Las universidades públicas de Andalucía han solicitado la intervención directa del presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, ante la grave situación financiera que enfrentan. En una rueda de prensa en la Universidad de Sevilla, los rectores denunciaron incumplimientos por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, que podrían resultar en un recorte unilateral de 50 millones de euros en financiación estructural. Los representantes académicos consideran insuficiente la propuesta reciente de la Junta y advierten que, si no se respetan los acuerdos firmados, explorarán acciones legales. Además, alertaron sobre un déficit de 87 millones para el modelo de financiación en 2025.
Las universidades públicas de Andalucía han alzado la voz ante una situación financiera crítica. En una rueda de prensa celebrada en el Rectorado de la Universidad de Sevilla, los rectores y la rectora de estas instituciones académicas han denunciado que, si continúan los incumplimientos por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, se estaría produciendo un recorte unilateral de la financiación estructural, que asciende a 50 millones de euros.
La urgencia del asunto ha llevado a las universidades a solicitar directamente la implicación del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno. Según han expresado, su demanda es clara: “hacer cumplir el modelo de financiación vigente y lo acordado entre la Consejería, las organizaciones sindicales y las Universidades públicas. No pedimos nada más, y nada menos”.
Paco Oliva, portavoz de las Universidades Públicas de Andalucía, ha enfatizado que no aceptarán un recorte unilateral en su financiación. Este tipo de medidas podría acarrear consecuencias negativas para sus cuentas, plantillas y políticas de personal. Oliva ha calificado como “insuficiente” la propuesta presentada esta semana por la Consejería, que consiste en una aportación puntual de 21 millones no consolidables.
El portavoz ha aclarado que los adeudos que mantiene la Junta son parte de partidas consolidables, es decir, recurrentes cada año. Por lo tanto, “no se pueden atender con una financiación que tiene como fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2024”, ha añadido Oliva.
Ante las preguntas formuladas por los medios presentes en la rueda de prensa, Oliva ha advertido que si no se cumplen los acuerdos firmados, las universidades considerarán todas las vías legales disponibles en el marco del Estado de Derecho. Esta postura refleja la gravedad con la que están abordando el tema.
Finalmente, el portavoz ha señalado que la situación para 2025 es aún más alarmante. En este sentido, ha indicado que “en los presupuestos de la Junta de Andalucía faltan todavía 87 millones de euros para dar cumplimiento al modelo de financiación”. Las universidades públicas andaluzas permanecen atentas a estos desarrollos cruciales para su estabilidad financiera.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 50 millones de euros | Monto adeudado por la Consejería a las universidades |
| 21 millones de euros | Propuesta de solución puntual considerada insuficiente |
| 31 de diciembre de 2024 | Fecha límite para la financiación propuesta |
| 87 millones de euros | Monto que falta en los presupuestos para 2025 |
Las universidades públicas de Andalucía están preocupadas por un posible recorte unilateral de la financiación estructural, debido a incumplimientos en los compromisos financieros que ascienden a 50 millones de euros por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.
Han solicitado la implicación directa del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, para que se cumpla el modelo de financiación vigente y lo acordado entre la Consejería, las organizaciones sindicales y las universidades públicas.
El portavoz de las Universidades Públicas ha calificado como "insuficiente" la propuesta presentada por la Consejería, que consiste en una aportación puntual de 21 millones no consolidables, ya que necesitan financiación recurrente año tras año.
Si no se cumplen los acuerdos firmados, consideran estudiar todas las vías legales que les brinda el Estado de Derecho.
Para 2025, se estima una situación aún más grave, ya que faltan 87 millones de euros en los presupuestos de la Junta para cumplir con el modelo de financiación.