El Viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Alfonso Martínez Baños ha denunciado que la Asamblea Regional “está secuestrada” por Fernando López Miras, los diputados y diputadas tránsfugas y la extrema derecha.
“Una semana más, comprobamos como las Juntas de Portavoces, que son las que ordenan la actividad parlamentaria, se han convertido en un auténtico paripé en donde los grupos parlamentarios de la oposición no tenemos ninguna opción de opinar, ni introducir actividad parlamentaria”, ha señalado.
En este sentido, ha indicado que en la Asamblea Regional la actividad parlamentaria se reduce a los intereses de los diputados y diputadas tránsfugas y la extrema derecha.
“La semana que viene se quedarán fuera, de nuevo, temas tan importantes para la Región de Murcia, como son la recuperación y protección del Mar Menor o la actividad que debería desarrollar la Comisión Especial de Investigación sobre el protocolo de vacunación contra el Covid”, ha concluido.
El PSOE denuncia “el trato indigno” de la Consejería de Salud a las mujeres que pasan por una interrupción del embarazo forzada por problemas de salud
La Diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Hernández, ha denunciado “el trato indigno” de la Consejería de Salud hacia las mujeres que pasan por un proceso de interrupción del embarazo forzada por cuadros de malformaciones fetales u otros problemas graves de salud.
“Estamos hablando de maltrato institucional, consentido y silenciado por el Gobierno regional. Cuando las interrupciones de embarazo se realizan por criterios médicos, como malformaciones fetales u otros problemas graves de salud, se están derivando de forma regular a centros privados de los que hemos recibido numerosos testimonios de mujeres insatisfechas y muy dolidas con el trato recibido”.
En este sentido, ha indicado que, si la interrupción por criterio de salud se realiza a partir de la semana vigésima de gestación, el Sistema Murciano de Salud deriva exclusivamente a un centro privado, en concreto, a una clínica de la Comunidad de Madrid, “de la que también hay muchas quejas por el trato deshumanizado recibido por las mujeres”.
Lara Hernández ha afirmado que “estos hechos son muy graves y que es inexplicable” que una situación que afecta a las mujeres en un momento en el que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y que deberían tener apoyo, sea justo cuando el Sistema Murciano de Salud las deriva a Madrid en vez de ser atendidas en su propia Región.
“Además, hemos constatado que la cuantía máxima diaria que se abona a las mujeres desplazadas a esta clínica privada es de 40 euros diarios, de los cuales 25 corresponderían al alojamiento y 15 a la manutención.
“Es inconcebible” que después de obligar a una mujer en esas circunstancias a tener que desplazarse 400 kilómetros, se le regatee de este modo sobre una estancia obligatoria que debiera estar cubierta para ella y su acompañante, de la misma forma en la que se atiende a cualquier otra paciente de la sanidad pública murciana”, ha añadido.
La Diputada socialista se ha preguntado si “esta rotunda y evidente discriminación se debe tan solo a los criterios ideológicos de un Gobierno que cada vez deriva más a la ultraderecha. “¿Acaso gobiernan solo para una parte de las mujeres murcianas? ¿No deberíamos tener todas las mujeres los mismos derechos?”
Ha asegurado que cualquier tipo de maltrato o falta de asistencia durante el proceso legal de una interrupción de embarazo está considerado también como violencia obstétrica. “Desgraciadamente, podemos asegurar que el Sistema Murciano de Salud la está ejerciendo en contra de las mujeres de la Región que se ven obligadas a pasar por estos procesos”
Lara Hernández ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una moción en la Asamblea Regional para que el Gobierno regional actúe de inmediato y asegure que ninguna mujer a la que se le vaya a practicar una interrupción de embarazo por criterios médicos, tenga que ser derivada a un centro privado de fuera de la Región de Murcia.
Los socialistas también exigen a la Consejería de Salud que ofrezca asistencia psicológica y ayuda jurídica a las mujeres víctimas de violencia obstétrica; asumir un firme compromiso de realizar necropsias de todos los fetos que hayan sufrido una interrupción de embarazo por criterio médico; asegurar una cartera de profesionales sanitarios que asistan en cualquiera de los centros públicos de la Región a mujeres para una IVE y que, tal y como dicta la Ley, se ofrezcan toda una serie de condiciones para que las mujeres reciban un trato digno durante este proceso.
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