En cuanto son dejadas atrás las lacerantes carencias del pasado, las preocupaciones se centran en la década de los ochenta en la participación democrática en las escuelas y en el control de la financiación de los centros privados que se realiza a través de la LOECE, de vida efímera, y de la LODE. También se redistribuyen las competencias educativas a las Comunidades Autónomas que surgen tras la aprobación de la Constitución de 1978.
Como ya dijimos en 1980 la UCD aprueba la Ley Orgánica de Estatutos de los Centros Escolares (LOECE), firmada por el ministro José Manuel Otero, la primera ley educativa aprobada en democracia en España y la primera en materia de educación tras la Constitución de 1978. Privilegia los derechos del titular del centro concertado sobre los de la comunidad escolar, supedita la libertad de cátedra al ideario del centro y restringe el derecho de profesores y padres en la gestión y el control de esos centros sostenidos con fondos públicos. La polémica llegó cuando el PSOE la recurrió, aduciendo que no respetaba la Carta Magna, pero el Tribunal Constitucional no les dio la razón a los socialistas. Aunque no llegó a entrar en vigor por dos motivos: el golpe de Estado del 23-F (1981) y la victoria electoral del Partido Socialista (1982)
La segunda ley de Educación de la democracia llegó en 1985 de la mano del Partido Socialista y su ministro de Educación, José María Maravall, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación, LODE Una de sus principales novedades fue el impulso de los llamados “Consejos escolares”, órganos que por primera vez facilitaron la participación de alumnos, padres y profesores en la gestión de los centros.
La EGB quedó corta
Pero la EGB quedó corta, ya que dejaba fuera del proceso educativo etapas determinantes, como la infantil y la adolescencia. En la elaboración de la Constitución de 1978 es cuando se intenta sentar las bases para un definitivo modelo educativo. Pero será en 1.989 cuando el gobierno de Felipe Gonzáles presenta en 1990 el Libro Blanco para la Reforma del Sistema Educativo y se aprueba la LOGSE, que establece la educación obligatoria hasta los 16 años. El sistema educativo español tenía los problemas fundamentales al término de la educación obligatoria. La Formación Profesional de Primer Grado era un desastre y el 70% de los alumnos/as que la iniciaban no la terminaban. Por otra parte, el Bachillerato se orientaba exclusivamente a los estudios universitarios e iba dejando en la cuneta, sin ofrecer otras opciones, el 40% de los alumnos/as que lo cursaban. Los alumnos/as que finalizaban COU o la Formación Profesional eran aproximadamente el 50% del total de los alumnos/as que habían iniciado los estudios correspondientes. El intento de resolver los problemas de la Formación Profesional y del BUP, o sea, resolver los problemas del 50% de los alumnos/as fue lo que decidió la reforma que se concreta en la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) Solo contó con los votos en contra del Partido Popular y fue impulsada y aprobada por el PSOE, con Felipe González como presidente y Javier Solana como ministro de Educación. Esta reforma acabó con la LGE (1970) y con el sistema de la EGB y BUP, y establece la educación obligaría hasta los 16 años. Instauró los ciclos formativos de Educación Infantil (0 a 6 años), Educación Primaria (6 a 12 años), Educación Secundaria Obligatoria -ESO- (de 12 a 16 años) y Bachillerato (de los 16 a los 18 años) no obligatorio, la Formación Profesional de Grado Medio, la Formación Profesional de Grado Superior y la Educación Universitaria, también no obligatorias. Esta reforma da solución al desfase existente entre la conclusión de la escolaridad obligatoria y la edad mínima laboral. Tanto la ESO como el Bachillerato se imparten en los Institutos de Secundaria con profesores /as de secundaria.
Al no crearse la figura del profesor/a de secundaria y no reciclarse, los profesores/as de bachillerato existentes, que continúan siendo un especialista en matemáticas, o en física, o en latín…, incluso los nuevos profesores/as se siguen formando en los mismos patrones que se hicieron habituales en la Ley de 1970, ha hecho que gran parte de ese profesorado siga trabajando como venían haciéndolo, dar su clase sin preocuparse para nada de la faceta educativa. Defendían que la finalidad de la inteligencia es conocer y que su culminación es la ciencia y la técnica. Su meta es convertir a los alumnos/as en científicos en miniatura. Y se llega al monumental disparate de decir, por ejemplo, que es una demostración más clara de inteligencia saber resolver las ecuaciones bicuadradas que saber ser uno mismo.
Por primera vez se valora en esta ley la educación infantil (de 0 a 6 años) como una contribución “al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños/as (art. 7) y será impartida por maestros/as con la especialización correspondiente (art. 10) Pero como se establece que toda la enseñanza obligatoria ha de ser financiada por el Estado, para evitar que el gasto exceda a las posibilidades y con el fin que los centros concertados no exijan subvención por ello, no se estipula como obligatoria la educación infantil. El resultado es que esta etapa, tan vital y esencial en la educación, no recibe la consideración que precisa.
El periodo común y obligatorio – la primaria y la ESO- se organiza de manera comprensiva, aunque compatible con una progresiva diversidad, que permita acoger mejor los intereses diferenciados de los alumnos/as, adaptándose a la pluralidad de sus necesidades y aptitudes y posibilitarles que alcancen los objetivos mínimos. Porque no hay que olvidar que en el segundo ciclo de la ESO se juntan alumnos/as que antes estudiaban bachillerato con los de la Formación Profesional de primer grado y con aquellos otros que abandonaban el sistema educativo cuando la EGB. Y no es lógico y realista que las enseñanzas que se dieran en 1º y 2º de BUP se mantuvieran idénticas para toda esa diversidad de alumnos/as. Pero son los profesores/as que antes daban BUP los que se obstinan en seguir explicando los mismos contenidos que antes impartían, y se empecinan que sus “materias” no pierdan relevancia y tiempo de estudio. Entonces es cuando surgen voces, a veces interesadas, de que con la LOGSE baja el nivel.
En el bachillerato se establece una diversidad de modalidades, Artes, Ciencia de la Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, Tecnología, que tienen como finalidad preparar para la vida activa o para continuar estudios posteriores, sean los de Formación profesional de grado superior o los universitarios. Para acceder a la Universidad se establece una prueba de acceso, que valora la madurez académica de los alumnos/as y los conocimientos adquiridos en el bachillerato. Con el título de Graduado en Educación Secundaria se accede a los ciclos formativos de grado medio y al bachiller; y el título de bachillerato da acceso a los ciclos de grado superior y a la Universidad.
Por primera vez se incluye en el sistema educativo la música, la danza, el arte dramático, las artes plásticas y el diseño como elemento educativo y como estudios profesionales alcanzando títulos equivalentes a los universitarios. También se incluye el estudio de idiomas y de informática dentro de las etapas obligatorias. También la enseñanza de la religión, según los acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede, así como con otras confesiones religiosas. La enseñanza religiosa será de oferta obligatoria para los centros y de carácter voluntario para los alumnos/as. Se establece el régimen tutorial para los alumnos de primaria y de la ESO. Se establece que los objetivos a alcanzar se hagan por ciclos de dos años.
Continúa en vigor el procedimiento que ya se estableció en la LODE de que el director/a fuera elegido por la Comunidad educativa. Hubo un caso en un centro escolar de Sant Cugat, donde el transporte escolar dejaba alumnos/as antes del horario lectivo, lo que aprovechaban algunos para ir a jugar a una casa en ruinas cercana, con tan mala fortuna que un tabique se les cayó encima y dejó malherido a un chico. Se condenó al director del centro como responsable subsidiario. Por eso, como toda la responsabilidad recae en la Dirección muchos centros se quedaron sin Director/a porque nadie se presenta a ser elegido. Obligó a que se aprobara la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros – LOPEG. En esta ley se establece que para ser elegido Director/a por el Consejo escolar había de contar el candidato/a con una acreditación expedida por la Administración y tendría un apoyo especial profesional y retributivo. Otra medida importante de la LOPEG es que periódicamente serían evaluados los centros escolares por la Administración.
La LEY ORGÁNICA de CALIDAD de la EDUCACIÓN o la reforma impulsada por la derecha
No se llega a evaluar ningún centro escolar como prevé la LOPEG, ni se corrige ninguna de las anomalías que van surgiendo al aplicar tan vasta reforma, ni se cumple con el compromiso de presupuestar el gasto público que la aplicación de la reforma exige, ya que en 1996 empieza a gobernar el Partido Popular, que había votado en contra de la LOGSE y de la LOPEG, pues su política se fundamenta en la revolución conservadora realizada en Inglaterra en los años ochenta. Caracterizada en individualizar el bienestar, como la sanidad, la educación, las pensiones, etc. La hegemonía de las opciones económicas neoliberales presenta el estado de bienestar como un modelo inadecuado y todo lo pretende reducir a mercado. El neoliberalismo considera que la educación debe regirse por las reglas del mercado; entiende que para mejorar la calidad, la enseñanza debe estar sujeta como cualquier otra mercancía a la ley de la oferta y la demanda, a la competitividad, perdiendo de esta manera todo contenido social. Los modelos de gestión de la calidad son importados directamente del mundo empresarial: las escuelas e institutos han de ser como empresas que hay que gestionar, buscar en eficacia, optimizar recursos, evaluar y rendir cuentas. Si la educación se compara a mercado significa que los centros escolares han de ser instituciones semejantes a supermercados: la clientela elige centro y lo que hay que estudiar. Los liberales convierten la educación en una competición para que los centros vendan el producto educativo a los potenciales compradores, los padres. Bajo el influjo de esta filosofía los centros tienden a seleccionar a los mejores alumnos/as, pues son los que dan prestigio y los sitúan en los puestos de preferencia, mientras que los alumnos/as con mayores problemas o cuyo entorno cultural limita sus posibilidades no son fácilmente aceptados por los “buenos” centros. Los alumnos/as con importantes problemas de aprendizaje o de motivación deben estar en grupos de alumnos/as separados, o acortar su periodo de educación, para que no perturben o perjudiquen a los que tienen buena disposición para estudiar o en los centros públicos, ya que estos han de asumir un papel subsidiario con respecto a la enseñanza privada,
Como el PP llega al gobierno en 1996, como se sabe, en precario y sin mayoría parlamentaria, intuye que realizar grandes modificaciones legislativas le proporcionaría un amplio y explícito debate social de incierto resultado para sus intereses, como pudo comprobar con la reforma de las Humanidades que quiso implantar siendo Esperanza Aguirre ministra de Educación. Pero nos podemos imaginar que el gobierno del PP no pondría demasiado entusiasmo en poner en marcha algo en que no cree y, máxime, de la envergadura como es una reforma educativa. Lo que sí es cierto es que pronto aprende que con la utilización de las disposiciones de rango inferior, con las meras actuaciones administrativas se puede ir elaborando de forma imperceptible, poco a poco, estrategias sutiles que favorecen a la escuela privada en detrimento de la pública, como la libre elección de centro, permitir que los centros concertados cobren cuotas como mecanismo de selección del alumnado, no asumir los compromisos que la aplicación de la ley exige, retroceso presupuestario en educación, permitir la competencia entre los centros en cuanto a su rendimiento y organización, presión cada vez mayor para introducir en los centros públicos la religión y la moral católicas, concesión de conciertos educativos a centros privados que practican discriminación por razón ideológica o que seleccionan sus alumnos/as por factores económicos.
Pero cuando el PP en el 2.000 alcanza mayoría absoluta no tarda en reemplazar las reformas puestas en marcha por otra ley donde quede plasmada su visión de entender la educación. Y el 11 de marzo de 2.002 el Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte, después de rumores, “globos sonda”, declaraciones de la ministra Pilar del Castillo y sus colaboradores, pero sin permitir ningún debate, ni presentar ningún Libro Blanco que analice la realidad del sistema educativo vigente, como se hizo en 1.969 para la Ley General de Educación y en 1.989 para la LOGSE, promulga el 23 de diciembre de 2002 por el segundo gobierno de José María Aznar (PP), siendo ministra de Educación Pilar del Castillo la Ley Orgánica de Calidad de la Educación LOCE. El Ministerio se había limitado a realizar consultas a entidades no representativas, a profesores/as descontentos por tener que atender a alumnos/as que antes abandonaban al término de la EGB, a convocar jornadas propagandísticas con convidados a la carta y a utilizar los medios de comunicación para justificar la nueva reforma. Con esta ley el PP, imponiendo su mayoría parlamentaria, acaba con las reformas educativas socialistas, lo que ya se estaba materializando con el Decreto de Enseñanza Mínimas, La Ley Orgánica Universitaria (LOU) y La Ley de Formación Profesional (LEP)
El gobierno del PP justifica la LOCE con lo siguientes supuestos:
- La tasa de fracaso escolar. ”No es aceptable- leemos en el preámbulo- que más del 25% de los estudiantes españoles no obtengan el Título de Graduado de Educación Secundaria Obligatoria, cuando en otros países europeos esa tasa se sitúa en niveles claramente inferiores”.
- Carencia de nuestros alumnos en términos de conocimientos.“Nuestros alumnos están por debajo de la media de los países europeos más avanzados en la capacidad para comprender lo que se lee, en la redacción de textos, y en materias instrumentales tan básicas como las matemáticas” (Ibid)
- Falta de motivación y esfuerzo de buena parte de nuestros alumnos.“El actual modelo educativo, que permite el paso de un curso a otro sin haber alcanzado los conocimientos mínimos y las destrezas intelectuales necesarias, defrauda a los alumnos, a sus familias y al conjunto de la sociedad, habitúa a un pretendo éxito inmediato, fácil y sin esfuerzo, que provocará serias inadaptaciones cuando los jóvenes tengan que afrontar las exigencias y retos de la vida real, de una vida social y laboral exigente y comprometida.
- Deterioro del clima de convivencia en los centros y en las aulas.
- El desprestigio de la figura del profesor.
- Desánimo y malestar entre los docentes.
- Falta de competencia del Director para establecer las condiciones mínimas para el funcionamiento adecuado del centro.
Objetivos que pretende el PP con la Ley de Calidad
-Rebajar el fracaso escolar
- Incrementar la calidad del sistema educativo prestigiando los títulos de Graduado de Educación Secundaria y de Bachillerato.
-Introducir una auténtica cultura del esfuerzo y suscitar la motivación en el alumnado.
- Crear un clima de estudio y de convivencia en los centros escolares.
-Formación permanente de los profesores y reconocer su profesionalidad.
-Reforzar el aprendizaje lingüística de los emigrantes.
(Continuará)
Si (
No(
