Para lograrlo, distribuyó cientos de contratos entre los organismos dependientes del Gobierno gallego, quienes han contratado repetidamente a familiares de altos cargos del partido. Estos organismos incluyen consellerías, agencias públicas, consorcios, organismos autónomos, fundaciones del sector público, sociedades mercantiles públicas e institutos sectoriales o centros de innovación. Todos ellos optaron por contratar a empresas pertenecientes al mismo grupo: Eulen, Eulen Centro Especial de Empleo, Eulen Seguridad y Eulen Servicios Sociosanitarios.
El análisis exhaustivo de más de millón y medio de contratos emitidos sin anuncio previo ni concurso público por los organismos públicos dependientes de la Xunta de Galicia tal y como revela El Salto. Así la empresa donde Micaela Núñez Feijóo ocupa un alto cargo directivo obtuvo otros 15,1 millones en licitaciones mayores y ha multiplicado por más de tres sus contrataciones públicas desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta en 2009.
Hace apenas una semana, se reveló en esta redacción otro caso en el que un familiar de un alto cargo del Partido Popular gallego se beneficiaba al aumentar su facturación gracias a los contratos con organismos dependientes del Gobierno gallego. Francisco Antonio Otero Illodo, esposo de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ingresó a la empresa Allwork Vestuario Laboral justo antes de que se declarara el estado de alarma. Durante los tres años de la pandemia, esta sociedad obtuvo ganancias a través de 38 contratos menores realizados directamente por la Xunta, por un valor total de 145.975,72 euros. Estos contratos estaban principalmente destinados a la compra de equipos de protección individual (EPI) y fueron otorgados sin ningún proceso competitivo.
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Reduciendo al mínimo exponente las posibilidades en los procesos de búsqueda, la Xunta hace públicos los contratos con opacidad y entorpecimiento al acceso. En decenas de ocasiones, estos contratos son sencillamente indescifrables. En 85 ocasiones, los contratos llevan como título "Edificios y otras construcciones". En otras 170 ocasiones, la administración correspondiente decide simplemente colocar el nombre de la escuela donde Eulen realiza algún tipo de servicio sin detallar cuál. Pero la cosa no termina ahí. La Consellería de Sanidade, el Sergas y Eulen facturan hasta en 39 ocasiones por "material no sanitario" sin detallarlo.
Sin correr demasiado riesgo de equivocación, se puede inferir que muchos de estos contratos, especialmente los otorgados a la división de seguridad del grupo, se dedican exclusivamente a llevar a cabo tareas de vigilancia en numerosos centros públicos donde los organismos dependientes de la Xunta realizan diversas actividades. No obstante, si esta forma de operar es tan efectiva, ¿por qué las consellerías encargadas de gestionar cientos de propiedades como Educación o Sanidad no licitan la seguridad de todos sus centros en un solo paquete y lo someten a un concurso público para obtener una oferta más competitiva y permitir un acceso más democrático? Mes tras mes, Sanidad le facturó a Eulen 14 veces 10.834,55 euros por el mismo concepto denominado "seguridad". Un servicio que debería haber sido licitado conjuntamente.
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Varias claves para comprender la libertad de acción que permite a cualquier administración utilizar contratos de este tipo son explicadas por fuentes especializadas en contratación pública a esta redacción. Es importante tener en cuenta que las licitaciones menores se refieren a contratos de obras con un valor inferior a 40.000 euros y a contratos de suministro o servicios con un valor inferior a 15.000 euros. De hecho, casualidad o no, la Consellería de Sanidade ha facturado a Eulen la misma cantidad de 10.834,55 euros por el mismo servicio llamado "seguridad" en 14 ocasiones desde el cuatro de mayo de 2021 hasta el 12 de septiembre de 2022. Esto suma un total de 151.683,70 euros que, si se licitaran conjuntamente, requeriría sacarlo a concurso y permitir que otras empresas compitan en igualdad de condiciones para ofrecer ese servicio. Esta dinámica se repite una y otra vez en los 1.311 contratos adjudicados directamente que El Salto ha publicado al inicio de esta información, de forma libre y accesible.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece claramente que no se puede dividir un contrato con el objetivo de reducir su valor y evitar los requisitos de publicidad o procedimiento de adjudicación correspondientes. Un artículo de investigación publicado por Cristina Clementina Arenas Alegría, profesora en la Universidad de Deusto, y respaldado por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), proporciona una guía jurídica para comprender los casos en los que una administración podría cometer fraude al fraccionar contratos de manera intencional y artificial. Según la Junta Estatal del INAP, existe fraccionamiento del objeto del contrato cuando se divide con el propósito de evitar los requisitos de publicidad o procedimiento de adjudicación, incluso si se trata de objetos independientes pero con una unidad funcional u operativa necesaria entre ellos. Sin embargo, esta interpretación es compleja en la práctica y requiere una evaluación caso por caso.
"La idea central del fraude en el concepto de contrato menor se basa en la intención de beneficiar a un sujeto específico al permitir una asignación directa", explica la profesora de la Universidad de Deusto en un artículo publicado en el INAP. Además, agrega: "Otro indicio de un fraccionamiento fraudulento es la presencia de contratos periódicos o sucesivos. La existencia simultánea de varios contratos menores con el mismo propósito claramente indica un fraude. Aunque menos sospechosa, también es un indicio de fraude la existencia de varios contratos menores tramitados consecutivamente que tienen prestaciones que forman una unidad operativa".
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