El Gobierno de Asturias ha anunciado una inversión de 12,8 millones de euros para reforzar la protección social, destinada a entidades locales para financiar ayudas de emergencia social y proyectos de inclusión. Esta medida forma parte de un plan más amplio que prevé una inversión total de 272 millones hasta 2027 en servicios sociales municipales. Las ayudas cubrirán necesidades básicas como vivienda y energía, además de apoyar a familias con menores en situación de vulnerabilidad. Con esta iniciativa, se busca garantizar la sostenibilidad y continuidad de los recursos públicos esenciales en el ámbito social.
El Gobierno de Asturias ha decidido incrementar su apoyo a las personas más vulnerables mediante una inversión de 12,8 millones de euros, destinados a financiar prestaciones vitales y proyectos de inclusión social. Esta medida fue aprobada en la reciente reunión de la Comisión Institucional del Sistema de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales, bajo la presidencia de la consejera de Salud, Concepción Saavedra.
Con este nuevo acuerdo, el Principado alcanzará a mediados de año la totalidad de los 82 millones previstos para los servicios sociales municipales en 2026, lo que refuerza la estabilidad y continuidad de estos recursos públicos esenciales.
La inversión se divide en dos líneas principales. En primer lugar, se asignan 10.620.693 euros a ayudas de emergencia social, que incluyen apoyo para vivienda, garantía energética e intervención social, así como el desarrollo de proyectos locales enfocados en la inclusión. En segundo lugar, se reservan 2.179.306,61 euros específicamente para ayudar a familias con menores en situación de vulnerabilidad.
A esta cifra se suman 2,3 millones correspondientes a ejercicios anteriores aún pendientes de ejecución, lo que eleva el total disponible para 2026 a 15,1 millones. Además, las entidades locales ya aportaron 7,7 millones en 2025, lo que sugiere que la movilización total de recursos podría superar los 23 millones de euros.
La reunión contó con la participación no solo del Gobierno del Principado y representantes municipales, sino también con Cecilia López, presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (FACC). La comisión institucional actúa como un órgano coordinador entre el Principado y los ayuntamientos para asegurar la correcta aplicación de la Ley de Garantía de Derechos y Prestaciones Vitales.
Los 82 millones ya ejecutados hasta ahora se distribuyen en tres bloques: 32,1 millones para el plan concertado —que incluye un fondo contra la soledad no deseada—; 36,9 millones destinados al servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes; y los mencionados 12,8 millones, que financian tanto las prestaciones vitales como los programas destinados a fomentar la inclusión social.
Dicha inversión forma parte del plan plurianual aprobado en mayo de 2023 que contempla una inyección histórica total de 272 millones hasta 2027, con el objetivo claro de reforzar los servicios sociales municipales. Este acuerdo garantiza no solo la financiación del personal y el mantenimiento de servicios esenciales como teleasistencia y programas contra la soledad no deseada, sino también atención a la dependencia, especialmente en áreas rurales.
A través de este nuevo marco colaborativo entre el Gobierno asturiano y los ayuntamientos se busca consolidar una red pública robusta en servicios sociales y asegurar su sostenibilidad a largo plazo.
| Descripción | Cantidad (euros) |
|---|---|
| Inversión total para 2026 en ayudas y programas | 15,1 millones |
| Ayudas de emergencia social | 10.620.693 |
| Ayudas para familias con menores en situación de vulnerabilidad | 2.179.306,61 |
| Total de recursos movilizados (incluyendo aportaciones anteriores) | 23 millones |
El Gobierno de Asturias destinará 12,8 millones de euros a las entidades locales para financiar prestaciones vitales y proyectos de inclusión social.
Las ayudas cubrirán necesidades básicas como vivienda, energía y apoyo a familias con menores, además de impulsar proyectos de inclusión social.
Se prevé que la movilización total de recursos supere los 23 millones de euros, incluyendo fondos de ejercicios anteriores y aportaciones de entidades locales.
La inversión se estructura en dos líneas: 10,6 millones para ayudas de emergencia social y 2,1 millones para ayudas a familias con menores en situación de vulnerabilidad.
Los 82 millones ya ejecutados se distribuyen en tres bloques: 32,1 millones al plan concertado, 36,9 millones al servicio de ayuda a domicilio y 12,8 millones a prestaciones vitales y programas de inclusión social.
El plan plurianual aprobado contempla una inversión histórica de 272 millones hasta 2027 para reforzar los servicios sociales municipales.
El acuerdo garantiza la financiación de personal, mantenimiento de servicios y asegura la sostenibilidad a largo plazo de la red pública de servicios sociales.