El magistrado del Supremo, toma hoy declaración a los miembros cesados del Govern.
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El magistrado del Supremo, toma hoy declaración a los miembros cesados del Govern.

viernes 01 de diciembre de 2017, 11:01h
También lo hará a los Jordis.

Hoy viernes Oriol Junqueras, los siete exconsellers y los líderes de ANC y Òmnium Cultural, serán trasladados en furgón al Tribunal Supremo para declarar ante el juez Pablo Llarena.

Todo apunta a que el magistrado que instruye la causa contra el procés independentista, decretará la libertad del ejecutivo catalán cesado que formó parte del "engranaje" que intentó consumar la independencia de Catalunya.

Al haber absorbido recientemente la causa que les afectaba, el magistrado todavía no ha redactado ningún auto o providencia específica en torno a su actuación durante el proceso independentista que encabezaron, pero sí ha dejado sus ideas y consideraciones por escrito en torno al papel tanto del entonces Govern como también de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Según explico el juez Llarena en su auto de nueve de noviembre de este año, en el que envió a Carme Forcadell a prisión bajo fianza de 150.000 euros, existió un "engranaje y coordinación entre unas iniciativas legislativas, otras ejecutivas y la movilización ciudadana" con el objetivo de "hacer de todas ellas un único instrumento adecuado para la consecución de los fines secesionistas". Es decir, la actuación coordinada de Govern, Parlament y sociedad civil para llegar hasta la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, y que según razonó la semana pasada debe investigarse en una misma causa.

Sobre el posible papel de las asociaciones nacionalistas que entonces comandaban 'los Jordis', la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, destaca que ambas suscribieron ya en marzo de 2015 la hoja de ruta hacia la independencia junto con partidos políticos, entonces la ANC con Carme Forcadell al frente. Acusó ya entonces el juez, cuando envió a prisión bajo fianza a la expresidenta del Parlament, a los líderes del procés de ejercer una "consciente instrumentalización" sobre las movilizaciones sociales.

ANC ha anunciado de que dispone de millón y medio de euros para hacer frente a las posibles fianzas que imponga Llarena a los encarcelados que cambiando su estrategia dicen ahora acatar el artículo 155 y esgrimen en su defensa que no hay riesgo de fuga.

Con esta máxima los diez encarcelados empezarán a desfilar ante el juez Llarena a petición propia, con el claro objetivo de acogerse a la "vía Forcadell": acatar expresamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, un paripé jurídico que nada cambia donde aseguran que renuncian a la vía unilateral en caso de seguir en la política.

Las defensas de Junqueras y de los exconsellers confía en que eso sea suficiente para relajar las medidas cautelares que pesan sobre ellos y ellas, y así poder abandonar las prisiones de Estremera y Alcalá-Meco después de apenas un mes entre rejas. Sin embargo el juez no está obligado a decidir de inmediato y podría mandarlos de nuevo a la cárcel, mientras Llarena decide.

Han sido los propios acusados los que han solicitado comparecer inmediatamente después de saber que el juez Llarena se hacía con la parte de la causa que les afectaba.

Hasta el momento, el magistrado no se ha pronunciado expresamente sobre el papel de Junqueras y el Govern destituido en el procés soberanista, pero sí ha explicado en sus autos que diferencia entre la actuación de unos y otros imputados. Por ejemplo, a la hora de enviar a prisión bajo fianza a Carme Forcadell, explicó que la intervención del resto de miembros de la Mesa imputados se sitúa "claramente en un nivel inferior de reproche" al de la expresidenta Forcadell.

Por ahora ha sido la jueza Carmen Lamela quien, desde la Audiencia Nacional, ha detallado los hechos que se imputan tanto a los miembros del Govern destituido de Puigdemont como a los líderes de ANC y Òmnium, a los que envió a prisión provisional. Destacando que todos han participado en la "hoja de ruta" secesionista desde hace dos años, define a las asociaciones como el "brazo civil" del procés dentro de, como también dice el juez Llarena, una "estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas" con la vista puesta en la independencia.

No obstante la posición de la Fiscalía es clara. Pedirá que todos sigan en la cárcel.

Como el Tribunal Supremo carece de calabozos y tampoco está preparado para alojar varios furgones de Policía o Guardia Civil, los diez imputados serán trasladados desde Soto del Real, Estremera y Alcalá-Meco a la Audiencia Nacional, y desde allí serán llevados de dos en dos al Supremo, a medida que sea su turno de comparecencia.

En el hipotético caso de quedar en libertad, ninguno de ellos saldrá andando del Tribunal Supremo: tendrán que volver a ser trasladados a la cárcel para cumplimentar todos los trámites necesarios.

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