En un principio, se destinaron cinco millones de euros del gobierno de Juanma Moreno Bonilla a las obras del estadio La Cartuja (Sevilla), que ahora están siendo investigadas en el marco del caso del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y que también afecta a otros dirigentes del máximo organismo futbolístico. Específicamente, el objetivo de este dinero era subvencionar la atención socioeducativa y el comedor de los centros de educación infantil para niños de hasta tres años.
ECSA, la sociedad encargada de administrar el campo de fútbol que albergará la final de la Copa del Rey este año, ha recibido una "subvención excepcional" de aproximadamente cinco millones. Sin embargo, las obras iniciales tenían como objetivo preparar el estadio para algunos partidos de la Eurocopa 2020, que debido a la pandemia se celebró un año después en diferentes ciudades europeas. Después de recibir la subvención, ECSA planteó la necesidad de llegar a acuerdos con la Federación al día siguiente, según informes de El Correo de Andalucía. A raíz de esto, la Guardia Civil está investigando las adjudicaciones realizadas por el máximo organismo del fútbol.
Al principio, se tenía previsto destinar 5,4 millones de euros, pero al final el monto se redujo a 4.956.000 euros. El líder Ejecutivo admitió que podría ser necesario utilizar todo el dinero, pero consideraba "imprescindible" destinar la segunda cantidad para cumplir con la función prevista.
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El 4 de mayo de 2021, se aprobó en Consejo de Gobierno extraordinario la transferencia de las ayudas que finalmente fueron a parar a las obras del estadio de La Cartuja. Este fue el único punto a tratar en dicha reunión. Posteriormente, se llevó a cabo el Consejo de Gobierno ordinario.
Mediante una modificación presupuestaria, se realizó el proceso. Esta modificación no figuraba en la lista de temas destacados ni en el orden del día que se envía a los medios de comunicación. Sin embargo, tanto la documentación como el orden del día del Consejo extraordinario se incluyeron en la lista de asuntos tratados, que está disponible para su consulta en la web.
Con el objetivo de garantizar la máxima seguridad y celebrar los partidos de la Eurocopa en un mes, se decidió modificar la sede española del torneo europeo. El Comité Ejecutivo de la UEFA, el 23 de abril, tomó la decisión de que la ciudad hispalense y el estadio de La Cartuja fueran la nueva sede, en lugar de San Mamés (Bilbao).
La memoria justificativa, los informes favorables de la Dirección General de Análisis, Planificación y Política Económica y de la Intervención General se incluyen en la documentación final. Por lo tanto, el texto que razonaba la decisión destacó la importancia que tendría para la Marca Andalucía la celebración de los partidos de la UEFA EURO 2020 en el Estadio de la Cartuja. Estos partidos serán seguidos en más de 150 países, lo que reafirma la capacidad del Estadio de La Cartuja para acoger grandes eventos deportivos. Como resultado, el estadio sevillano acabó por acoger tres partidos de la fase de grupos disputados por la selección nacional y otro partido de octavos de final.
La Junta de Andalucía no cumplió con los objetivos, ya que esperaba un retorno de 215 millones de euros, lo cual sería el beneficio obtenido si 16.000 personas hubieran asistido a los encuentros. Sin embargo, solo 12.517 aficionados acudieron.
Mientras se encontraba en República Dominicana, la sede de la RFEF y la vivienda de Rubiales fueron registradas por la UCO de la Guardia Civil.
Tomás González Cueto, el asesor jurídico externo de la RFEF; José Javier Giménez, jefe de Personal de la RFEF; y Pedro González Segura, director de servicios jurídicos, fueron arrestados como resultado del rastreo. Además, el hermano de este último ocupa el cargo de director en Gruconsa, donde se encontraron dos contratos que ascienden a al menos 90.000 euros. Los delitos bajo investigación incluyen corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.
Las guarderías calificaron de "escándalo" la acción del equipo de Moreno Bonilla, teniendo en cuenta sobre todo que hace años que estos centros sufren problemas económicos por la poca ocupación de plazas debido a la baja natalidad. Mientras tanto, el Gobierno andaluz explicaba que los fondos destinados venían de una partida presupuestaria "disponible" y prometía su recuperación.
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