Manuel Chaves niega cualquier responsabilidad y ha declarado: " Yo no entraba en cómo se repartían las ayudas"

Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía, ex ministro y ex presidente del PSOE, ha declarado este lunes en la Audiencia de Sevilla ante el tribunal que juzga la pieza principal de los ERE.

Su defensa , muy parecida a la del ex presidente José Antonio Griñán se ha ceñído a establecer las líneas generales de las políticas de empleo.

En su declaración ha dicho haber tenido conocimiento de la existencia de ayudas socialoborales, como tenía conocimiento de que había becas, Erasmus en la Consejería de Educación o ayudas culturales en la Consejería de Cultura. Pero nunca conoció cómo se repartían ni con qué criterios. "Yo no estaba en cómo se repartían la ayudas", ha insistido en varias ocasiones. "No pertenecía a mi ámbito político de decisión saber cómo se hacía, con qué exigencia o requisitos, con qué cuantía o quiénes eran los beneficiarios".

Todas esas ayudas se derivaban de los compromisos adquiridos en los acuerdos de concertación.

Chaves ha reconocido que se reunió en múltiples ocasiones con comités de empresa y sindicatos para abordar la situación de algunos conflictos laborales: "Era un acto de normalidad democrática", ha afirmado al respecto. Una de esas empresas fue la compañía fabricante de automóviles Santana que para el ex presidente fue "un caso icónico de nacionalización", ya que el Gobierno andaluz, después de emplearse a fondo en buscar socios para reflotar la compañía, "en EEUU, Japón o el País Vasco" -recordó Chaves- finalmente se quedó con la propiedad de la empresa.

Y, pese a la particularidad del caso de Santana o de Cárnicas Molina, que sufrió un proceso muy similar, Chaves nunca supo de los detalles de la negociación con los sindicatos ni de la liquidación final de las empresas. También ha conocido a posterior la incompatibilidad de las ayudas dadas a esas compañás con la normativa europea de defensa de la competencia.

"A mí se me informaba en líneas muy generales: 'Oye, que hemos nacionalizado; oye, que hemos hecho gestiones en Japón', ha explicado en términos coloquiales Chaves al fiscal.

Tampoco ha sabido contestar Chaves si hubo algún tipo de compromiso con los sindicatos para que la Junta aportara algún tipo de contraprestación a las organizaciones sindicales a cambio de su papel en el proceso de negociación.

Y, por supuesto, tampoco conoció la existencia del programa presupuestario 31L -el que se utilizó para pagar las ayudas a los ERE-, del que, como Griñán, sólo ha tenido noticia durante el proceso.

Y, ante la insistencia en negar haber tenido conocimiento de los detalles de la gestión de las ayudas, Chaves ha explicado que ese desconocimiento "no debe entenderse como una dejación de responsabilidad o un intento de esconder esa responsabilidad". Sencillamente, a su entender, no había posibilidad alguna de conocer con detalles hasta 180 programas presupuestarios que contenían los presupuestos andaluces.

En el capítulo de las anécdotas cabe reseñar que hasta en tres ocasiones, el ex presidente ha dicho "programas electorales" en lugar de "programas presupuestarios".

A lo largo de todo el juicio, la Fiscalía ha puesto el acento de sus preguntas en la utilización de una herramienta presupuestaria, la 'transferencia de financiación', para alimentar la partida 31-L de los presupuestos, para determinar de alguna manera si se usó ese instrumento con ánimo de eludir controles. De hecho, llegado un momento y cuando los procedimientos de la Junta en el reparto de las ayudas ya se habían puesto en cuestión, se decidió cambiar la herramienta en favor de la denominada 'encomienda de gestión'.

A este respecto, Chaves ha sido muy contundente en defender la legalidad del uso de las transferencias de financiación: "Las transferencias de financiación estaban en la ley; eran la ley. Y una ley no puede ser ilegal. Todos conocemos debates jurídicos sobre si una ley es adecuada para unos fines o no, pero no se puede cuestionar su legalidad".

Otra de las herramientas que permitieron allegar fondos para pagar las ayudas fueron las 'modificaciones presupuestarias'. Según el ex presidente de la Junta, ninguna modificación presupuestaria se debatía en el Consejo de Gobierno. "Ni siquiera se leían". Pero es que, además, para apuntalar su testimonio, ha insistido en dos aspectos: el primero, que la Cámara de Cuentas "nunca puso ningún reproche a las modificaciones presupuestarias"; y, en segundo lugar, que todas las modificaciones pasaron por el Parlamento.

Hay dos ERE que señalan presuntamente a Chaves como conocedor de los procedimientos bajo sospecha: se trata de las ayudas concedidas por la Junta, prescindiendo del procedimiento y de forma irregular, a las empresas Fundiciones Caetano y Bilore, además de las ayudas sociolaborales a la Faja Pirítica de Huelva.

El fiscal se ha detenido expresamente en intentar averiguar el papel que jugó Chaves en la gestión de las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, dado que, a finales de 2003, unos trabajadores remitieron una carta al entonces presidente de la Junta denunciando irregularidades en un ERE de la minería de Huelva, donde habría, según decían, personas que se habían prejubilado como mineros pero que «no han visto la mina ni por dentro ni por fuera». En vez de abrir una investigación, el Gobierno de Chaves tapó el escándalo prejubilando, también de forma fraudulenta, a los propios denunciantes.

Pues bien, el ex presidente de la Junta ha negado, primero a preguntas del fiscal y después de su abogado, Pablo Jiménez de Parga, recordar esa carta, aunque en este caso, ha dejado un margen de duda, sin descartar del todo que le llegara en su momento: "Creo que no la leí, que no la conocí". Después ha explicado que la jefa de sus secretarias se encargaba del correo (éste era un fax concretamente) y, salvo que se tratara de una carta de un ministro o del presidente del Gobierno, o de cualquier otra circunstancia extraordinaria, las remitía al consejero de turno en función del contenido de la misma". De hecho, la jefa de oficina envió el escrito a la Consejería de Empleo con el siguiente encabezamiento: "Por indicación del presidente...". Chaves sin embargo ha aclarado que ese encabezamiento no es más que una "fórmula protocolaria" y ha negado que signifique que él tuviera conocimiento del asunto o que diera instrucciones en algún sentido.

El ex presidente andaluz está sentado en el banquillo, acusado de prevaricación, por diseñar y mantener, junto a otros 21 ex altos cargos regionales entre los que está Griñán, un "procedimiento específico" que utilizó el Gobierno andaluz para repartir subvenciones millonarias a trabajadores de empresas en crisis entre 2001 y 2010 de forma opaca y saltándose todos los controles.