La operación Madeja sorprende al Juez De la Mata

La instrucción en la Audiencia Nacional investiga la Operación Madeja.

La Operación Madeja a la que llamán la "Púnica andaluza', nació de la mano de jueza Alaya. 108 son los imputados en las siete piezas separadas que la investiación acumula, en un entramado en el que se mezclan los ingredientes propíos de una novela negra y donde la trama tiene un papel principal empresarios y empresas, los sobornos a funcionarios, una contabilidad B, facturas falsas, mordidas y sospechas de financiación ilícita de partidos políticos.

Entre las empresas, dos. Las consultoras medioambientales Fitonovo y Fitoverde, acusadas de conseguir mediante prebendas que van desde gasolina hasta juergas en Marbella, contratos públicos en más de un centenar de concursos. Su máximo responsable es José Antonio Fernández Baró hombre muy ligado a la Junta , tanto más que Marjaliza con la Comunidad de Madrid.

Como forma de actuar una y otra seguían el mismo patrón y como si de gemelos se tratara tanto Marjaliza como Fernández Baro dispuestos a colaborar con la justicia para aminorar la pena después de haber sido pillados con el carrito del helado.

Entre los valiosos datos que Fernández Baro aportó está el reconocimiento de haber entregado un sobre con 30.000 euros a un cargo socialista sevillano que le dijo que "eran para el PSOE", así como una tablet al exalcalde de la capital hispalense Alfredo Sánchez Monteseirín, algo esto último que resulta a todas luces ridículo si de tener la intención decorromper se trata.

Lo que no pasa desapercibido es sin embargo la ristra de delitos que se imputa a los investigados entre los que figuran además de políticos, una decena de trabajadores de ADIFque actuaron como 'facilitadores' en un contrato de limpieza de vías ferroviarias.

José de la Mata, desde que tomara posesión del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional ha dado impulso a un procedimiento que paecía dormir el sueño de los justos, tal es así que a los investigados les atribuye cohecho, malversación, prevaricación, fraude en las administraciones públicas y malversación. Entre los acusados figuran una decena de trabajadores de ADIFque actuaron como facilitadores tras dictar procesamiento en una de las piezas contra 66 personas, después de que en uno de los registros se localizara una documentación en la que quedan reflejadas las cuentas en negro de la trama, con importes e identidades, asií como el nombre de los destinatarios de los sobornos.

Por elmomento son más de 100 los contratos públicos investigados, la mayoría diseminados por las distintas provincias de Andalucía Occidental y en los que el grueso de los imputados son funcionarios y cargos intermedios autonómicos y municipales. Pero como en toda regla suele haber excepciones, esta es la de Domingo Enrique Castaño,exasesor socialista del Ayuntamiento de Sevilla quién habría obtenido cerca de 400.000 euros de la trama.

Pero como curiosidad diremos que la mordida a los funcionarios era bastante variopinta, así uno de los técnicos beneficiados recurría a un comercial de las empresas investigadas para que éste le pagara la gasolina de su coche ante lo cual, el empleado de la empresa Fitonovo se desplazaba en persona hasta la estación de servicio para llenarle el tanque y pasar por caja. Otros dicen haber sido gratificados con Viagra, "ahí na." Pero Fitonovo no se quedó ahí, regaló caballos, tractores e incluso un equipo de lavado a presión, teléfonos móviles, equipos informáticos, coches de alta gama, viajes a los destinos más variados y hasta llevar a cabo chapuzas en los domicilios delos funcioarios corruptos o incluso en agrupaciones como es el caso de sede sevillana del PSOE en el distrito Macarena a la que le cambiaron el suelo sin coste alguno para el PSOE.

Las declaraciones de los imputados, continúan en la Audiencia Nacional en un goteo imparable y cuanto más se sabe más anonadado se queda el juez con las averiguaciones.

Pero si pensaban que la trama sólo afecta al PSOE, se equivocan, la misma salpica a personas de otros partidos políticos como IU y PP. En la fase en que el Caso Madeja se encontraba en manos de la juez Mercedes Alaya, algunos imputados apuntaron a pagos en efectivo a la formación de izquierda Unida. Poco más tarde resultó implicado un cargo municipal de la etapa del ministro del Interior Juan Ignacio Zoido al frente del consistorio sevillano, que fue destituido. Pero las ramificaciones de la trama se extienden también a otras comunidades, como Canarias y Extremadura, ramiicadiones que De la Mata está investigando.