Apenas un mes después de su aprobación definitiva en el Congreso, el Tribunal Supremo complica el futuro a Carles Puigdemont.
Las órdenes de detención por delitos de malversación se mantienen activas para Puigdemont, Comín y Puig, ya que su comportamiento incurre plenamente en las excepciones previstas por la ley para amnistiar dichos delitos.
La orden de detención nacional que pesa sobre Puigdemont se mantiene, lo que impide su regreso a España sin ser detenido. Además, existe la posibilidad de que el juez Pablo Llarena reactive la eurorden para detenerlo fuera del país, una amenaza constante.
En caso de que se active la euroorden, Puigdemont podría ser detenido.
En dos ocasiones, el juez Llarena retiró esas euroórdenes debido a la falta de beneplácito de la justicia alemana y belga para investigarlo por todos los delitos que España le estaba investigando.
En caso de que se reactivara la euroorden, al no ser ya Puigdemont eurodiputado, no estaría protegido. Esto llevaría a la apertura de un procedimiento de entrega con el país en el que el expresidente fuera detenido, volviendo así a la casilla de salida.
Si Puigdemont decide cruzar la frontera a pesar de la resolución del Supremo y entra al Parlament en Cataluña, no podría ser detenido debido a que el Estatuto de Cataluña establece que el Parlament es un lugar "inviolable". Por lo tanto, cualquier intervención policial dentro de sus instalaciones debe contar con la autorización del presidente de la cámara, quien en este momento es Josep Rull, de Junts.
En caso de flagrante delito, los diputados cuentan con inmunidad parlamentaria que les impide ser detenidos.
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