El segundo mandato socialista de Zapatero estuvo intensamente marcado por el impacto de una crisis económica mucho más grave y profunda de lo previsto por el Gobierno y por todos los organismos económicos internacionales. Pero la oposición conservadora personaliza en Zapatero el deterioro de la economía, lo que obliga a adelantar las elecciones. En las elecciones generales del 20 de noviembre de 2.011 y con la propaganda de que solo con llegar al Poder se acabaría la crisis, el Partido Popular resulta vencedor con una importante mayoría absoluta. Pero, en contra de su programa electoral, las primeras medidas del nuevo gobierno consisten en subir los impuestos, en congelar el sueldo de los funcionarios y en reducir el gasto público. Con una nueva reforma laboral se abarata y facilita el despido. En abril, un mes después de ser aprobados los presupuestos generales hay otro sustancial recorte que afecta a Educación y Sanidad. En mayo estalla una huelga general de todos los niveles educativos, desde infantil a la Universidad, lo que constituye la primera huelga unitaria de la enseñanza pública en la historia de la democracia. Esa protesta se denomina “marea verde” por el color de las camisetas que reivindican la escuela pública. En junio de ese mismo año de 2012 se decide rescatar la banca con un préstamo de la Unión Europea de 100.000 millones de euros. Se establece el copago en Sanidad, decidiendo que por primera vez los jubilados deben pagar parte de sus medicinas. Y en el mes de julio el gobierno aprueba el mayor recorte de la historia de la democracia, se sube el IVA y se suprime la paga extra de Navidad a los funcionarios. Ese mismo mes hay una especie de rescate a la Comunidad Valenciana (gobernada por el PP). La prima de riesgo bate el record histórico de llegar a 642 puntos, que deja a España al borde del rescate. Pero con la decisión del BCE de comprar deuda soberana parece alejarse el rescate de España. Sin embargo, el 30 de noviembre de 2.012 el Gobierno no aplica la Ley de Seguridad Social, ley que tenía en cuenta la desviación de la inflación para actualizar las pensiones. Significó que los 8´9 millones de pensionistas no son compensados por la pérdida de poder adquisitivo. Nuevamente se toman medidas que no figuraban en el programa electoral del PP de las últimas elecciones. El primer trimestre de 2.013, según los datos de la EPA el desempleo supera por primera vez en la historia de España los 6 millones de parados. La renta española es el 5´5% inferior a la de 2.008 y la deuda española llega al 92´2 del PIB. El 34% de los niños/as españoles (2.826.549 menores) viven en riesgo de pobreza o de exclusión social. El 21% de la población de España llega a situaciones de pobreza, mientras que ha aumentado en un 5´5% el número de millonarios. El 9 de mayo se lleva a cabo otra huelga masiva de la enseñanza contra los recortes en educación y contra el borrador de la nueva reforma educativa del PP.
Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
Bautizada como 'ley Wert', pues su impulsor fue el ministro de Educación José Ignacio Wert, del gobierno de Mariano Rajoy. Recoge los principios neoliberales que ya vimos en la LOCE del anterior gobierno del PP. Tampoco hay Libro Blanco que acredite la necesidad del cambio de la ley educativa. Sin consenso y diálogo no hay posibilidad de poner los cimientos de un verdadero sistema educativo. Desde la presentación del proyecto de ley el 17 de mayo de 2.013 hasta su aprobación definitiva solo por el PP en las Cortes Generales el 28 de noviembre del mismo año, es una ley muy contestada y controvertida,
En realidad no es una ley como tal, sino que la técnica utilizada fue simplemente modificar determinados artículos de la LOE, sesenta y cinco en total, los suficientes para que queden plasmados los conceptos ideológicos del PP. La LOMCE tuvo como laboratorio de pruebas todas las normativas y líneas educativas que se fueron implantando en los últimos años en la Comunidad de Madrid. Se sustituye el ideal de educar ciudadanos y ciudadanas por el de mano de obra para el mercado laboral. Se eliminan del currículo los temas conflictivos según el criterio del ministro Ignacio Wert, o sea se impide una educación reflexiva y crítica. Es suprimida la Educación para la Ciudadanía. Una recurrente demanda de los obispos es que vuelva a ser evaluada la religión y cuente la nota para la media del curso “a todos los efectos”, ya sea para optar a una beca o para calcular el resultado de las pruebas externas de evaluación, como el resto de las asignaturas. Y para los que no opten por la asignatura de la religión la alternativa era Valores sociales y culturales para los de primaria y ESO y Valores éticos para los que cursen bachillerato.
Es una ley destinada a mejorar de cara a los test de PISA, reduciendo al mínimo las materias no evaluadas por Programme for International Student Assessment. Es una ley que desconfía del profesorado, de ahí la obsesión de evaluaciones externas y reválidas. Justifica los recortes con los que el PP viene castigando al sistema educativo: recorte en becas, endurecimiento de los requisitos para acceder a ellas, recorte en las plantillas del profesorado, recorte en los recursos destinados a los centros, incremento de las ratios en las clases. Muchas de estas medidas tienen como finalidad encubierta promover mayores cotas de privacidad. Asume como prioritario de la educación la competitividad. Es una ley clasista, pues recurre al peligroso concepto de “talento”, intentando culpar a la genética, ignorando que las capacidades son el resultado del contexto y condición en que se vive. Los hijos de trabajadores no cualificados tienen triple riesgo de fracaso escolar que los de los universitarios. Es decir, es una ley destinada a expulsar del sistema al alumnado de los grupos sociales más desfavorecidos al hacerles ver que sus “talentos” no son adecuados y pertinentes.
Con esta ley se subvencionan a los colegios privados que discriminan a los alumnos por razón de sexo, a pesar que existían dos sentencias del Tribunal Supremo que niegan que esos centros sexistas reciban subvención. La lengua castellana y la lengua extranjera son consideradas asignaturas troncales, pero no así las lenguas autonómicas cooficiales, aunque de estudio obligatorio en la comunidad. Se elimina la “inmersión lingüística”. Si un alumno pide estudiar todo en castellano la Comunidad autónoma debe pagarle un colegio privado si no existen centros públicos en la zona. La memoria económica de la LOMCE se reserva un presupuesto de cinco millones de euros para garantizar ese derecho, y después se lo cobra el Ministerio descontándoselo a la Comunidad autónoma en los traspasos presupuestarios. No nos extraña que, por este motivo y otros muchos más, ocurrieran los hechos que ocurrieron en octubre de 2.017.
La LOMCE no sigue los informes PISA
Como hemos dicho los informes PISA condicionaron la elaboración de la LOMCE y, sin embargo, no son tenidos en cuenta los consejos que sugiere en presencia del propio ministro Wert en un discurso que pronuncia en Madrid Andreas Schleicher, responsable de PISA. Schleicher destaca la importancia de la educación temprana, o sea que los alumnos/as que han tenido acceso a la educación infantil de calidad consiguen mejores resultados. Sin embargo la LOMCE otorga carácter asistencial a la etapa de preescolar. El responsable de PISA también afirmó que “si el sistema consiste en que el director del colegio lo va a dirigir todo, entonces la autonomía es negativa. Se obtiene mayor rendimiento en los centros donde existe mayor colaboración entre el profesorado y la dirección en la gestión del centro”. La LOMCE convierte, sin embargo, en carácter consultivo a los Consejos escolares, con lo que las opiniones de profesores/as, alumnos/as y padres y madres quedan a expensas de la voluntad del director/a que es nombrado por la Administración. Se crea un cuerpo de directores/as como lo existentes en la época franquista. Es decir, la Administración es quien controla y decide en los centros públicos a través de los directores/as. Schleicher también dijo que cuando el trabajo en la escuela se hace atractivo y con alicientes atrae hacia la profesión docente a los mejores. ¿Qué atractivo tiene la profesión docente cuando a los profesores/as no se les permite elaborar proyectos propios, adoptar decisiones conjuntas en un trabajo en equipo? Es un contrasentido que se pida a los profesores/as que eduquen en la responsabilidad a sus alumnos/as, mientras que a ellos se les niega que participen en la política educativa del centro donde trabajan. Además, cualquier docente puede acabar impartiendo una materia para la cual no está preparado y en un lugar que no haya elegido como consecuencia de los “traslados forzosas” que tiene previstos esta ley. Tampoco es muy alentador que se suba la ratio por clase que dificulta el buen hacer o que sin ningún fundamento se denigre públicamente la profesión docente por las propias autoridades, como hizo la presidenta de Madrid.
Carrera de obstáculos a base de evaluaciones
Si uno de los motivos que se esgrimieron para implantar la LOMCE era evitar las elevadas tasas de abandono temprano de la educación (cuando el boom de la construcción muchos abandonaron su escolaridad para trabajar en las obras que no exigía preparación específica) no creemos que sea lo más adecuado para motivar e interesar a los alumnos/as para que sigan estudiando el diseñar una carrera de obstáculos a base de evaluaciones y reválidas. El Ministerio es quien diseña las evaluaciones a nivel estatal para final de Primaria, de la ESO y del Bachillerato. Además habría otra prueba en 3º de Primaria y otra en 3º de ESO. Las pruebas las realizan las Autonomías y las aplican especialistas externos. (Eso es creer en la profesionalidad de los docentes) Las evaluaciones externas de fin de etapa (reválidas) constituyen una de las principales novedades de la LOMCE. Estas reválidas sirven para obtener el título correspondiente de Graduado de ESO y de Bachillerato. Con este sistema de las reválidas, en vez de analizar las causas y poner el remedio adecuado a los alumnos/as que abandonan temprano su educación, son expulsados del sistema educativo sin más paliativos. Estas reválidas atentan contra el modelo de evaluación continua que el profesor realiza día a día sobre su alumnado y contra su práctica docente e introduce un factor de desconfianza sobre profesores y estudiantes, pues después de haber superado los niveles exigidos a través de la evaluación continua, se ven obligados a examinarse otra vez. Aunque se dice que la reválida de final de la Primaria solo tiene carácter orientador, lo que significa leyendo entre líneas que el alumno o alumna de 6º de Primaria que pase a1º de ESO y no haya superado la evaluación final, promocionará pero ya está marcado con el sello de “ojo” que a este alumno o alumna le cuesta y tendrá dificultades. Los que suspenden la reválida de la ESO no pueden acceder, ni a Bachillerato no a FP de grado medio. Solo les queda la FP que se denomina “básica”, que consta de dos cursos y se destina a alumnos/as de entre 15 y 17 años para que adquieran una cualificación profesional mínima. Los que aprueban esta reválida y los dos cursos de bachillerato se supeditan a otro examen, poniendo en peligro la continuidad y acceso de miles de candidatos, no solo a la Universidad, sino también a la FP de grado medio. Los alumnos/as que quieran ingresar en la Universidad con la LOMCE habrán de superar en un solo año tres exigencias: las del Instituto (para aprobar el 2º curso del bachillerato), la del Estado (la reválida) y la de la Universidad (prueba de acceso). Como el objetivo prioritario es dejar en buen lugar al centro de cara a la reválida, los profesores/as se dedicarán a incrustar los conocimientos en los alumnos/as, lucharán a brazo partido para que memoricen datos y fechas, lo propio de un intelectualismo superficial y no se perderá el tiempo en que el alumno/a se interese por los conocimientos y menos de que investigue. Como las pruebas serán escritas, ¿quién querrá entrar en los laboratorios de Física y Química para perder el tiempo? Adiós a aprender haciendo, a los proyectos y a las investigaciones en la escuela.
La LOMCE utiliza estas evaluaciones y reválidas para valorar a los estudiantes y para crear un ranking de centros, como una de las medidas llamadas a mejorar de manera más directa la calidad del sistema educativo al favorecer la competencia. La sociedad es competitiva, el mercado es competitivo, pero la educación nunca puede ser competitiva, porque hay que enseñar a los niños/as a vivir juntos. Pero la LOMCE, en vez de buscar la cooperación y la transferencia de experiencias educativas eficaces, se establece la competitividad para, como ocurre en toda clase de empresas, los centros escolares se estimulen y así gana la calidad. “El proyecto educativo de calidad- dice la LOMCE- supondrá la especialización de los centros docentes, que podrá comprender, entre otras, actuaciones tendentes a la especialización curricular, a la excelencia, a la formación docente, a la mejora del rendimiento escolar, a la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, o a la aportación de recursos didácticos a plataformas digitales compartidas”. Preocupa la “especialización de centros”. Preocupa tener “centros excelentes” y “centros para la mejora del rendimiento escolar”. ¿Qué centro privado concertado se avendrá a ser catalogado para mejorar el rendimiento? Todos querrán ser centros excelentes y buscarán el reconocimiento social a través de medidas honoríficas concedidas por el Ministerio. “Se promoverán –leemos en la LOMCE- las acciones destinadas a fomentar la calidad de los centros educativos mediante medidas honoríficas tendente al reconocimiento de los centros”. Y para conseguir que el centro alcance los puestos más altos del ranking y obtenga el reconocimiento honorífico de las autoridades educativas se fomentará el elitismo, se generará la tendencia para que sean los centros los que seleccionen a los alumnos/as capaces de obtener buenas notas en las reválidas. Aunque la ley dice que hay libertad de elegir centro, hay muchos medios para no ser admitidos mostrando una larga lista de espera. Tenemos experiencia de ello. Como las escuelas públicas tienen la obligación de matricular a todos los alumnos/as que acudan a ellas y, aunque se haga una labor encomiable, tienen las de perder al ser comparadas con las concertadas Y ello aún redundará en mayor desprestigio, acentuándose un sistema dual y disgregador. Es lo que buscan las políticas neoliberales, privatizar la educación, pero manteniendo los centros públicos donde se concentren los alumnos/as que la privada no acapara, básicamente los de mayor riesgo de fracaso escolar, para que adquieran una mínima cualificación profesional y puedan entrar en el mercado de trabajo.
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