Este sábado, el Tribunal Supremo estadounidense recibió una solicitud de la Administración del presidente Donald Trump para que revoque su decisión que impide la deportación de venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley ha sido utilizada por la Casa Blanca para encarcelar en El Salvador a migrantes irregulares a quienes se les acusa de pertenencia a organizaciones terroristas.
En un escrito de 15 páginas, el procurador general John Sauer ha indicado que la defensa de los detenidos actuó de manera precipitada al dirigirse directamente al Supremo sin que las instancias judiciales inferiores tuvieran conocimiento del caso y de sus alegaciones. Como principal representante legal del Ejecutivo ante la Corte Suprema, Sauer ha sostenido que "los tribunales inferiores no han establecido hechos esenciales en este caso" y que todavía no se ha llevado a cabo una investigación adecuada sobre "el momento, la naturaleza y la forma de la notificación del Gobierno" a los implicados.
En este contexto, el Supremo ha sido solicitado por la Administración estadounidense para que aclare si su dictamen interfiere en el recurso del Gobierno hacia otras alternativas legales para llevar a cabo deportaciones, como las leyes migratorias actuales. Esta solicitud se produce tras la orden del Supremo a Trump de suspender "hasta nueva orden" las expulsiones fundamentadas en la Ley de Enemigos Extranjeros.
Particularmente a los detenidos en el centro de detención de Bluebonnet, ubicado en el norte de Texas, afecta la orden, quienes están acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.
A primera hora del sábado, se hizo pública la decisión del tribunal, que resultó de un litigio de emergencia llevado a cabo por los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Este litigio surgió ante la inminente expulsión de venezolanos detenidos. Según la apelación presentada por la ACLU, "todos ellos estaban siendo 'subidos a autobuses, presumiblemente con destino al aeropuerto'".
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La Administración Trump sostiene que, al clasificar al Tren de Aragua como una entidad terrorista, se le otorgaron las facultades necesarias para implementar esta controvertida ley, escrita en el siglo XVIII con el propósito de ser utilizada en tiempos de guerra. En la historia de Estados Unidos, esta ley ha sido invocada únicamente en tres ocasiones previas, siendo la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se internó a civiles estadounidenses de ascendencia japonesa en campos de concentración.
No obstante, la ley ha sido utilizada por la Administración Trump para expulsar "en caliente" a los migrantes que eran identificados como integrantes de esta organización criminal, sin tener en cuenta su estatus migratorio ni seguir el protocolo requerido.
El Gobierno recibió una orden del Tribunal Supremo de Estados Unidos este sábado, la cual exige la suspensión de las expulsiones basadas en la conocida Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley es utilizada por la Casa Blanca para encarcelar a migrantes irregulares en El Salvador, quienes son acusados de tener vínculos con organizaciones terroristas.
"La orden del Supremo establece que el Gobierno no debe trasladar a ningún integrante de la supuesta clase de detenidos desde Estados Unidos hasta que este Tribunal emita una nueva instrucción", afirman los magistrados, quienes cuentan con la opinión disidente de Clarence Thomas y Samuel Alito.
Particularmente a los detenidos en el centro de detención de Bluebonnet, ubicado en el norte de Texas, afecta la orden. Estos individuos están acusados de ser parte de la organización criminal Tren de Aragua. La Administración Trump sostiene que, al declarar a esta organización como entidad terrorista, se ha visto facultada para implementar esta controvertida ley, la cual fue redactada en el siglo XVIII para su aplicación durante tiempos de guerra.
En la historia de Estados Unidos, la ley ha sido invocada únicamente en tres ocasiones previas, siendo la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se recluyó a civiles estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento. La ley fue utilizada por la Administración Trump para llevar a cabo expulsiones "en caliente" de migrantes identificados como integrantes de esta organización criminal, sin tener en cuenta su estatus migratorio y omitiendo el protocolo requerido.
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