"Es una operación de descrédito contra mi persona para ganar en los medios y en las redes lo que no han logrado ganar en las urnas y también es el precio que tengo que pagar para combatir la corrupción", ha dicho aunque embarrando el tema para no aclarar nada, utilizando la tactica Rajoy negarlo todo, sin demostrar que las acusaciones son falsas.
Durante su discurso, ha enseñado los mismos papeles que ya envió a la prensa junto al comunicado enviado el pasado miércoles.
Y si la mejor defensa es un ataque, así ha actuado, atacando a la oposición por llevarla a comparecer en un pleno extraordinario. "Es un acto excepcionalmente preocupante. Es un síntoma del deterioro de nuestros mecanismos parlamentarios", ha apuntado. "El reglamento de esta cámara no contempla la comparecencia de la presidenta. No guarda relación ninguna con mis competencias. Es un claro fraude de ley parlamentario".
A la pregunta de: ¿hizo usted el máster de la universidad Rey Juan Carlos, señora Cifuentes?,de la portavoz de Podemos Lorena Ruiz-Huerta ha contestado que sí.
LLegado el turno de Ángel Gabilondo en representación del PSOE, invitándola a dar una explicación verosímil toda vez que de no hacerlo le ha advertido "dejará en una situación insostenible a la Comunidad de Madrid”, la presidenta madrileña se ha mostrado ambigua e imprecisa hasta el punto de no poder desmentir con un mínimo de credibilidad las últimas informaciones publicadas por eldiario.es y El Confidencial, que revelan que el acta presentada como prueba por la presidenta tiene dos firmas falsificadas y las presiones a la universidad de una de sus asesoras, han obligado a reestructurar el discurso con apenas unas horas de margen en un contexto cada vez más desfavorable para la dirigente autonómica.
La confianza de los grupos de la oposición en su versión, modificada 24 horas después de publicarse la noticia, es casi nula. Ciudadanos ya desliza que no "está diciendo la verdad" y asegura que pedirá su dimisión si se demuestra que "ha cometido un delito". Y los socialistas afirman que, en el caso de que las "explicaciones no sean convincentes", "llegarán hasta las últimas consecuencias para que haya un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid".
Las preguntas pendientes son muchas: ¿Fue a las clases del máster? ¿Hizo los exámenes? Los alumnos aseguran no haberla visto nunca. ¿Cómo se pudo presentar si no tenía aprobadas todas las asignaturas? ¿Por qué si había aprobado el TFM en julio de 2012, se vuelve a matricular en noviembre de 2012? ¿Cómo pudo defender el trabajo ante el tribunal mientras recibía a la selección? ¿Por qué los documentos presentados como prueba por Cifuentes no están compulsados ni tienen sello?
Las dos semanas desde que eldiario.es publicó la primera información, que acreditaba que la universidad había modificado dos notas dos años después de terminar la titulación (de no presentado a notable), han estado marcadas por el silencio , pero mientras tanto se han sucedido algunos movimientos preocupantes. Así una de las personas de confianza a la que Cristina Cifuentes encomendó la búsqueda de una salida para esta crisis fue María Teresa Feito Higueruela. Es asesora del Gobierno de Madrid. Cobra 50.093 euros anuales y está asignada formalmente al consejero de Educación, Rafael van Grieken. Ambos tienen también plaza como funcionarios en la URJC, aunque ahora están fuera en comisión de servicios. Maite Feito, como la conoce su entorno, es profesora titular del departamento de Filología, mientras que Rafael van Grieken es catedrático de Química. Van Grieken también era vicerrector de investigación de la URJC cuando Cristina Cifuentes se matriculó en su máster.
El 21 de marzo, Maite Feito se pasó por el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, a pesar de está en comisión de servicios –desde 2015 no es profesora– por su condición de asesora de la Comunidad de Madrid. Actualmente no tiene ningún cargo en la URJC que justifique su presencia allí, en el despacho del rector, en plena crisis abierta en la Universidad por la exclusiva que publicó eldiario.es.
Esta asesora, según varias fuentes de la URJC, fue también quien presionó al catedrático Enrique Álvarez para que buscase la documentación que permitiera a Cristina Cifuentes dar una respuesta documental a la información de eldiario.es. Feito desmiente que haya hablado directamente con él.
Maite Feito, además, es amiga personal de Cristina Cifuentes desde hace varios años, como ella misma ha confirmado a eldiario.es. Fuentes de la URJC aseguran que fue ella también quien animó a Cifuentes a matricularse en ese máster, a finales de 2011. Cuando estalla el escándalo, el 21 de marzo de 2018, Feito es también la persona que la presidenta de Madrid envía a la Universidad para buscar una coartada que la evite dimitir.
Tras las llamadas, reuniones y gestiones de Maite Feito, Cifuentes consiguió dos cosas importantes ese miércoles 21 de marzo. La primera, una rueda de prensa donde Enrique Álvarez y el profesor de una de las asignaturas del máster, Pablo Chico, salieron a las 13:30 de ese día para dar la cara por la presidenta de Madrid, acompañados por el rector. Entre otras cosas, Enrique Álvarez aseguró que Cristina Cifuentes había sido tratada por la universidad como “una alumna más” y que las notas manipuladas por una funcionaria habían sido un simple error administrativo.
El segundo éxito tras la visita de la asesora del Gobierno de Madrid a la Universidad fue que Cifuentes consiguiera de la URJC varios documentos con los que responder a la información de eldiario.es. Entre otros, el acta falsificada de ese trabajo de fin de máster que por ahora sigue sin aparecer. Es el mismo acta que blande la presidenta en este vídeo que colgó en las redes sociales en la madrugada de ese miércoles.
Pero además de la explicaciones dadas que por inverosímiles pudieran provocarle una moción de censura siempre y cuando Ciudadanos aplique lo que pregona, falsificar un título académico y los expedientes para justificarlo entra dentro del tipo de falsedad documental que el Código Penal castiga con entre tres y seis años de cárcel, inhabilitación de dos a seis años para los funcionarios responsables de la falsificación y multas de seis a 24 meses. Se trata de un delito grave que el Código Penal regula en su segundo capítulo dentro del artículo 390.
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