En el informe de la Guardia Civil aportado este mismo viernes a la causa se involucra al mayor de los Mossos, Josep LluÍs Trapero.
La Guardia Civil ha aportado durante la mañana de este mismo viernes, según fuentes jurídicas, un “voluminoso” informe de “más de 300 folios” y “gran despliegue videográfico con multitud de carpetas” que ha provocado que la Fiscalía haya solicitado sin éxito la suspensión de las declaraciones del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero; la intendente del mismo cuerpo policial, Teresa Laplana; y los líderes de la Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.
Los investigados tendrán que comparecer de nuevo una vez sea analizado por las partes este documento, que involucra a los investigados en nuevos hechos en las jornadas precedentes al 20 de septiembre, cuando supuestamente tuvo lugar el delito de sedición al tratar de impedir los registros a la Consejería de Economía y asediar a los agentes, y también en fechas posteriores, incluido el propio uno de octubre, fecha en la que se celebró el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.
El informe, según las mismas fuentes, también involucra a otras personas además de las investigadas en la actualidad, pero ninguna de ellas es una autoridad.
El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ha contestado a todas las preguntas formuladas por las partes. Según su entorno, ha defendido su inocencia con la aportación de pruebas y ha manifestado que el tumulto que se formó frente a la sede de la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre era imprevisible. Otras fuentes jurídicas aseveran que se ha tratado de una comparecencia “exculpatoria” y “poco convincente”.
Por su parte, la intendente Teresa Laplana se ha negado a declarar alegando problemas médicos. También el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, se ha acogido a su derecho a no declarar, mientras que el de la ANC, Jordi Sánchez, solo ha contestado a su abogado, ante el que ha defendido su inocencia, después de declarar que no consideraba competente a la Audiencia Nacional para enjuiciar esta causa.
Todos han quedado en libertad sin que la Fiscalía haya pedido medidas cautelares.El Ministerio Público estudiará su solicitud cuando vuelvan a declarar, después de que puedan ser interrogados por el nuevo informe de la Guardia Civil.
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