista al dinero del Chapo, señalan los expertos en lavado de dinero, es que la mayor parte de él fue lavado en la economía mundial. Los traficantes de drogas suelen empezar en pequeña escala, invirtiendo en negocios locales, restaurantes o centros comerciales, antes de trasladar su dinero al extranjero. Un empresario de Culiacán, que pidió no revelar su nombre por razones de seguridad, explica cómo funciona: “Te ofrecen, por ejemplo, 100,000 dólares para invertirlos en un negocio agrícola. Se trata de inversionistas silenciosos. Compran la tierra, la maquinaria, todo, y se supone que tienes que devolverles una cierta cantidad al cabo de cierto tiempo como una recuperación legal de su dinero invertido. El dinero ahora está limpio, [y] tú puedes quedarte con un porcentaje para ti, lo cual puede ser muy rentable. El negocio está establecido a tu nombre como un negocio ilegal, pero el dinero es de ellos”.
Esta es la forma en la que las operaciones de Guzmán podrían haberse infiltrado en al menos un banco multinacional. Entre 2006, cuando sonaron las primeras alarmas de la crisis financiera, y 2010, el Cártel de Sinaloa lavó al menos 881 millones de dólares en ganancias del narcotráfico a través de HSBC en Estados Unidos. En 2012, HSBC Holdings PLC admitió en un acuerdo de enjuiciamiento diferido con el Departamento de Justicia de Estados Unidos que había sido negligente a mediados de la década de 2000, al permitir que el Cártel de Sinaloa lavara dinero a través de sus sucursales en México; realizó un pago extrajudicial por 1.9 millones de dólares. El Departamento de Justicia descubrió que HSBC había pasado por alto repetidamente las evaluaciones de riesgo sobre Sinaloa en particular.
No solo los bancos hicieron caso omiso de los riesgos y las reglas y se coludieron con los cárteles o colaboraron con ellos. Funcionarios gubernamentales y organismos de aplicación de la ley también lo hicieron. La policía local de México está considerada en gran medida como demasiado inepta o corrupta para acabar con los narcotraficantes, por lo que la Policía Federal realiza la mayor parte del trabajo. Organismos estadounidenses cooperan con los organismos de aplicación de la ley en México, pero la relación es tensa, pues cada una de las partes desconfía de la otra. Esto significa que el juicio de Guzmán podría provocar vergüenza en muchos frentes.
Tras su último arresto, Guzmán estuvo detenido en Ciudad Juárez durante un año, hasta que les ordenó a sus abogados que dejaran de combatir la extradición. Probablemente estuvo sujeto a maltratos en ese penal, de acuerdo con dos antiguos oficiales estadounidenses. “Todo el tiempo que pasó en México fue investigado detalladamente mediante el uso de intensos métodos psicológicos”, señala el exagente de la DEA Gilbert González. “No digo que le hayan practicado un ahogamiento simulado (waterboarding)… pero [Guzmán] llegó al punto de pensar: ya no lo soporto; me voy a Estados Unidos. Eso indica que lograron quebrantarlo”. El gobierno mexicano no ha hecho ningún comentario hasta el momento de la publicación de este reportaje.
Quebrantado, pero aún peligroso, y a eso se debe que tantas personas deseen verlo encerrado, callado o incluso muerto. Los fiscales del Distrito Este de Nueva York cuentan con casi 10,000 páginas de documentos y 1,500 grabaciones de audio como pruebas contra Guzmán, y hasta 40 testigos podrían testificar (los fiscales de la Oficina del Procurador de Estados Unidos no estaban autorizados para hablar con Newsweek acerca del tema. Las solicitudes para entrevistar a Guzmán fueron rechazadas por el tribunal).
Los fiscales afirman que el juicio no comenzará sino hasta abril próximo debido a la cantidad de pruebas que tienen que presentar. Sin embargo, el momento del juicio es crucial en México, pues cualquier testimonio en relación con la corrupción política podría influir en la próxima elección nacional de este país, programada para el 2 de junio de 2018. Un antiguo oficial de inteligencia mexicano, quien habló con la condición de mantenerse en el anonimato, afirma que esa es la razón por la que el juicio no se ha llevado a cabo rápidamente, como los de tantos otros narcotraficantes. Señala que “La información que [Guzmán] dará al gobierno de Estados Unidos... podría ser usada para ejercer una presión política sobre el gobierno actual y el entrante, e incluso podría influir en la elección”.
También podría avergonzar a la DEA. Durante la presidencia de Calderón, de 2006 a 2012, varios críticos acusaron al organismo estadounidense de coludirse con el Cártel de Sinaloa mientras sus agentes se dedicaban a combatir a los grupos más violentos de México. Esas afirmaciones no tuvieron mucho impacto, pero generaron desconfianza en México con respecto al organismo estadounidense. De acuerdo con un antiguo oficial de inteligencia de México, que pidió no ser identificado, aún existen resentimientos. “Durante el gobierno de Calderón, la DEA filtraba información a la prensa diciendo que el gobierno [mexicano] estaba en connivencia con el Cártel de Sinaloa”, dice. “Y miren quién resultó estar en connivencia con el Cártel de Sinaloa”.
Todo ello nos hace retomar la cuestión de por qué hay tantas personas que no quieren que Guzmán testifique. Cuando fue arrestado en 2014 en la ciudad costera de Los Mochis, a muchas personas les sorprendió que los infantes de Marina mexicanos que lo capturaron no lo hayan eliminado. De acuerdo con dos antiguos oficiales estadounidenses que hablaron con la condición de mantenerse en el anonimato, los marinos mexicanos entregaron a Guzmán al gobierno con el objetivo de obligarle a probar que realmente hablaba en serio acerca de acabar con los cárteles. Uno de ellos dice: “Para ellos, hubiera sido muy fácil dispararle a ese hijo de puta”.
Una sola bala habría enterrado una multitud de pecados, aquellos cometidos por Guzmán y sus socios, así como por las personas encargadas de detenerlo.
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