La presidenta de la Comunidad de Madrid ha afirmado que esta denuncia proviene de una "inspección fiscal a un ciudadano que no tiene ninguna relación" con su Gobierno. De esta manera, Ayuso ha justificado que durante la pandemia su pareja haya supuestamente defraudado 350.000 euros a Hacienda mediante el uso de facturas falsas y empresas pantalla.
Sin embargo no es así. Ayuso ha vuelto a mentir ya que no se trata de una inspección fiscal ya que el pasado 5 de marzo presentaron una querella contra Alberto González en los juzgados en los que ha sido acusado de tres delitos, dos por fraude fiscal durante los ejercicios de 2020 y 2021 y otro por aportar facturas falsas.
González habría utilizado 15 facturas con un valor total de 1.750.000 euros para desgravar gastos inexistentes, disminuir los beneficios reales y pagar menos impuestos.
Si se confirma que la intención de la pareja de Isabel Díaz Ayuso era defraudar a Hacienda, podrían haber incurrido en un delito penal. Para que esto ocurra, deben cumplirse dos condiciones: que la cantidad defraudada sea superior a los 120.000 euros, como es el caso, y que exista dolo, es decir, la intención o voluntad de defraudar al fisco.