Si Esperanza Aguirre está libre de pecado que tire la primera piedra.

Cuando Espe gobernaba la Comunidad de Madrid y dirigía al PP en Madrid, Aguirre y los suyos o los suyos con Aguirre diseñaron una contabilidad tal cque les permitía esconder los pagos en negro que sufragaban sus gastos electorales.

Y no, no lo dice ella, ni tampoco su partido, lo dice un auto judicial del caso Púnica. Lo hace Manuel García Castellón, quién ha ordenado investigar si la Comunidad de Madrid benefició en 2011 a las empresas que luego organizaron actos electorales para el partido.

En su escrito, el juez aprueba a las diligencias solicitadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que reclama datos sobre los contratos suscritos entre la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid y las empresas Thinking Forward, Central de Producers y la Joya Producciones.

Subvenciones, adjudicaciones y donaciones se mezclan con la ocultación de partidas de gastos electorales que no se recogieron en la contabilidad electoral del Partido Popular de Madrid y que se llevó a cabo a través de una contabilidad extraoficial recaudado de manera ilegal y en dinero negro, que ocultaban al fisco. L a clave está en un documento del que se ha hecho la UCO que revela "la posible participación encubierta de una empresa en un concurso público licitado por la Comunidad de Madrid poco antes de las elecciones autonómicas y municipales del año 2011.

Dicha empresa según la UCO es Laboratorio de Almagro. Dicha empresa desarrolló los trabajos de un contrato público licitado por la Consejería de Hacienda a otra empresa, Thinking Forward. La primera "participó de manera encubierta en la licitación y ejecución del referido contrato público, que a cambio percibió el sesenta por ciento de los beneficios del mismo".

Los agentes destacan que estas empresas también colaboraron después en diversos aspectos de la campaña de Aguirre.

En el registro de Laboratorio de Almagro encontraron un documento denominado "contactos PP". En él aparecen nombres y teléfonos de cargos del PP, como el consejero de hacienda, Antonio Beteta. En la lista de contactos de esta empresa aparecen también Beltrán Gutiérrez, exgerente del PP de Madrid, o Francisco Granados. En otro correo interceptado, responsables de la empresa aseguran que tienen contactos en el gobierno de Aguirre que pueden ayudarles con los contratos públicos: "Creo que tendríamos que coordinar bien estos temas para que haya siempre alguien pendiente de los concursos públicos, especialmente de la CAM.

Así los investigadores dicen que los directivos de esta empresa "habrían mantenido contactos directos con responsables de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, produciéndose uno de esos contactos antes de la publicación del concurso y en relación directa con esa licitación concreta, produciéndose la segunda de esas reuniones durante el proceso de licitación del contrato y antes de su adjudicación provisional".

En un correo posterior de la responsable de la empresa se refuerzas las sospechas de los agentes. Maria Luisa de Madariaga, al frente de Laboratorio de Almagro, escribe que "hemos recibido el briefing de lo que quiere la Consejera hace semanas, y habéis podido trabajar con esta información, incluso antes de la salida de pliegos". Por tal motivo los investigadores de la UCO entienden "que hay elementos probatorios sólidos que acreditarían actos de favorecimiento en determinados procesos de de adjudicación de contratos públicos a personas allegadas a la formación política investigada". En base a este informe, el juez accede a reclamar documentación a la Consejería de Hacienda y a las empresas sobre ese contrato.

Por el momento Aguiire se ha ido de rositas,argumentando que nada sabía y que de haber delinquido lo han hecho sus segundos, pero ¿ se creerá esta versión García Castellón?