En su denuncia, Arnáu de la Nuez, señala al rey Juan Carlos de Borbón, como presunto autor de nada más y nada menos que 1.051 delitos comunes ocultados "presume" por todos los poderes del Estado, conjurados para la ocasión.
Arnáu de la Nuez, indica en su blog, que actualmente se encuentra preso en la cárcel de Segovia debido a que puede demostrar las siguientes acusaciones:
Primero: que el rey Juan Carlos I, abdicó porque un ex agente del CESID le amenazó con hacer públicos sus múltiples delitos.
Segundo: que el Presidente del Tribunal Constitucional mantiene "ocultas" las denuncias contra él.
Tercero: que todas las sentencias judiciales, los autos, providencias y todo su expediente penitenciario contra su persona, son falsos y fueron en su día prefabricados para justificar su encarcelamiento como cualquier delincuente común, manteniéndolo así mismo aislado e incomunicado para con su familia y amigos no siendo visitado por ningún médico forense hasta la fecha. Afirma estar enfermo de diabetes Tipo-I y que carece de la dieta y cuidados necesarios para el tratamiento de su enfermedad, para así atentar contra su vida y asegurar su silencio.
Cuarto: que es conocedor de la mayoría de los secretos que han mantenido ocultos todos los Gobiernos del Estado Español desde 1982 hasta el día de hoy, siendo poseedor de documentos que demuestran su teoría y que desea hacer públicos.
Quinto: que el Borbón ha amasado una fortuna superior a los 33.000 millones de eurosque mantiene ocultos en cuatro diferentes paraísos fiscales y de haberse apropiado, así mismo, de 16.000 millones de euros provenientes de los preferentistas de Bankia y las Cajas de Ahorro.
Sexto: que, además, el monarca ganó 3.800 millones de euros por intermediar en la operación de privatización de REPSOL-YPF, y de llevarse 1.040 millones de dólares, por otra parte, por la O.P.A. de la empresa LUKOIL junto a su cómplice la Princesa alemana Corinna. Acusación que amplia señalándole como beneficiario comisionado de 12 millones de eurosrecibidos de Javier de la Rosa y un grupo inversor árabe en las Torres KIO. Comisión que une a las cobradas durante más de 25 años por los barriles de crudo que España compra a Arabia Saudí.
Séptimo: que confirma la veracidad y el rigor informativo de todo el contenido del libro sobre el 23-F escrito por la periodista Pilar Urbano. Sobre este asunto, afirma que el 23 de febrero de 1981, la autoridad militar competente bajo el pseudónimo de "El Elefante Blanco" que debió comparecer en el Congreso de los Diputados era el rey Juan Carlos I (según documentos clasificados obrantes en su poder). Igualmente, confirma la asistencia del monarca de forma "disfrazada" en varias de las reuniones previas el 23-F en un piso de la Calle General Cabrera, sito en Madrid, junto a Generales y Jefes de las Fuerzas Armadas; así como de "seis civiles".
Todas estas acusaciones (en forma de denuncia) se mantienen ocultas, afirma, por parte de la Fiscalía General del Estado y el Gobierno, quien niega su existencia.
El ex agente, está considerado como interno F.I.E.S. (Muy peligroso) y está sometido a un estricto control de seguridad, impidiendo cualquier comunicación con el exterior. En el pasado, afirma haber sido agente del CESID, del Ministerio del Interior Español y espía en terceros países durante más de 20 años, por lo que conoce los entresijos de "La Casa" y las cloacas del Estado.
Continúa su comunicado exigiendo que la Casa Real haga pública la carta de doce folios con la que obligó a abdicar al monarca. Ruega a la opinión pública que obligue a la Casa Real a hacer públicos los 223 documentos y 31 misivas que ha recibido de su parte.
En esta línea, insta al Presiente del Congreso de los Diputados una explicación pública de por qué se mantienen paralizada la petición número 380 de la Comisión de Investigación Parlamentaria por Corrupción Judicial y Política presentada con aporte de pruebas por su persona.
Estas y otras peticiones aparecen en su comunicado que puede visualizarse de forma integral en su blog personal, donde incluye acusaciones que interpuso contra cientos de ex-ministros, diputados, senadores, obispos, políticos, etc.
Finalmente concluye el comunicado solicitando a toda la sociedad española que inicie una campaña de protestas públicas, a través de las redes sociales, de todos los medios de comunicación posibles, en las calles, en las empresas y en todos los foros públicos para exigir al Gobierno su liberación para poder hablar y probar públicamente la veracidad de todas sus acusaciones.
Si (
No(
