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'Ley General de Educación o Ley Villar Palasí', por Pedro Cuesta Escudero

"Ley General de Educación o Ley Villar Palasí", por Pedro Cuesta Escudero

viernes 06 de octubre de 2023, 09:26h
'Ley General de Educación o Ley Villar Palasí', por Pedro Cuesta Escudero

A partir de los años cincuenta y hasta la Ley General de Educación de 1970 se presenta una fuerte demanda educativa por parte de la totalidad de la población española. Esta demanda es imposible de atender por el Estado porque delega esa función tan esencial en manos de particulares, principalmente de la Iglesia. Y esta enseñanza privada no plantea esa demanda en términos sociales, sino que simplemente atiende a sus intereses económicos y clasistas. El numeroso excedente de potenciales alumnos que no pueden acogerse a la solución privada por razones económicas, ni a la enseñanza estatal por razones de plazas, es recibida por un tipo de enseñanza –auténtico subproducto cultural- muy deficiente que se extiende dentro del ambiguo término de enseñanza libre. Así se llega a los años setenta sin que se haya resuelto la imperiosa obligación de responder a las necesidades del desarrollo capitalista y sin que el sistema educativo se hubiera desligado de toda una ideología, que si tuvo algún sentido al final de la guerra, ahora resulta absolutamente anacrónico.

Durante la segunda mitad de la década de los sesenta España vio un crecimiento enorme de la oferta pública de plazas escolares en Primaria y Secundaria. Se terminó con el déficit escolar primario y se generalizó (cosa nunca vista) el acceso de la masa escolar a la Enseñanza Secundaria. Como consecuencia inmediata el profesorado público creció también en forma nunca contemplada en este país. Un importante sector del profesorado era joven y llevaba en su mochila una actitud vital y profesional positiva y reformadora, propia de la sociedad española de los últimos tiempos de la dictadura, que fue una de las causas del cambio.

José Luis Villar Palasí y el Libro Blanco

José Luis Villar Palasí, sin ninguna filiación política, pero su prestigio como alto funcionario al servicio de la Administración Pública le acercó a la política, siendo nombrado en 1951 secretario general del Ministerio de Información y Turismo y, posteriormente, en 1957, subsecretario del mismo Departamento. En 1962 fue nombrado subsecretario del Ministerio de Comercio. Durante tres años, colaboró estrechamente con el entonces ministro de Comercio, Alberto Ullastres, en el desarrollo del Plan Nacional de Estabilización Económica, que, aprobado en julio de 1959, dio importantes frutos durante esos años. Esta colaboración estrecha con Ullastres motivó, sin embargo, que se encuadrara posteriormente a Villar Palasí, sin ningún fundamento, como miembro activo del Opus Dei. Fue nombrado el 14 de abril de 1968 ministro de Educación y Ciencia, en un clima de evidente tensión universitaria. En el mes de junio promulgó un Decreto-Ley sobre medidas urgentes de reestructuración universitaria, por el que se crearon tres nuevas Universidades en Madrid, Barcelona y Bilbao y diversas facultades en distintas Universidades.

Su empeño, sin embargo, no se circunscribió únicamente a la reforma universitaria, sino que se extendió a una auténtica reforma integral del sistema educativo. En febrero de 1969 se publicó la obra La educación en España: bases para una política educativa, conocida como “Libro Blanco”. La publicación del Libro Blanco, supuso una ruptura en cuanto a los métodos de trabajo anteriores y por primera vez en treinta años, el Gobierno daba soluciones, pues de las 244 páginas de las que estaba compuesto, 199 las dedica a la crítica de la estructura educativa existente. La necesidad de cambio en los años 70 era patente en España, tanto a nivel social, político y educativo. Era necesaria una Ley que abarcase la totalidad del sistema educativo nacional En su primera parte, que generó una gran expectación, se realiza una crítica profunda a la situación de la educación en España, para abordar a continuación las líneas maestras de la reforma, que Villar plasma en la Ley General de Educación, concebida, como señaló en su discurso ante el Pleno de las Cortes Generales, como una ley con “espíritu de futuro”. Se pretendía dotar al país de un sistema educativo más justo, más eficaz y más en consonancia con las necesidades de los españoles. Esta ley logra mantenerse vigente hasta 1990.

Ley General de Educación

Tomando como base el Libro Blanco, el ministro de Educación y Ciencia y el ministro de Hacienda elevan al Consejo de Ministros el proyecto de Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa donde, después de algunos retoques, es aprobada el 4 de agosto de 1970. Supuso un importante esfuerzo de modernización del sistema educativo, entre cuyos principales hitos destacan la enseñanza primaria obligatoria hasta los catorce años con la Educación General Básica (EGB) También creó la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) La reforma educativa, además de establecer la EGB, creó el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y la Formación Profesional (FP). Entre otras prerrogativas, la nueva norma establecía que en las regiones en las que además del español se utilizara otra lengua se estudiaría obligatoriamente una asignatura de esta lengua. La Ley General de Educación (LGE) estableció la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, cursando la Educación General Básica (EGB) estructurada en dos etapas. Tras esta primera fase de ocho cursos el alumno accedía al Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), o a la recién creada Formación Profesional (FP). Con esta ley se reformó todo el sistema educativo, desde la educación preescolar hasta la universitaria, adaptándolo a las necesidades de escolarización. Se introdujo a través de la escuela el principio de integración social. Fue una ley de gran alcance, que pretendió superar las contradicciones internas en las que el sistema había caído por sucesivas reformas sectoriales anteriores, insuficientes para responder al acelerado cambio social y económico de la España de esos momentos. Es la primera vez que en España, después de la Ley de Moyano, se promulgaba una Ley que regulaba todo el sistema educativo, desde la educación preescolar hasta la Universitaria.

La enseñanza de la Historia se alejaba de aquellas visiones sectarias de la posguerra. Unas Ciencias Naturales también puestas al día, con la entrada de la Astronomía, de Darwin, etc., pero sin la inclusión de temas relacionados con la sexualidad, por ejemplo. La nueva Geografía pretendía ir mucho más allá de la mera y clásica memorización de accidentes físicos y políticos, y en ella se daba cabida a la climatología, la demografía, la economía... En otras materias aparecía una auténtica revolución implantada por Decreto de la noche a la mañana: una «Matemática moderna», solamente estudiada por los nuevos maestros del Plan de 1967 (es decir, una ridícula minoría) y una «Gramática estructural», no estudiada por nadie. El trabajo del alumno sería «individualizado», a base de un sistema de fichas que permitiría mantener el ritmo de trabajo personal de cada alumno; trabajo que sería autoevaluado, por si fuera poco. Una «evaluación continua», como superación de los exámenes tradicionales. Un trabajo escolar dividido en personal, de pequeño grupo y de gran grupo.

La formación de «departamentos» en las escuelas, de «equipos docentes», como superación del trabajo aislado de cada maestro. La potenciación de la tutoría, como forma de atención personal al niño; la introducción del concepto de «orientación» escolar y profesional, que incluía el diagnóstico pedagógico, la formulación de consejos orientadores, las Asociaciones de padres de alumnos, el Consejo escolar, etcétera.

Toda esa catarata de novedades suponía un modelo de trabajo escolar absolutamente nuevo, que mostraba un carácter de ruptura con lo anterior e implicaba una voluntad de actualización rotunda y profunda.

Aunque, según el artículo sexto, el Estado sigue reconociendo y garantizando los derechos de la Iglesia católica en materia de educación, conforme a lo acordado entre ambas potestades. Se garantiza, asimismo, la enseñanza religiosa y la acción espiritual y moral de la Iglesia católica en los Centros de enseñanza, tanto estatal como no estatal, con arreglo a lo establecido en el artículo sexto del Fuero de los Españoles. En todo caso se estará a lo dispuesto en la Ley reguladora del ejercicio del derecho civil a la libertad en materia religiosa.

La estructura de la Ley General de Educación

La Ley General de Educación quedó establecida de la siguiente forma:

Educación Maternal, de dos a cuatro años. Era voluntaria y se impartía fundamentalmente en centros privados y guarderías.

Educación Preescolar, de 4 a 6 años, era voluntaria y se impartía en centros públicos y privados por profesoras especialistas en Preescolar. El currículo se limitaba a los aspectos madurativos y a la preparación para las materias instrumentales: prelectura, preescritura y precálculo.

Educación General Básica (EGB), de carácter obligatorio y gratuito que abarca de 6 a 14 años de edad. Se compone de tres ciclos:

Primer ciclo, de 6 a 8 años de edad, continuación natural de preescolar y la ley lo contempla como un nivel único, comprendiendo primero y segundo cursos.

Ciclo Medio, de 8 a 11 años que abarcaba los cursos tercero, cuarto y quinto de EGB.

Ciclo Superior, o Segunda Etapa de 12 a 14 años, que contenía los cursos 6º, 7º y 8º

La EGB constituyó la innovación más interesante de todas las propuestas, cambiaba la concepción de la enseñanza primaria, unificándola con lo que hasta entonces había sido el Bachillerato Elemental y convirtiéndola en obligatoria. Villar Palasí, al licenciarse en Historia, estudió y copió este nuevo concepto educativo de la perversa Institución Libre de Enseñanza. “Las llamadas enseñanzas primaria y secundaria – había escrito Giner de los Ríos- corresponden a un mismo proceso, del que, a lo sumo, constituyen dos grados bastante difíciles de distinguir, enlazados solidariamente, merced a la identidad de su fin común; no hay entre ellos otra diferencia que las que en el desarrollo de estos elementos exige la evolución natural del educando y de sus facultades”.

Al término de los ocho cursos, si la evaluación final es satisfactoria, el alumno recibe el título de Graduado Escolar; en caso contrario, un Certificado de Escolaridad. La diferencia de estas titulaciones está en que con el primero se puede acceder al Bachillerato y con el segundo solo se puede acceder a la Formación Profesional de primer grado, también gratuita. El Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) constaba de tres cursos, de los 15 a los 18 años, con materias comunes en primer curso y una moderada diversificación en función de la especialidad (Letras, Ciencias, y Mixtos de ambos). En su término si se superaban con éxito estas enseñanzas se obtenía el título de Bachiller. Era de esperar que cuando las condiciones económicas del país lo permitiera esta etapa de la educación también llegaría a ser gratuito.

Para acceder a la Universidad era preciso hacer el Curso de Orientación Universitaria (COU), que nació con la pretensión de orientar al alumno en la elección de carrera y terminó siendo un cuarto curso de Bachillerato, destinado, en su caso, a superar la prueba de Selectividad. La Formación Profesional, reservada a los alumnos que no obtuvieran el Graduado Escolar o bien a quienes les interesase una cualificación profesional para el mundo del trabajo. Tenía dos niveles: Formación Profesional de Primer Grado, de dos años de duración, y a cuyo término se obtenía el título de Técnico Auxiliar, si se superan los estudios o el Certificado de Escolaridad, si no se superan. Y la Formación Profesional de Segundo Grado, de tres curso de duración, que permitía obtener los títulos de Técnico Especialista. La Formación Profesional se cursaba en Institutos de Formación Profesional. La Educación Especial es fuertemente potenciada con esta ley al igual que la Educación de Adultos y la Educación a Distancia, como la creación del Centro Nacional de Educación Básica a Distancia (CENEBAD), el Centro Nacional de Bachillerato a Distancia (INBAD) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

La Educación Superior se imparte en las Universidades a las que se accede después de cursar el COU o bien la FP 2. Tiene tres niveles: Diplomado Universitario, o primer ciclo, de tres años de duración que puede cursarse en Escuelas Universitarias para las que no se precisa superar la Selectividad; a su término se obtiene el Título de Diplomado; el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, de cinco años de duración, cursados en una Facultad Universitaria después de superar la Selectividad; y Doctorado, máximo título universitario que exige cursar determinados créditos repartidos en dos años, terminando con la presentación de la tesis doctoral. La enseñanza universitaria se enriquece y adquiere la debida flexibilidad al introducir en ella distintos ciclos, instituciones y más ricas perspectivas de especialización profesional. La estructura general de esta enseñanza superior funcionó hasta la implantación del Plan Bolonia, que se sustituyeron por diplomaturas y licenciaturas. El modelo de enseñanza seguido en esta Ley fue tecnocrático, de línea conductista y siguiendo en términos generales una idea del aprendizaje de tipo proceso-producto.

La formación del profesorado para esta reforma

¿Cómo se formó al profesorado para que fuera capaz de poner en práctica semejante revolución del trabajo escolar, con unos mínimos de garantía de éxito?

No se le formó. El Magisterio se quedó atónito ante aquellas gramáticas estructurales, las evaluaciones continuas, el trabajo con fichas, los consejos orientadores. Nadie entendía nada, nadie había oído hablar nunca de todo aquello, nadie veía que el MEC se comprometiera a enseñárselo. La sensación general no podía ser más desalentadora, más deprimente. Las nuevas «áreas», como la Pretecnología o la Expresión Dinámica, no pasaron del «libro blanco». Sencillamente, el maestro no sabía qué hacer con esas áreas de nombre tan bello; y no se le comunicaba a quién acudir para que le enseñara.

La enseñanza de algunas áreas, como la Lengua extranjera, dependía de si en una escuela existía algún «especialista» que se autoproclamara capaz de impartirlas. Como nunca se regularizó el asunto de la plantilla de los centros de EGB, todo se basaba en la «especialización» autoatribuida o forzada, porque alguien debía ocupar la plaza en cuestión y debía “enseñar” esa materia. La Matemática «moderna» y la Gramática «estructural» dependían del libro de texto del alumno, en el que el profesor, antes que el alumno, aprendía algo de todo aquello. Y vinieron las «fichas». Ningún maestro y ningún alumno las olvidaría, porque la huella que dejaron es imposible de borrar. Para quien no tenga la desgracia de conocer ese sistema, se lo explicamos: el alumno disponía de un libro de texto y de otro libro con las actividades que debía realizar; en muchos casos, éstas no eran sino preguntas directas sobre el libro de texto. La «autocorrección» consistía en un tercer libro en el que aparecían las respuestas correctas; muchas veces éstas consistían en la repetición literal del texto, con el que el alumno debía comparar sus respuestas. En poco tiempo, las clases se convirtieron en un pandemónium de fichas, y en la desesperación de alumnos y maestros. Para salir de la ciénaga, vino el sentido común en ayuda de todos. Esa arma fue providencial en aquellos años, y la única además. De su uso vino el abandono por los maestros de semejante (y caro) método, y el alivio de todos. El sistema cayó en el olvido y nunca se resucitó. El MEC jamás se preocupó de aquel sistema que él había creado.

Críticas a la ley Villar Palasí

Fue una ley franquista, aunque pensada para una etapa posfranquista. Sin embargo, el gran defecto de esta ley es haber sido promulgada por una dictadura. Por otra parte, mientras se discutía en las Cortes esta Ley General de Educación, uno de los procuradores pidió más deporte y se quejó de la presencia del latín obligatorio en 2º de BUP, preguntando a la vez para qué servía el latín. Villar Palasí defendió la presencia del latín diciendo que gracias al latín los naturales de Cabra (Córdoba) de donde era el procurador, podían llamarse egabrenses... Esto provocó la carcajada correspondiente en la Cámara, incluida la del procurador... egabrense.

La Ley Villar Palasí fue criticada porque se había gestado en los despachos ministeriales, sin que se hubiera consultado en ningún momento a la clase educativa española y porque se había emprendido esa reforma sin experimentación previa y poco madurada. O sea, la ley se implantó de manera bastante precipitada, sin programas piloto, ni ensayos previos y, además, los recursos necesarios para su puesta en marcha no llegaron. Ante la escasez de financiación no se creó realmente un preescolar gratuito, por lo que se declaró a esta etapa no obligatoria.

Por otra parte, el hecho de que el Ministerio de Educación no contara con los educadores para la elaboración de la Ley fue un agravio grave, de efectos psicológicos garrafales. Que sus opiniones, a priori, eran innecesarias fue una ofensa muy seria. Era insultarlos, declararlos inútiles, indignos de ser consultados.

No cabe duda que Villar Palasí heredó una situación penosísima. Décadas de abandono económico y profesional habían condenado al Magisterio a la miseria económica y técnica, y en esa miseria se hallaba en 1970. Profesionalmente, el maestro español era un amargado; a eso lo habían condenado. Personalmente, el pluriempleo y la clase atiborrada de niños (clientes de permanencias), así como la jubilación a los setenta años, hacían que los maestros tuvieran más acidez de estómago que el resto de los españoles, que ya es decir. La permanencia era una hora más de clase pagada por los alumnos. Por ello no importaba tener un excesivo número de alumnos por clase, porque cuantos más hubieran, más dinero se cobraba por esa hora de permanencia. A veces, incluso, se daba otra hora más llamada de repaso. Y Villar Palasí, en lugar de presentarse ante el profesorado como solución a sus problemas económicos y, con ello, ganarse su favor y utilizar esa reacción hacia la reforma, actuó a la inversa. Lo hizo peor, en el curso 1970-1971, el primer año de aplicación de la EGB, apareció en el BOE una disposición que prohibía las «permanencias», sobre la base de que la Ley General de Educación imponía la gratuidad; por tanto, no podrían cobrarse cuotas a los alumnos. En virtud de esa disposición, la gran mayoría de los maestros de España no podía llegar a fin de mes. Como se aprecia, no resultó muy excelente y brillante la manera de empezar la EGB. Villar Palasí no acertó ni una. La herencia técnica que recibió no la tuvo presente y la herencia anímica, no sólo la ignoró, sino que además la agravia.

Un grupo de tecnócratas se dedicó a diseñar un sistema educativo integral, que diera diferentes salidas al término de cada etapa, que fuese universal. Reconocía que coexistirían dos sistemas educativos, uno para las clases acomodadas y otro diferente para las populares y que lo que debiera ser un promotor de la movilidad social a través de la meritocracia y el esfuerzo actuaba en realidad como un instrumento de estratificación social. Cada etapa educativa funcionaba en una total desconexión con la siguiente y los planes de estudios eran rígidos, uniformes y enciclopédicos.

En vísperas de la reforma Villar, a un colectivo que discute la forma de reparto de las permanencias (el «fondo común»), el tanto por ciento de descuento que las editoriales van a hacer sobre el precio de los nuevos libros de texto (que se venden en las escuelas; de modo que el beneficio revierte en el maestro). Después de más de treinta años de pluriempleo y penuria el estado psicológico del Magisterio no puede ser en absoluto el idóneo para aceptar con ilusión una reforma educativa; reforma que le dicta un ministro, que tampoco empieza su andadura resolviendo el eterno, siempre eterno, tema del sueldo. Todo el material de su escuela se reducía a la tinta, la tiza y un puñado de mapas remendados. La cicatería de los presupuestos, la falta de una voluntad política, el desinterés, el abandono y la desidia de treinta años de política educativa franquista habían dado su «cosecha»: no había nadie cuya formación le permitiera engrosar una élite pedagógica que asumiera la inmensa tarea de poner al día al profesorado; un profesorado, por otra parte, mal formado y mal pagado, y abandonado durante décadas, por lo que estaba especialísimamente necesitado de una urgente y drástica puesta al día.

Luego estaba el cuerpo de directores. Para ser director escolar no importaba que nunca se hubiera pisado una escuela como docente. Sólo había que hacer la oposición y ser adicto al Régimen. La Inspección era un cuerpo purgadísimo y abandonado en tareas administrativas. En los años de la posguerra algunos huecos se llenaron sin oposición, a dedo, entre maestros también especialmente afectos al Régimen.

Los directores establecía los horarios y métodos, los sistemas de promoción, etc. Los maestros más allegados y adictos al director, los de su camarilla, eran los que copaban las clases superiores, que eran las que suministraban las permanencias. Estando ejerciendo en un colegio público de la plaza de España de Barcelona fuimos testigos del comportamiento dictatorial de los directores. Un compañero pidió permiso a la dirección para ausentar de clase por tener que acompañar a su esposa para dar a luz. El director no solo se lo denegó sino que ordenó al conserje que cerrara la puerta de salida con llave para que no pudiera salir. En tales condiciones cabe preguntarse qué parcela de iniciativa le quedaba al maestro. Ninguna, porque el director no le dejaba. El cuerpo de directores escolares constituía un corsé para el trabajo y las iniciativas personales de los maestros..

Los inspectores, que habían de ser asesores, guías, eran burócratas, administrativos, rutinarios. No ayudaban ni aconsejaban. Más bien coaccionaban la libertad creadora. El inspector era un "castigador" un "vigilante". Eran algo así como "los guardias civiles de la enseñanza”. No había inspectores como Herminio Almendros de la época republicana que, no solo aprobó la técnica Freinet que algunos maestros aplicaban en su sus escuelas, sino que la difundió a todos los maestros que pudo. Ahora para la gran mayoría de nuestras escuelas primarias es suficiente con aprender la mecánica de unas operaciones, escribir sin faltas de ortografía, estudiar las capitales, ríos, mares y montañas del mundo, una retahíla de reyes y de guerras y tratados; estudiar el catecismo..., y paremos de contar. La fuente de sabiduría es el libro de texto. El maestro sin él se encuentra perdido. El método hace a los alumnos totalmente pasivos. No se fomenta, en modo alguno, el espíritu de observación, de comparación, de reflexión. Así, el niño se vuelve rutinario, receptivo, inmóvil, sin imaginación ni poder creador. La Enseñanza Primaria no es más que una suma de verbalismo. La escuela es, para los niños, una obligación impuesta, letra muerta, y no un lugar de auténtico interés.

Cuando Villar Palasí decide poner en marcha la reforma, no parece haberse formulado esta cuestión: ¿Quiénes reciclarán a los profesores? Nadie. Los directores escolares constituían un colectivo que no servían para nada e, incluso constituían un obstáculo que había que derribar. Tampoco hubieran respondido los inspectores, porque el simple hecho de pensar que ese cuerpo era capaz de hacer avanzar el Magisterio constituía una invitación a la risa o al llanto.Y en las Universidades podían encontrarse muy pocos expertos en Educación y Didáctica.

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