Familias de víctimas de la DANA en Valencia exigen justicia y responsabilidades a las autoridades, especialmente al presidente Carlos Mazón, por su inacción durante la tragedia. Acusan a la Generalitat de negligencia y critican la falta de alertas adecuadas. Se organizan protestas para visibilizar su dolor y búsqueda de justicia.
Familias de las víctimas de la DANA que devastó parte de la provincia de Valencia el 29 de octubre se han unido a SOS Desaparecidos para exigir responsabilidades judiciales a aquellas personas que, debido a su cargo, pudieron haber tenido alguna responsabilidad y no actuaron durante esa trágica jornada. Para ellos, sus seres queridos "no han muerto, les han asesinado", como se puede leer en las camisetas que portaban junto a las imágenes de sus familiares durante la presentación del informe pericial, donde argumentan que los errores cometidos por las autoridades constituyen homicidios imprudentes.
Dolores Ruiz, Rosa Álvarez y Encarna Martínez son algunas de las personas afectadas por la DANA que han decidido unirse a esta causa. La primera ha sufrido la pérdida de su marido y sus dos hijos, lo que describe como "un infierno": "Dígame usted, qué padre, como ve que su hijo se va y no puede hacer nada", expresa con tristeza. En este contexto, afirma que "lo único" que podría brindarle "un poco de paz sería la justicia y que paguen los que no han hecho bien su trabajo".
Se descarta que "el Gobierno central" sea el culpable de la mala gestión llevada a cabo esa tarde; en realidad, "es el gobierno de la Comunitat Valenciana" el que debe asumir la responsabilidad. Dolores critica directamente al actual president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, señalando que "ese señor ese día estaba desaparecido del mapa y no sabía las muertes que tenía en su comunidad". Aún permanece como un misterio lo que hizo aquel barón 'popular' mientras centenares de valencianos enfrentaban una situación crítica.
En resumen, Dolores expresa su deseo de que "esto se olvide" porque no solo le han "arrebatado la vida" a sus hijos y su marido, sino también a la suya propia: "Esto lo llevo yo dentro de mi alma". Aunque reconoce que la cobertura mediática del tema la hace sentir "abrumada", continúa luchando por aquellos que afirma "han tenido una muerte muy horrorosa".
Encarna Martínez no dudó en dirigirse a Mazón durante la presentación del informe pericial. Le recordó que "no todo vale ni dinero ni escaños" y subrayó: "No debería acabar la legislatura para ganar 75.000 euros", en referencia a las recientes informaciones que sugieren que el 'popular' podría asegurarse un salario público de esa cantidad durante dos años si se mantiene como presidente hasta el 13 de julio. Además, criticó la idea de que "se pensaba" que las víctimas no iban a "hablar ni luchar".
Con su camiseta de protesta, no ha vacilado en expresar que "los políticos llegan 227 víctimas tarde". La indignación es palpable entre los afectados, y Rosa Álvarez, quien perdió a su padre esa tarde, ha hecho un llamado a una concentración que se llevará a cabo frente a la sede nacional del Partido Popular (PP) en la calle Génova de Madrid, este viernes por la tarde.
Una de las conclusiones del informe presentado este viernes es que "fueron abandonados por las administraciones públicas", según ha destacado el perito judicial Chema Gil, encargado del análisis. Esta documentación afirma que "se ha hecho contra la opacidad y la 'omertà'" de las instituciones locales en Valencia, haciendo referencia a aquellos "ayuntamientos que deberían contar con un servicio de protección civil profesional técnico". Además, subraya que ninguno de estos consistorios declaró "un estado de preemergencia".
Gil ha expresado críticas hacia la administración regional de Carlos Mazón, conocida como la Generalitat valenciana. En este contexto, destaca que "la jueza de Catarroja es clara": "Ha protagonizado un desastre y tanta desidia que muchas de esas muertes se podían haber evitado". Además, señala que "a partir de las 8:00 existían motivos más importantes y suficientes para lanzar la alerta que se envió [pasadas] las 20:00". Respecto al contenido de la alerta, ha comentado que "es un chiste malo" y se ha cuestionado: "¿No saben redactar un mensaje en condiciones?".
El perito ha mencionado al presidente valenciano, recordando que este afirmó "que no es miembro del CECOPI". Sin embargo, también destacó que "la ley de 2010 se modificó en una ley ómnibus", la cual "obliga al president a asumir la gestión de los recursos". En resumen, "tenía la obligación legal de estar allí", a diferencia de lo que sostiene el partido 'popular'. Dolores ha expresado su descontento diciendo: "Cómo nos engañan a los que no entendemos".
El perito ha refutado las afirmaciones de Mazón sobre el supuesto "apagón informativo" que atribuyó a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ambas bajo la dependencia del Gobierno central. En este contexto, Juan Manuel Medina, integrante del equipo jurídico de SOS Desaparecidos, ha subrayado sin titubear que "la máxima responsabilidad, al menos en las primeras 48 horas, es del president de la Generalitat".
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