La petición de colaboración de la Justicia de Andorra para imputar al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a los exministros Jorge Fernández Díaz y Cristóbal Montoro por la llamada 'Operación Cataluña' ha sido rechazada por la Fiscalía Provincial de Madrid, quien solicitó al Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que no la aceptara.
El Ministerio Fiscal, en un escrito al que laSexta ha tenido acceso, argumenta que las querellas contra ellos tienen una "clara finalidad política". Además, resalta la "carencia de elementos probatorios" contra Rajoy y el resto de dirigentes para los que solicitaba la imputación.
"La Fiscalía destaca que no se menciona la participación de los querellados y que la única imputación descrita se refiere a agentes de policía española no identificados ni concretados", según informa. Además, considera que esto demuestra la falta de pruebas suficientes para colaborar judicialmente en la imputación de ciudadanos españoles basada en querellas presentadas por asociaciones andorranas que tienen una estrecha relación con asociaciones catalanas, como es de conocimiento público.
Con respecto a esto, se puede observar en algunos medios de comunicación la unión entre las asociaciones catalanas (Institut de Drets Humans de Catalunya y col-lectiu de juristes catalans Drets) y andorranas con el objetivo político de presentar querellas contra altos cargos políticos de España. Esto es algo que es público y notorio y se puede leer en los medios.
La Fiscalía agrega que la asociación Drets y el Institut de Drets Humans d´Andorra han solicitado formalmente a la justicia andorrana la emisión de las comisiones rogatorias a España, según consta publicado en medios de comunicación.
La comisión de los delitos carece de "elementos esenciales".
"Los hechos imputados no serían constitutivos de delito en España para las personas querelladas al faltar elementos esenciales", según el Ministerio Fiscal, quien además considera que la escasa descripción de hechos de la comisión rogatoria permite inferir esta conclusión.
"En relación a los delitos de extorsión y coacciones sobre órganos constitucionales, se destaca la falta de información detallada sobre cómo se llevó a cabo la violencia o intimidación, así como el impacto que tuvo en las instituciones andorranas."
Según el escrito, el delito descrito tiene muchas similitudes con el delito de rebelión del Código penal español. Además, se afirma que ninguno de los querellados mencionados ha podido cometer este delito desde España, y que definitivamente no se describe ningún hecho constitutivo de este delito.
La Fiscalía afirma que "faltan elementos esenciales para su comisión" en relación a las coacciones, amenazas condicionales y chantaje. Esto se debe a que no se especifica quién fue la víctima del delito, quién lo cometió, desde dónde se realizó, cómo se llevó a cabo la amenaza o cuál fue el acto perjudicial para el patrimonio propio o de terceros.
"Remacha que todos los elementos del delito que se imputa además a funcionario público faltan, sin indicar qué documento se ha falsificado y por quién, lo mismo se puede decir del delito de falsedad documental."
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