No está mal recordar que en 2022 hubo 18.731 delitos contra la libertad sexual, de los cuales 8.337 corresponden a menores de 18 años (44,5%). Entre las víctimas, la mayoría eran niñas, representando el 81,7%. Estos datos destacan que ser niña o adolescente es un factor de riesgo significativo en casos de violencia sexual (gobierno M. interior 2023)
Según un estudio de Noemi Pereda (Abril 2024), sobre la victimización sexual en la adolescencia, hay un aumento preocupante de la violencia sexual hacia los adolescentes en España., y es un tema que casi nadie quiere tocar, e incluso tenemos cierto tabú en los mass media. Hay además una creciente exposición a la explotación sexual online (reflejo de la negligencia de la sociedad en la protección de las adolescentes), pero lo que más me preocupa es la normalización de la explotación sexual, (en España llega al 2,6%(), empezando a no ser vista como tal, pues incluso algunos adolescentes se refieren a ella con términos como “sugar baby”, despojando a la explotación sexual, de su parte negativa.
La explotación sexual de menores sigue estando presente, pero se puede volver invisible si usamos lo eufemismos y la negligencia en la intervención social, política y judicial. Es cierto que los explotadores aprovechan las carencias afectivas y emocionales de los menores, especialmente de los más vulnerables, como los niños y adolescentes tutelados por el Estado,….¡que tristeza!
Estas jóvenes, a menudo con experiencias previas de abuso en sus familias de origen, carecen de un núcleo familiar estable que les brinde apoyo y protección. Esta falta de referencia emocional les convierte en presa fácil para los explotadores, quienes les ofrecen un falso sentido de familia y afecto.
No estaría mal que se potenciara a las familias de acogida como una solución para prevenir la explotación de estas jóvenes. Me apena como madre, que, a pesar de la gravedad de esta situación, la respuesta de las administraciones sea insuficiente y desconsoladora, cuando salen noticas como la de una Sentencia de Murcia, en donde los empresarios que abusaron sexualmente de menores no irán a la cárcel y aunque han asumido los delitos, los proxenetas tampoco irán a prisión, tras un acuerdo con la Fiscalía (Público.es; 11/09/24)
Recordemos que las competencias en materia de protección de menores son autonómicas, y mientras algunas comunidades, han tomado medidas para abordar el problema, la mayoría de las regiones ignoran la magnitud de la explotación sexual en sus territorios.
El informe citado anteriormente, se basa en datos y análisis detallados, y revela una realidad que no puede seguir siendo ignorada. La explotación sexual de menores, en cualquiera de sus formas, es un problema que demanda una respuesta urgente. Soy de la opinión de que se tiene que visibilizar mucho más la gravedad del tema y que se tomen medidas preventivas, para la mejora del sistema de protección infantil.
En fin, lo de del punto violeta está muy bien pero insuficiente, si no hay algo más.
Si (
No(
