Cuando uno oye hablar de pin parental, inmediatamente piensa en la capacidad de los padres para poder controlar el acceso de sus hijos a determinadas páginas webs, películas o para saber qué hacen sus hijos en el móvil y las redes sociales. Pin parental, en los contextos antes mencionados, es, evidentemente, sinónimo de seguridad y de protección y, por tanto, a priori, los más incautos, hasta acogen benignos esta propuesta que, además, otorga a los padres un mayor poder sobre sus hijos y sobre la educación de los mismos. Sin embargo, si ahondamos un poco en el propósito de la medida de VOX, rápidamente advertiremos que, lejos de ser una medida de protección, nos encontramos ante una censura sin precedente en la historia democrática de nuestro país.
El pin parental no implica libertad para que los padres elijan, sino que supone ausencia real de libertad para el libre ejercicio de la práctica docente porque, dígase claramente, utilizar ese poder es censurar los valores democráticos convirtiéndose en una objeción de conciencia a la democracia y a los principios de la misma. Mediante el pin parental se da vía libre para que vaya inoculándose en la educación laica y aconfesional un ligero tufillo retrógrado que nos recuerda, irremediablemente, al nacionalcatolicismo y a la moral mojigata e hipócrita de quienes impedían hablar abiertamente, por ejemplo, de la sexualidad y del aborto pero mandaban a sus púberes y castas hijas a abortar al Reino Unido.
Los populismos de derechas, tan en boga estos últimos años, cuyos referentes más conocidos, aunque cada caso deba estudiarse aparte, son Le Pen en Francia, Salvini en Europa, Bolsonaro en Brasil, Trump en EEUU y VOX en España, pretenden, bajo falsas apariencias, crear un caldo de cultivo que favorezca el desembarco de una ideología que en España empezó a languidecer, por más que se resguardaran en las filas del PP, extinta Fuerza Nueva, con la muerte del dictador Francisco Franco. Es precisamente por ese giro entre populista, neoliberal y ultraconservador, que la educación pública supone un peligro para alcanzar sus cometidos porque, frente al nativismo, la educación pública nos enseña que no hay extranjeros sino personas con los mismos derechos y los mismos deberes; frente al autoritarismo, la escuela pública propone los valores de la democracia; frente a la subordinación de la mujer al hombre, en las aulas se enseña la igualdad entre hombres y mujeres; frente al modelo tradicional de familia, en los centros públicos se muestran los distintos tipos de familia y que todos ellos tienen la misma argamasa que es el amor y el respeto de la pareja. En definitiva, frente a una España en blanco y negro, la educación pública plantea una España de diversos colores, de variados sentimientos pero con iguales valores: libertad, tolerancia, pluralismo, solidaridad, respeto, igualdad, bien común, justicia y participación.
Sin embargo, el pin parental no sólo se queda en una censura que pretende retrotraernos a épocas pasadas sino que, además, busca hacer deficitaria la educación pública para fomentar y poner en valor la enseñanza privada y concertada. Al igual que ocurrió con la sanidad pública en Madrid y que ha terminado con la privatización de muchos hospitales y con una sanidad pública empobrecida, el propósito es acabar con la educación pública en dos pasos, a medio y largo plazo, en el que también Madrid, modelo de privatización de servicios públicos, es un ejemplo. En primer lugar, se deteriora la educación pública aplicando recortes a troche y moche, atentando contra el profesorado y contra los centros públicos (pin parental), para, en un segundo paso, derivar recursos a los centros concertados (como el plan de climatización del gobierno andaluz con fondos públicos), potenciar los centros concertados (como el reciente nuevo modelo de matriculación de Imbroda) y, llegado el momento, ampliar líneas en la concertada y recortarlas en la pública, con la consecuente pérdida de profesorado.
Y es, ante este panorama, cuando uno piensa ¿por qué aumentan, de repente, las quejas en los distintos centros públicos de España (Huércal Overa y Oviedo son los ejemplos más próximos) desde la llegada del pin parental cuando, hasta ese preciso momento, las quejas eran una excepción y las denuncias una rareza? ¿Son causa o consecuencia de la medida planteada por VOX? Si a eso añadimos que, en el caso de Huércal Overa, la denuncia viene de un alto cargo del PP que, más preocupado por la educación, que por los vertidos tóxicos en vertederos ilegales o por las cuentas de un hospital público, presenta una denuncia la misma semana en la que Imbroda pone los cimientos para fomentar la educación concertada, pocos cabos conviene atar más para saber que el proceso del desmantelamiento de la educación pública en Andalucía ya ha empezado y lo ha hecho de la manera más brutal: poniendo en tela de juicio la educación andaluza y dinamitando la presunción de inocencia de una persona que, diga lo que diga la investigación de la inspección educativa, ya ha sido condenada por los medios de comunicación y tachada de pederasta y corruptora de menores en las redes sociales. Totalitarismo en estado puro.
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