La Fiscalía pide 25 años para los acusados del crimen de la Guardia Urbana

La Fiscalía pide 25 años para los acusados del crimen de la Guardia Urbana

martes 23 de abril de 2019, 18:29h

El ministerio público acusa a la pareja de guardias urbanos de un delito de asesinato

La Fiscalía ha pedido sendas penas de 24 y 25 años de cárcel, más otros diez de libertad vigilada, para Rosa Peral y Alberto López, los dos guardias urbanos de Barcelona acusados de asesinar en mayo de 2017.

Este caso fue conocido como el 'crimen de la Guardia Urbana' ya que el triángulo amoroso se formó dentro de este cuerpo.

la Fiscalía asegura que los acusados se conocieron en el ejercicio de su actividad profesional como Guardias Urbanos de Barcelona e iniciaron una relación sentimental sin convivencia en 2012, aunque ella estaba casada y tenía dos hijas menores.

Rosa P. inició en 2016 una relación con la víctima que simultaneó con su matrimonio y con el otro acusado.

No tardaría Rosa en separarse de su marido por lo que la relación con Pedro se intensificó y empezaron una convivencia en la casa de ella en Vilanova i la Geltrú.

En 2017 Albert se enteró de esta relación "produciéndose a consecuencia de ello un total distanciamiento y un frontal enfrentamiento entre ambos acusados" según el fiscal quien recuerda que "en venganza" Albert le contó a Pedro su aventura sentimental con Rosa.

"Lo anterior motivó que se generara en Pedro un clima de creciente desconfianza respecto al comportamiento de Rosa que motivó frecuentes discusiones entre ambos, constantes dudas sentimentales en un clima de celos recíprocos y un creciente e intermitente distanciamiento emocional entre ambos" señala la Fiscalía que detalla que Albert desarrolló "un sentimiento de hostilidad profunda hacia Pedro, al tiempo que un firme deseo de revancha".

Entre marzo y abril de 2017 Rosa y Albert retomaron su relación lo que "desembocó en que finalmente ambos acusados llegaran a la conclusión de que Pedro por diversas razones obstaculizaba" la situación. Por eso considera que presuntamente los acusados "de común acuerdo en cuanto al plan ejecutar y actuando por ello con el común ánimo de acabar con la vida de Pedro, conociendo y asumiendo las altas probabilidades que existían de acabar con su vida si actuaban en la forma en que lo hicieron" lo asesinaron en el domicilio de Vilanova i la Geltrú.

"Los acusados llevaron a cabo la acción anteriormente descrita aprovechándose de que la víctima estaba enteramente despreocupada de sufrir algún ataque que pudiera tener origen en acciones de la acusada en base a la relación sentimental y de confianza que le ligaba a ésta y reforzado por el hecho de encontrase Pedro en el interior de su domicilio. Así mismo los acusados dentro del contexto de su planificación criminal eligieron tanto el momento como medio más idóneos para que el Pedro persona de gran corpulencia y forma física, no pudiera ejercer defensa eficaz frente al ataque mortal del que fue objeto", señala la Fiscalía.

También considera que después del crimen "valiéndose de sus conocimientos como agentes de policía, ejecutaron la siguiente fase de su plan criminal con la finalidad de fingir una motivación distinta en los hechos que habían tenido lugar y de esta forma dificultar que les pudieran relacionar de cualquier modo con los mismos". Por eso se desplazaron con el teléfono móvil de Pedro a las inmediaciones de la urbanización de La Bisbal del Penedés en la que vive el ex marido de Rosa ya que ella mantenía con éste "una relación muy conflictiva en el momento de los hechos, con el propósito de involucrarle, y al mismo tiempo aireando públicamente las malas relaciones que la víctima mantenía con aquél".

Después metieron el cadáver de Pedro dentro del maletero de su coche fueron al pantano de Foix, dentro del término municipal de Castellet i la Gornal (Barcelona), y le prendieron fuego al vehículo. El cuerpo quedó casi enteramente carbonizado por la acción de las llamas. Los dos agentes siguen en prisión provisional por este crimen.

En su escrito de calificación, presentado ante el juzgado de instrucción número 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), el ministerio público acusa de un delito de asesinato a la pareja de guardias urbanos procesados, quienes serán juzgados por un tribunal popular.

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