La empresa Ferrovial contrató a la hija del diputado del PP en Cantabria César Pascual, cuando este le adjudicó un contrato de 900 millones para la obra del hospital de Valdecilla. La obra ha sido criticada por sobrecostes, deficiencias y lo que se considera una "privatización encubierta". El proyecto según publica Eldiario.es consistía en terminar las obras de ampliación del centro y conceder todos los servicios no sanitarios, con un costo para la Administración de más de 900 millones de euros durante 20 años. En el año 1999, cuatro personas murieron tras el derrumbe de la fachada del hospital.
La empresa constructora Ferrovial ha contratado a dos hijos del diputado del PP en Cantabria, César Pascual. En 2013, Pascual, quien era gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, otorgó un contrato millonario para la gestión no sanitaria del centro a una empresa propiedad de la familia Del Pino. Además, se aseguró de que la empresa estuviera protegida durante más de dos años en caso de incumplimiento del contrato.
El contrato para la renovación del centro fue otorgado a Ferrovial, quien ha estado en el centro de la polémica debido a su traslado a Países Bajos y que presentará su propuesta a los accionistas el 13 de abril. La empresa se asoció con Siecsa, una compañía local, para obtener la adjudicación. El Gobierno cántabro, que entonces estaba bajo el control del Partido Popular, otorgó el contrato después de casi dos décadas de obras, retrasos y problemas económicos.
María José Sáenz de Buruaga, quien en ese momento era la líder popular en Cantabria y consejera de Sanidad, nombró a César Pascual como gerente de Valdecilla al asumir su cargo en 2011. Pascual fue el encargado de firmar la resolución del "contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado para la realización de una actuación global e integrada" en el hospital cántabro, no la propia consejera.
Después de un proceso de "diálogo competitivo", Ferrovial fue la única empresa que presentó una oferta, ya que otras tres UTES formadas por grandes constructoras como OHL, ACS, Acciona o San José se retiraron del proceso. Según la documentación disponible en la plataforma de contratación del Estado, Pascual firmó la adjudicación el 23 de noviembre de 2013. Además, en ese mismo mes, la hija de Pascual, Andrea Pascual, fue contratada por Ferrovial como ingeniera en el New Doha International Airport de Qatar, según su perfil en LinkedIn.
En un correo electrónico, Pascual afirmó que su hija fue contratada con anterioridad al mismo mes en el que él comenzó a trabajar. Explicó que ella estaba trabajando en Marruecos para una empresa francesa y Ferrovial le ofreció un contrato muy sustancial en Qatar. Según él, los contratos y visados para trabajar allí no se formalizan en una semana y no todos los ingenieros de caminos españoles dominan inglés y francés, especialmente si son mujeres.
Pascual asegura que su actuación en el procedimiento fue impecable y que no había motivos para inhibirse ni hubo conflicto de interés. Según él, la adjudicación del contrato se realizó al único licitador que quedó después de todo el proceso, por lo que no era posible un supuesto trato de favor. Además, el informe técnico confirmó que cumplían con los requisitos y su obligación como órgano de contratación era adjudicar. En caso de haber habido más de un licitador, Pascual se habría abstenido de la mesa de contratación, pero ese no fue el caso.
De acuerdo con Pascual, para que haya un conflicto de intereses se necesita la posibilidad o la oportunidad de priorizar el interés privado al tomar una decisión. En este caso particular, no se presentaron ninguna de estas circunstancias ya que no hubo necesidad de elegir ni tomar decisiones, ya que la adjudicación era obligatoria al cumplir los requisitos necesarios.
Andrea Pascual continúa trabajando en Ferrovial como project manager en la ampliación del aeropuerto JFK de Nueva York, una importante obra para el grupo de la familia Del Pino.
El diputado del partido popular admite que su hijo César trabaja como ingeniero en la empresa de los Del Pino y es jefe de producción en el proyecto de renovación de desvíos en la Línea de Alta Velocidad Madrid-Sevilla desde 2018.
Según Pascual, su hijo ingresó a Ferrovial junto con la mitad de su promoción y logró aprobar ingeniería de caminos sin repetir ningún curso y estando entre los mejores. Él afirma que las empresas como OHL y Ferrovial buscan a los mejores talentos. A pesar de haber trabajado con todas las empresas que han obtenido contratos de construcción, Pascual asegura que no tiene nada en contra de Ferrovial. Además, menciona que ya ha anunciado su retirada de la política, por lo que considera inútil publicar un reportaje sobre sus relaciones con la multinacional.
Un diputado autonómico del Partido Popular, quien es médico especializado en gestión sanitaria y fue director gerente de Valdecilla desde 2011 hasta 2015, firmó una resolución en junio de 2015 que impidió a la Administración regional sancionar y penalizar a la adjudicataria Ferrovial por incumplimientos del contrato durante dos años. Según una fuente del sector, esta cláusula no se ha aplicado en ninguna concesionaria de Madrid. Cabe destacar que en ese momento el PP ya estaba en funciones y enfilaba la salida del Gobierno cántabro.
"Según las investigaciones, el perjuicio asciende a 2 millones de dólares", se informó sin dar más detalles al respecto.
El 17 de junio de 2015, Pascual tomó la decisión de aplicar el mecanismo de deducciones y los objetivos de rendimiento vinculados a los indicadores de estado de la infraestructura y calidad y disponibilidad de los servicios seis meses después de su entrada en funcionamiento. Esta resolución se produjo tres semanas después de las elecciones autonómicas de ese año. Además, se estableció la necesidad de implementar una nueva herramienta informática llamada Aurora para registrar todas las incidencias que puedan ocurrir.
Pascual explicó que entendía que las penalizaciones del contrato entrarían en vigor cuando se hiciera el traslado del hospital viejo al nuevo, ya que no podía achacar el funcionamiento del hospital viejo a Ferrovial. A pesar de la polémica generada por este contrato, el PSOE ha presentado numerosos recursos y demandas, perdiéndolos todos.
En abril de 2017, el Gobierno cántabro del PRC y el PSOE declaró que la resolución en cuestión era perjudicial para el interés público. Según su interpretación, se emitió sin el informe jurídico necesario y se basó en una interpretación forzada del contrato de concesión, lo que favoreció exclusivamente al contratista y perjudicó a la Administración contratante.
En 2019, la exconsejera de Sanidad de Cantabria del partido PSOE, María Luisa Real, afirmó que el bloqueo de posibles indemnizaciones por parte de Ferrovial había causado "más de dos millones de pérdidas para los intereses públicos" durante más de dos años. El Gobierno cántabro logró anular esta decisión en febrero de 2019 gracias al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Santander. Sin embargo, Ferrovial apeló y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) revocó la decisión anteriormente tomada.
En una conversación telefónica, Pascual afirma que la justicia no le dio la razón a él, sino a Ferrovial. Según él, los tribunales dictaminaron que su conducta no perjudicó al Gobierno.
En febrero de 2020, el TSJC revocó la suspensión provisional de la resolución de Pascual que había sido impuesta por el Gobierno cántabro en noviembre de 2016. El tribunal argumentó que, a pesar de las afirmaciones del Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla, sí existía un informe jurídico encargado por dos empresas externas -la consultora estadounidense Hill International y Antares Consulting, especializada en el sector sanitario- y no por la Administración.
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria determinó que aunque el informe no fue firmado por la Consejería o la Dirección General de Sanidad de Cantabria, el hospital de Valdecilla es una entidad dependiente del Servicio Cántabro de Salud y parece estar desvinculado de la organización jerárquica y presupuestaria del Gobierno de Cantabria.
El director del Hospital decidió externalizar la asesoría jurídica debido a la complejidad del contrato que se iba a implantar, lo cual era lógico ya que los servicios de asesoramiento jurídicos debían ser propios. Esto se menciona en la sentencia del TSJC.
Pascual comenta que no entiende por qué se insiste en que recibió un trato de favor de Ferrovial, ya que los recursos judiciales demostraron que el proceso fue transparente y legal. Además, asegura que ningún fallo judicial fue en contra del contrato.
Aunque ha habido decisiones en este sentido, como la del Tribunal Supremo en marzo de 2021, que obligó a Ferrovial y Siec a pagar por el mantenimiento del sistema quirúrgico robotizado Da Vinci IS3000, que cuesta más de 163.000 euros al año y afecta a la tecnología presente o futura del centro, según informó el gobierno cántabro en ese momento.
Según Pascual, algunos partidos políticos no estaban a favor de los contratos de colaboración público privada por motivos políticos, pero esto no significa que dichos contratos no se hayan formalizado correctamente según la ley de contratos.
En 2018, Ferrovial contrató al hijo de Pascual, César, quien en ese momento era director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid bajo la presidencia de Cristina Cifuentes. Esto marcó un nuevo encuentro entre ambas empresas.
Junto con otros tres altos cargos, este individuo fue acusado de prevaricación en relación al concurso de transporte de ambulancias a hospitales del SUMMA que otorgó el servicio a Ferrovial.
En el año 2019, después de que Pascual fuera cesado en el Gobierno madrileño, la empresa Ambulancias Alerta presentó una querella por el concurso en el que quedaron primeros con una oferta de 72,3 millones, pero el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid decidió archivarla. La empresa presentó grabaciones en las que se escuchaba a altos cargos del gobierno presionando para que renunciaran al contrato debido a que habían ofrecido una rebaja excesiva. Como resultado, Alerta renunció y la segunda clasificada, Ferrovial, ganó el contrato por un valor de 76 millones de euros.
Pascual declaró que participó en una investigación relacionada con Ambulancias Alerta, pero aclaró que no tenía ninguna relación con Ferrovial. A pesar de esto, se ha mezclado todo. Pascual también afirmó que no formaba parte del órgano de contratación ni estaba presente en la mesa de contratación. Después de que se archivara el procedimiento, Pascual ocupó el puesto número 7 en la candidatura del PP de Cantabria para las elecciones autonómicas de mayo de 2019.
La empresa que ganó el contrato para construir el hospital de Valdecilla es propiedad de Ferrovial Servicios, la cual fue vendida al fondo Portobello hace un año. A pesar de ello, Ferrovial aún posee una participación del 24,7% en esta filial, ahora llamada Serveo.
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