En la pieza 8 del caso Púnica, el exconsejero madrileño Francisco Granados y otras 42 personas han sido propuestos para ser juzgados por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Se investigan las presuntas irregularidades ocurridas entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).
En la pieza 8 de Púnica, el auto de pase a procedimiento abreviado ha sido dictado por el magistrado. Se han investigado las irregularidades de Granados durante su gestión como consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, como consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
El juez titular del Juzgado Central de Instrucción Seis ha emitido una resolución extensa de 146 páginas en la que concluye que los actos cometidos constituyen los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y falsedad documental. En su dictamen, se propone llevar a juicio no solo a Granados, sino también a varios empresarios como el constructor David Marjaliza y Javier López Madrid. Por otro lado, se decide archivar la causa para cuatro investigados, incluyendo al empresario José Luis Ulibarri.
En su auto, el juez describe la estrategia empleada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de MINTRA en beneficio de la trama. Según se detalla, "se otorgaba a los funcionarios investigados, responsables de redactar los pliegos técnicos, no solo la autoridad para establecer el precio, el plazo del contrato, la selección de los criterios de valoración y la evaluación posterior de las ofertas, lo que garantizaba desde el principio la elección del adjudicatario, sino también el control para aumentar el precio inicial y la adjudicación del contrato e incluso extender el plazo de finalización, mediante las justificaciones proporcionadas para asignar contratos modificados y complementarios", explicó. Las obras bajo investigación incluyen el tramo 1C en METRO SUR, el tramo 1 A en METRO NORTE y la nueva línea a Boadilla en METRO LIGERO.
La destitución del cargo de consejero de Transportes a Granados por parte de la presidenta Esperanza Aguirre fue explicada por el auto, en respuesta a la petición realizada por alguno de los proveedores de aquella Consejería. Sin embargo, al mismo tiempo, se le ofreció a dicho investigado presidir la secretaría general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
El juez afirma que, en la reorganización reciente llevada a cabo, Granados tomó nuevas responsabilidades al ser designado para liderar la empresa pública encargada del desarrollo del suelo de la CAM, ARPEGIO ÁREAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL S.A. (ARPEGIO), la cual anteriormente formaba parte de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Además, se le confiaron a la empresa pública ARPEGIO tareas relacionadas con la gestión de una porción de los FONDOS PRISMA, y se estableció la FUNDACIÓN ARPEGIO. Según el auto, esto significaba que el investigado volvía a tener bajo su control un importante patrimonio, así como la autoridad final en la adjudicación de contratos para proyectos de construcción civil y actividades urbanísticas e inmobiliarias.
Por decisión del Gobierno de la CAM, que estaba bajo la influencia de Francisco Granados, se confirió el control de todo el proceso de adjudicación a la empresa pública ARPEGIO. De esta manera, nuevamente quedó bajo la supervisión de dicho investigado la asignación de parcelas para la construcción de viviendas libres y protegidas en la Comunidad de Madrid, así como la adjudicación de terrenos de los Ayuntamientos pertenecientes a cada Consorcio.
Según el juez, se ha establecido que Granados y el constructor David Marjaliza habrían llegado a un acuerdo para asignar parcelas públicas de una de las promociones más relevantes que la empresa pública tenía previsto desarrollar, conocida como "Ciudad Jardín" en Arroyomolinos, a alguna de las empresas de Marjaliza. Dentro de este proyecto, la entidad ARPEGIO tenía planeado construir más de 3.950 viviendas, de las cuales más del 50% estarían destinadas a algún tipo de protección.
Antes de que el Consejo de Administración de ARPEGIO resolviera la adjudicación en favor de aquella sociedad, los contratos de compraventa entre ARPEGIO y una de las empresas de Marjaliza, ARANAN, fueron firmados, según lo expresado por el magistrado.
Durante las festividades navideñas de los años 2006 y 2007, María Nieves Alarcón, junto a su esposo Granados, utilizó fondos públicos a través de ARPEGIO para obsequiar cestas de Navidad a personas cercanas en confianza y conocidos del matrimonio, como colegas de trabajo, profesores de sus hijas o profesionales médicos que les habían brindado atención. Según la resolución, Alarcón hizo entrega de las cestas a todos ellos en nombre de ARPEGIO.
El magistrado indica que la cantidad total de 100.139,17 euros se desvió de las arcas públicas de ARPEGIO, todos esos gastos por "obsequios de navidad" que tendrían que haber sido abonados por los investigados Granados y María Nieves Alarcón, al tratarse de un gasto personal del matrimonio.
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