MEDIDAS DE DESARROLLO Y PROSPERIDAD PARA UN NUEVO GOBIERNO EN ANDALUCÍA

El pasado 2 de diciembre los andaluces votaron CAMBIO. Lo hicieron después de once procesos electorales con cuatro décadas de gobierno socialista y votaron en un contexto que no se puede obviar, pocos meses después de que el actual Gobierno de España pactase su investidura y su acción de gobierno aliándose con quienes sólo quieren romper la Unidad de España.
Los andaluces nos han revelado, entre otros, un mandato claro:
Que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía defendamos la Unidad de España Constitucional frente al Independentismo radical, haciendo que el pueblo español siga siendo el sujeto de la Soberanía Nacional.
REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA E INSTITUCIONAL
Andalucía se ha visto sumergida en numerosos casos de corrupción política que han lastrado el desarrollo y progreso de nuestra comunidad. No cabe duda de que la transparencia de las instituciones incide de forma directa en el progreso económico y social, por lo que la falta de esta ha impedido la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas llevadas a cabo. Se hace necesario devolver la confianza de los ciudadanos en la política y en los político
DESPOLITIZACIÓN, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Tolerancia cero con la corrupción: Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial. Asimismo, ambos partidos se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombradas para desempeñar cargos públicos.
Aprobaremos un Proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía para la supresión de los aforamientos del presidente de la Junta de Andalucía, de los miembros del Consejo de Gobierno y de los diputados del Parlamento de Andalucía en los términos que actualmente se encuentran regulados para acabar con tales fueros y privilegios.
Aprobaremos un Proyecto de Ley de Despolitización de la Junta de Andalucía que garantice la profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y honestidad de todas las personas al servicio de las instituciones públicas andaluzas. Esta Ley contemplará, entre otras, las siguientes medidas:
Reducción de los altos cargos de la Junta de Andalucía a los estrictamente necesarios.
Los altos cargos de la Junta de Andalucía tendrán dedicación exclusiva en su trabajo para todos los andaluces. No podrán cobrar dietas por la asistencia a sus reuniones.
Reforzaremos las sanciones para los altos cargos de la Junta de Andalucía que incumplan la normativa sobre conflictos de intereses y corrupción. Encomendaremos a la nueva Oficina
Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción la supervisión del régimen de incompatibilidades y conflictos de intereses de los altos cargos.
Definiremos la figura de los directivos públicos, de carácter técnico, diferenciada de los altos cargos, de carácter político. Tendrán esta consideración los directores de las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones y demás entes públicos instrumentales, además de otros puestos con funciones directivas que ahora son nombrados libremente por el Gobierno. Todos ellos serán elegidos siempre por concurso público, abierto y transparente por un período de seis años entre personas con experiencia y formación acreditadas para el desempeño del cargo. Estarán sujetos a una evaluación continua de su desempeño y serán cesados por las causas justificadas que se desarrollen en la ley.
Estableceremos unas tablas salariales que ordenen y racionalicen las retribuciones de los altos cargos y directivos públicos de la Junta de Andalucía. Todos ellos cobrarán en referencia a las retribuciones que se establezcan anualmente para los cargos análogos.
Protección de su identidad, a la asistencia jurídica y psicológica y a la indemnidad en sus condiciones laborales frente a posibles represalias. Se pondrá en funcionamiento una Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción destinada a prevenir, detectar y denunciar las malas prácticas, abusos de poder, casos de fraude y corrupción, así como la sanción a los altos cargos que incumplan la normativa sobre incompatibilidades y conflictos de interés.
Respecto de los Órganos de extracción parlamentaria:
Suprimiremos el Consejo Consultivo cuya función será desarrollada por los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, con el objetivo de aunar las necesidades de racionalización y los
principios de igualdad y solidaridad de la administración.
Reformaremos la Cámara de Cuentas de Andalucía. Revisaremos su ley reguladora para reforzar las obligaciones de colaboración de las Administraciones Públicas, reducción del número de consejeros y elección a través de un procedimiento público y abierto. Serán de obligado cumplimiento los informes de fiscalización que emanen de la Cámara de Cuentas.
Constituiremos un Grupo de Expertos que estudie las posibilidades de redimensionamiento y de mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos por la Radio y Televisión de Andalucia (RTVA), así como las reformas necesarias para garantizar su profesionalidad, imparcialidad, pluralidad e independencia del poder político. Implantaremos un nuevo procedimiento para la selección de los miembros de los consejeros en los órganos de extracción parlamentaria que garantice su despolitización. Los candidatos serán preseleccionados por una comisión técnica independiente a través de un proceso
abierto por mérito y capacidad entre personas con formación y experiencia acreditadas. El Parlamento de Andalucía elegirá entre los candidatos preseleccionados a quienes vayan a desempeñar el cargo por mayoría reforzada, con mecanismos que eviten la posibilidad de bloqueo.
DESMONTAR LA “ADMINISTRACIÓN PARALELA” Y RACIONALIZAR EL GASTO
Encargaremos una auditoría integral a la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como los informes correspondientes a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), de todo el gasto de la Junta de Andalucía, incluidos sueldos, gastos corrientes y transferencias, tanto en la Administración como en el sector público instrumental, con el objetivo de reducir o reorientar el gasto superfluo a la financiación de los servicios públicos esenciales
Racionalizaremos los Organismos autónomos, entes instrumentales y otras estructuras duplicadas e innecesarias de la Junta de Andalucía, suprimiendo los que se hayan visto implicados en casos de fraude y corrupción. Se revisarán y modificarán las bases normativas que han propiciado esta desproporcionada estructura para que esto nunca vuelva a suceder en Andalucía.
Aprobaremos un Decreto-ley para centralizar la dirección, supervisión y evaluación de todas las entidades dispersas de la “Administración paralela” con el doble objetivo de eliminar todos los entes que se consideren innecesarios o que se hayan visto expuestos a la corrupción, así como para garantizar la despolitización de las agencias, empresas y fundaciones públicas andaluzas y mejorar la profesionalidad y eficiencia en su gestión. Pondremos las empresas públicas bajo una dirección profesionalizada y reduciremos a la mitad el entramado institucional paralelo de la Junta de Andalucía. Queremos que la gestión de las mismas se haga siguiendo criterios profesionales y
empresariales que busquen maximizar su rendimiento en beneficio de todos los andaluces.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Revisaremos la Ley de Transparencia Pública de Andalucía para facilitar que todos los andaluces puedan acceder, consultar y utilizar toda la información pública andaluza. Elaboraremos el Reglamento aún pendiente de la Ley de Transparencia Pública para que forme parte del ejercicio diario de los poderes públicos y para simplificar y mejorar el acceso al Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. Garantizaremos la publicación de toda la información
relativa a la estructura de la Administración y el inventario de entes instrumentales del sector público andaluz, el personal, las retribuciones o los contratos públicos, subvenciones y encomiendas de gestión. Además, publicaremos y actualizaremos el listado de todos los altos cargos y el personal eventual de confianza de la Junta de Andalucía, con referencia a su identidad, puesto, funciones, cualificación, experiencia profesional y retribución. Toda la información se publicará en formatos que permitan su visualización, tratamiento y reutilización.
Modificaremos la Ley de la Hacienda Pública de Andalucía para mejorar el control y transparencia de la gestión de los fondos públicos del Presupuesto de la Junta de Andalucía y acabar con los incentivos al despilfarro y priorizar los programas que alcancen mejores resultados. Esta Ley contemplará, entre otras, las siguientes medidas:
El establecimiento de un sistema de evaluación económica continua de los principales programas presupuestarios, metodológicamente rigurosa e independiente, que permita vincular la cantidad de fondos a los programas en los que se identifique un mejor desempeño, premiando a los mejores y penalizando los programas con peor desempeño o insuficiente justificación.
El refuerzo de la transparencia en la identificación de las partidas del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En particular, en el anexo de inversiones del Presupuesto, se recogerá el detalle de cada uno de los proyectos de inversión por parte de las diferentes consejerías y entidades instrumentales dependientes de ellas.
Aprobaremos una Ley de Evaluación de Políticas Públicas de la Junta de Andalucía. Las políticas públicas que se han llevado a cabo en nuestra comunidad han carecido de la eficacia y evaluación necesarias para que Andalucía haya convergido con el resto de las comunidades europeas. Por todo ello y dentro de esta nueva normativa, pondremos en marcha un mecanismo de evaluación sobre el grado de eficacia, eficiencia y economía de las estrategias, planes, programas y actuaciones anunciadas y ejecutadas con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos y establecer las medidas correctoras para reconducir las políticas fallidas.
Solicitaremos la creación en el Parlamento de Andalucía de la Comisión de Investigación de la Fundación Andaluza Fondos de Formación y Empleo (FAFFE). Además, nos comprometemos a promover la creación de todas aquellas Comisiones de Investigación en el Parlamento de Andalucía que sean necesarias para esclarecer y conocer la utilización de los fondos públicos de los organismos
de la Junta de Andalucía. Igualmente estableceremos los mecanismos necesarios para garantizar la recuperación del
dinero defraudado con los ERES
Elaboraremos una Ley de Subvenciones que regule con garantías los incentivos y las ayudas públicas y la posibilidad de consultarlas de forma accesible en el Portal de Transparencia.
Se establecerá la obligatoriedad de publicar un Plan Estratégico de Subvenciones de la Junta de Andalucía que incorpore un calendario oficial de los programas de ayudas, donde se fije el compromiso de la fecha tope para resolución de las convocatorias y el compromiso de pago, para que las personas beneficiarias conozcan con certeza cuando cobrarán las ayudas públicas.
Acabaremos con todas las subvenciones nominativas que carezcan de justificación.
Encomendaremos el control de legalidad de todas las subvenciones concedidas por la Administración y por los entes públicos instrumentales de la Junta de Andalucía a la nueva Oficina Andaluza de Lucha contra el Fraude y la Corrupción.
Garantizaremos la independencia funcional de la Intervención General de la Junta de Andalucía y reforzaremos los medios a su disposición para garantizar la eficacia en el desempeño de sus funciones de control interno económico-financiero. El Interventor General de la Junta de Andalucía y los Interventores Adjuntos, Delegados y Provinciales serán elegidos preferentemente por concurso de méritos. Crearemos un Cuerpo Superior de Interventores y auditores de la Junta de Andalucía para reforzar su capacitación y profesionalidad, lo que supone una oportunidad más de contar con especial control interno. Publicaremos y remitiremos al Parlamento de Andalucía todos los trabajos realizados por la Intervención General
Acabaremos con las redes clientelares: garantizaremos la competencia, transparencia y buena gestión en todos los contratos públicos. Todos los contratos se adjudicarán por procedimientos abiertos a la competencia, que son los que más benefician a los ciudadanos.
Revisaremos la normativa de contratación de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales para que cumpla escrupulosamente los principios de publicidad, neutralidad, transparencia y buena gestión. Una Administración honrada se la reconoce por sus pliegos de contratación y su transparencia. Para conseguirlo, adoptaremos, entre otras, las siguientes medidas:
Aseguraremos que los concursos públicos se resuelvan de manera objetiva, sin discriminación y con agilidad y eficiencia. Garantizaremos que impere el criterio técnico y no el político, rotando al personal responsable de los informes técnicos de adjudicación y prohibiendo que los cargos políticos y nombrados a dedo formen parte de las juntas y mesas de contratación.
Haremos pública toda la información sobre la contratación pública de la Junta de Andalucía. Además de la información requerida en la legislación de transparencia estatal y autonómica, incluiremos los informes técnicos de valoración y adjudicación y las actas de las mesas de contratación.
Estableceremos garantías para una contratación pública socialmente responsable con la inclusión de cláusulas sociales y ambientales, como instrumento de inserción laboral y cohesión social para de este modo acabar con la precariedad y desigualdad laboral que afecta al personal subcontratado que presta servicios públicos.
Promoveremos una gestión eficaz y eficiente en el otorgamiento de ayudas e incentivos al empleo y empresas, estableciendo procedimientos de control y seguimiento con objeto de evitar posibles fraudes. Agilizaremos los procedimientos de revisión de la justificación de expedientes de subvenciones de Formación Profesional para el empleo y, en su caso, procederemos a iniciar los
expedientes de reintegro que procedan.
UNA FUNCIÓN PÚBLICA PROFESIONAL Y LIBRE DE INJERENCIAS POLÍTICAS
Aprobaremos una Ley de Función Pública de la Junta de Andalucía que siente las bases de una administración pública cada vez más moderna, eficaz y profesional. Queremos apostar por el mérito, la capacidad y la formación continua de nuestros funcionarios para responder a las exigencias de calidad en los servicios públicos. Restringiremos el sistema de libre designación, generalizando el sistema de concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo en la Administración andaluza bajo los principios de transparencia, igualdad, mérito y capacidad.
Clarificaremos y agilizaremos los procesos de oposiciones para el acceso al empleo público.
Aseguraremos procesos ágiles, de manera que los plazos entre la publicación de las ofertas públicas de empleo y la adjudicación de la plaza se ajusten a las necesidades reales del momento y se resuelvan en tiempo y forma. Recuperaremos paulatina e íntegramente todos los derechos perdidos de los empleados públicos andaluces y se recogerán medidas para posibilitar y garantizar la conciliación profesional y familiar de los empleados públicos.
Partimos de un objetivo común claro: transformar la Administración Pública andaluza en una Administración moderna, ágil, transparente y con las cuentas saneadas. Para ello será imprescindible dignificar y motivar al empleado público, modificar las estructuras duplicadas e innecesarias, despolitizar la administración andaluza y simplificar la normativa e invertir en la digitalización de los recursos de la Administración. Es preciso recuperar el modelo de respeto a las
potestades públicas de los funcionarios e impulsar la mejora del derecho a la carrera profesional del empleado público a través de una promoción vertical y horizontal con garantías jurídicas evitando la discrecionalidad de los poderes públicos.
Aprobaremos un Proyecto de Ley para la coordinación de las Policías Locales y otro para la coordinación de los Bomberos y Protección Civil de Andalucía.
UNA LEY ELECTORAL ANDALUZA MÁS JUSTA.

Impulsaremos una Reforma de la Ley Electoral de Andalucía que incluya:
Una mejora de la proporcionalidad en el reparto de escaños que garantice una mayor igualdad en el voto de todos los andaluces.
Una reducción de los gastos electorales, incluyendo el establecimiento de un sistema de envía único, conjunta y centralizado de los sobres y papeletas de la propaganda de todos los partidos que se harán llegar a todos los electores para ahorrar costes a los ciudadanos.
El carácter obligatorio de la celebración de debates electorales, para que todos los ciudadanos puedan conocer qué propone cada partido político y confrontarlo con lo que dicen los demás para tener la máxima información.
Las garantías para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto de forma autónoma, asegurando la accesibilidad en los colegios electorales y la existencia de papeletas en lenguajes braille para las personas con discapacidad visual.
REFORMAS ECONÓMICAS Y FISCALES PARA EL EMPLEO Y LA PROSPERIDAD EN ANDALUCÍA
Una fiscalidad adecuada de la comunidad andaluza, la gestión eficiente de los recursos y un sistema de financiación justo y equitativo se convertirán en motores para la generación de empleo en los sectores productivos de Andalucía. Procederemos a una reforma de los tributos propios y cedidos de competencia autonómica, al objeto de disminuir la presión y esfuerzo fiscal de las personas físicas y jurídicas que haga de nuestra tierra un territorio atractivo a la generación de inversiones que posibiliten la creación de riqueza y empleo.
BAJADAS DE IMPUESTOS PARA LA CLASE MEDIA Y TRABAJADORA ANDALUZA
Llevaremos a cabo una política económica de tratamiento de los recursos públicos basada en los principios de estabilidad presupuestaria, eficacia, eficiencia y suficiencia financiera que conlleve la formación y ejecución de los Presupuestos de la Junta de Andalucía buscando el ahorro neto que financie prioritariamente servicios esenciales e inversiones productivas que generen riqueza y empleo en Andalucía.

Continuando con la reforma Fiscal anterior del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se mantendrá la reducción del millón de euros en la base imponible por heredero en la modalidad de Sucesiones y se bonificará el 99% de la cuota del impuesto en el resto de los supuestos para parientes directos. En el caso de las donaciones a parientes directos, quedaran todas bonificadas al 99%.