Estas son las medidas que pretenden rebajar entre un 22 y un 30% el recibo de la luz:
- Recorte de 2.600 millones a los beneficio de las eléctricas: las eléctricas devolverán los beneficios extraordinarios que están obteniendo en el mercado eléctrico como consecuencia de los altos precios del gas, una cantidad que el Ejecutivo cifra en 2.600 millones con los precios actuales. Esta norma afectará a centrales nucleares, hidráulicas y renovables con una capacidad instalada superior a 10 megavatios (MW) siempre que el precio del megavatio hora en el mercado del gas español (MIBGAS) sea mayor de 20 euros.
- Reforma fiscal: se reduce el impuesto de la electricidad del 5,11 % al 0,5 % hasta final de año y se amplía durante el cuarto trimestre la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica del 7% que pagan las productoras de energía. Estas medidas se unen a la rebaja del IVA de la luz del 21 % al 10 % que ya aprobó el Gobierno el pasado mes de junio hasta que finalice 2021.
- Subastas de CO2: se destinarán 900 millones adicionales, hasta un total de 2.000 millones, de lo recaudado por el Estado en las subastas de CO2 para rebajar los costes del sistema eléctrico en la factura de los consumidores. Las nucleares ya han amenazado al Gobierno especialmente por este punto.
- Subastas de electricidad: las grandes eléctricas (Endesa, Ibedrola, Naturgy y EDP) deberán subastar energía de forma proporcional a su cuota de mercado a las comercializadoras independientes y los grandes consumidores. Las eléctricas podrán rechazar las ofertas situadas por debajo de un precio mínimo fijado por la CNMC y la primera subasta se llevará a cabo antes de que acabe el año.
- Limitar la subida del gas ante la proximidad de la bajada de temperaturas: ante la llegada del invierno, en el que se prevé un mayor consumo de gas, y debido al encarecimiento de esta materia prima en los mercados internacionales, el Gobierno limitará la subida de la tarifa regulada del gas natural hasta el 4,6 % en su próxima revisión trimestral de octubre, en lugar del 29 % que le corresponde.
- Nuevo suministro mínimo vital: se crea el llamado «suministro mínimo vital» con la intención de que la medida se mantenga en el tiempo, ampliando en seis meses la prohibición de cortes en el suministro a los consumidores vulnerables. Sumado a los cuatro meses ya existentes, el Gobierno garantizará un abastecimiento mínimo de confort durante un total de 10 meses.
- Mayor control a las hidroeléctricas: se modifica la Ley de Aguas para evitar que se vacíen los embalses por las malas prácticas de algunas compañías, que venden su producción cuando los precios de mercado están más altos para maximizar sus beneficios. Así, se fijará un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en cada confederación hidrográfica cuando se inicie el año.
- Reforma de la tarifa regulada: se prevé una reforma de la tarifa regulada o PVPC, a la que están acogidos casi 11 millones de consumidores, para que se incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10 %.
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