La investigación surgió tras denuncias de la madre de uno de ellos, revelando un patrón de abusos físicos y psicológicos.
La investigación sobre supuestos casos de maltrato en el Centro de Acogida de Menores (CAM) de Ateca está siendo dirigida por una jueza, quien ha decidido ordenar la prisión provisional, comunicada y sin fianza, para el director y cuatro empleados de la institución, a quienes se les imputan diversos delitos. Según parece, los incidentes ocurrieron en las instalaciones del centro y afectaron a dos menores, uno de 17 años y otro de 16, aparentemente provocados por dos educadores y dos auxiliares.
La instructora ha señalado a los acusados por delitos que atentan contra la integridad moral, así como por torturas, lesiones y su pertenencia a un grupo criminal que afectó a los menores que residen en el centro. Por otro lado, todos los detenidos, excepto el director, enfrentan cargos por posibles delitos de agresión sexual hacia la menor.
Esta mañana, la jueza titular del juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud ha recibido a los cinco arrestados, quienes han sido llevados para prestar declaración. Actualmente, están siendo trasladados al Centro Penitenciario de Zuera, ya que se les considera posibles autores de los delitos mencionados.
A primera hora de esta mañana, el cierre provisional del centro ha sido decretado por la jueza. Tras esta decisión, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) se encuentra en labores para reubicar a los menores.
Este jueves, la detención de cinco trabajadores del centro de menores fue llevada a cabo por la Guardia Civil. La investigación judicial comenzó tras recibir varias denuncias de la madre del menor, quien reportó lesiones supuestamente infligidas a su hijo por los educadores. Estas denuncias llevaron a descubrir otros casos de maltrato hacia otros internos del centro.
De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), la jueza ha determinado que dos educadores y otros dos auxiliares del centro son responsables de estos delitos. Además, el director de la institución es considerado "cooperador necesario" en estos hechos, ya que intentó encubrirlos ante los servicios sociales del Gobierno aragonés y las familias de los menores.
La magistrada determina que "estos menores han relatado de forma clara y detallada episodios de maltrato físico y psicológico, así como atentados a su indemnidad sexual, sufridos de forma continuada y permanente en el tiempo y de cuya existencia era conocedor el director del centro".
En relación con la participación del director de la institución, Iván R.M., la instructora destaca que desde su incorporación al centro el año pasado, no solo mostró una "despreocupación absoluta" respecto a la situación de los menores, sino que también brindó protección a los empleados acusados al no implementar en ningún momento correcciones ni sanciones para penalizar su conducta.
El director inició una investigación tras recibir la primera denuncia, la cual fue calificada como "incompleta y parcial". Esta afirmación encuentra respaldo en los testimonios de un enfermero y de la psicóloga del centro; el enfermero, en particular, se negó a redactar un informe falso sobre las lesiones que había sufrido el menor.
Según la instructora, estos tratos degradantes son una evidente manifestación "de la barbarie y de la extrema crueldad que sufrieron los menores durante un largo periodo de tiempo". Los niños se encontraban completamente incapacitados para hablar debido al miedo a represalias más severas y al temor de no ser creídos, ya que los detenidos en la actualidad "siempre les recriminaban que nadie les creería y que no los querían ni sus familias".
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