El juez Adolfo Carretero, quien llevó a cabo el interrogatorio que ha recibido numerosas críticas de la actriz Elisa Mouliaá tras su denuncia contra Íñigo Errejón por agresión sexual, no considera que ofendiera a la denunciante durante su declaración. Fuentes cercanas al magistrado han afirmado a laSexta que se limitó a cumplir con su deber, formulando preguntas sobre los hechos en investigación y lo que estaba expuesto en la denuncia. Por ello, sostienen que es "lógico" que algunas de sus preguntas pudieran resultar incómodas para ella.
Carretero opina que ha actuado "bien", lo que ha llevado a estas fuentes a confirmar que solicitará amparo al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debido a las críticas que ha enfrentado recientemente. El magistrado sostiene que se trató de un interrogatorio y que las preguntas formuladas eran adecuadas. "Hice mi trabajo porque esa prueba ha de ser consistente", declaró a estas fuentes.
Los medios de comunicación también son objeto de acusaciones por proporcionar información parcial y por llevar a cabo filtraciones selectivas de los interrogatorios efectuados a Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá.
El abogado de la actriz, Alfredo Arrién, ha afirmado que el juez se muestra "bastante duro y directo". Además, ha reconocido que comprende la respuesta de la ciudadanía, que ha presentado hasta 900 quejas a través del formulario de atención del CGPJ. También es consciente de que este proceso podría dar lugar a diversas medidas; sin embargo, su mayor deseo es que "no desemboque en una recusación" de Íñigo Errejón, ya que no le gustaría que su representada tuviera que declarar nuevamente. "No me gustaría que Elisa Mouliaá tenga que volver a declarar", señaló.
Una diligencia informativa fue abierta por el CGPJ al juez Adolfo Carretero tras las denuncias recibidas sobre su actuación durante la declaración de Elisa Mouliáa. En caso de que se determine que su comportamiento constituye una falta leve, el juez podría enfrentarse a una multa de hasta 500 euros; si se considera una falta grave, la sanción podría ascender a 6.000 euros. Además, si su conducta es calificada como muy grave, podría arriesgarse a la suspensión de su carrera judicial por un período de tres años.
Hasta ahora, una investigación preliminar ha sido iniciada debido a las quejas presentadas por 900 personas que completaron un formulario en el portal de atención al ciudadano del órgano constitucional.
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