Peinado podría sentarse en el banquillo por revelación de secretos en el caso que él mismo lleva contra Begoña Gómez
El primer paso para imputar al juez Juan Carlos Peinado, quien está llevando a cabo la investigación sobre Begoña Gómez por revelación de secretos, ha sido dado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Esta información se desprende de la Diligencia de Ordenación firmada el 7 de junio por Enrique Calvo Vergara, el letrado de la Administración de Justicia.
La Fiscalía tiene un plazo de cinco días para pronunciarse e investigar los hechos denunciados en la querella presentada por el periodista Máximo Pradera contra el juez Juan Carlos Peinado. Este último es el encargado de la investigación judicial que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
El primer paso en cualquier causa judicial, antes de iniciar formalmente un procedimiento penal, ha sido dado por el TSJM. Ahora, se espera la opinión del Ministerio Público y, con base en ese informe, se decidirá si se imputa o no al juez polémico.
En otras palabras, el fiscal ha recibido traslado de la querella mencionada por parte del TSJM, con el fin de que evalúe y determine si hay indicios de delito. La decisión de respaldar la querella recaerá en el fiscal. Lo relevante de este procedimiento es que, antes de tomar una decisión sobre la admisión de la querella, el TSJM se asegura de escuchar la opinión del fiscal.
Denuncia de Máximo Pradera.
Es importante señalar que el pasado 30 de mayo, el periodista interpuso una querella contra el magistrado del Juzgado de Instrucción Nº 41 de Madrid. Esto ocurrió tras haber presentado previamente otra querella contra Luis Salas Fernández, jefe de prensa del TSJM, a quien acusa de haber filtrado a los medios la denuncia de Manos Limpias en contra de Begoña Gómez.
Pradera fundamentó su denuncia en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, debido a un supuesto delito de revelación de secretos. Este delito se refiere, por un lado, a actuaciones procesales que han sido declaradas secretas y, por otro lado, a la divulgación de información por parte de un funcionario público. Ambos delitos están tipificados en los artículos 466 y 417 del Código Penal, respectivamente.
El 27 de mayo, se dio a conocer a través de los medios de comunicación que el Magistrado Juan Carlos Peinado García, quien preside el Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, había decidido levantar el secreto del sumario correspondiente a la causa con el número de autos Diligencia Previas n.º 1146/24 que se tramita en su juzgado. Este auto, fechado el 24 de mayo y emitido por el Juzgado n.º 41 de Madrid, puede ser consultado públicamente en el perfil de la red social X @aitor13023985. Esta cuenta es gestionada por Aitor Guisasola, un abogado que ha intervenido en la causa en representación de la asociación Movimiento por la regeneración democrática de España como acusación popular, tal como él mismo ha hecho público, explicaba la querella.
En este contexto, Pradera solicitó las siguientes prácticas, teniendo en cuenta que esta Sala del TSJM es la misma que recibió la denuncia presentada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) contra la Fiscalía Provincial de Madrid por la revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Convocar a Juan Carlos Peinado para que declare en calidad de investigado.
Convocar a Luis Salas Fernández para que declare en calidad de investigado.
Solicitar a la oficina de Comunicación del TSJM que proporcione información sobre la obtención de los datos que se hicieron públicos, así como de los correos o documentos que respaldaban dicha información y su divulgación.
Se debe enviar un oficio al Juzgado n.º 41 de Instrucción en Madrid, solicitando el envío del testimonio que incluya las resoluciones notificadas, así como su contenido, fecha y destinatarios.
Pedir al Delegado de Protección de Datos de los Juzgados de Plaza de Castilla que proporcione un informe sobre los hechos y la información que han sido expuestos públicamente en relación con el procedimiento que ha sido declarado secreto y que es objeto de esta denuncia.
Establecer las acciones necesarias para asegurar una administración de justicia más rápida y conforme a lo que estipula el Derecho.