En 2019, se firmó un contrato y se alquiló una propiedad en el centro de Pamplona por un año, que luego se prorrogó por dos años más. Por lo tanto, los inquilinos tenían permiso para permanecer en la vivienda hasta marzo de 2022. Sin embargo, la dueña del inmueble no estaba satisfecha con la situación y comunicó a la arrendataria su intención de no renovar el contrato para llevar a cabo reformas en el domicilio, a pesar de que aún quedaba un año para la fecha de vencimiento.
"Pese a la vulneración de las condiciones acordadas, la inquilina, que tenía un niño de ocho meses, solicitó permiso para permanecer en la vivienda hasta encontrar otro hogar. Durante todo ese tiempo, la familia afectada se comprometió a pagar los meses necesarios. Sin embargo, tres meses después, la propietaria decidió cambiar la cerradura del apartamento sin el consentimiento ni conocimiento de los arrendatarios, y para ello se hizo acompañar de un cerrajero."
Llegaron al inmueble la mujer y el menor no podieron acceder quedándose en la calle y sin pertenencias.
La propietaria procedió a empadronarse en dicho piso y a dar de baja a los arrendatarios en el censo municipal. Además, la acusada se adueñó de todos los objetos que se encontraban en la vivienda, incluyendo un ordenador portátil, una televisión, una cámara de fotos, joyas y juguetes del bebé.
La inquilina presentó una demanda con el fin de solicitar la entrega de sus pertenencias, tiempo más tarde una trabajadora social del Ayuntamiento de Pamplona se presentó junto a dos agentes de la Policía Municipal para obligar a la propietaria a devolver dos maletas que contenían ropa y documentos personales. Sin embargo, la arrendataria no recibió el resto de los objetos que se encontraban en el inmueble.
La propietaria fue condenada por la Audiencia Provincial el pasado mes de abril a dos años de prisión por un delito de coacciones y otros tantos por un delito de hurto agravado, lo que suma un total de cuatro años de cárcel. Además, se le ordenó pagar dos indemnizaciones: 6.000 euros por daños morales y 4.819 euros por los objetos sustraídos. Aunque la acusada presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados consideraron suficientes las pruebas incriminatorias y explicaron que "el impedimento de acceso a la vivienda queda debidamente acreditado".
La persona condenada puede aún apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Si (
No(
