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 El alcalde de Brunete imputado en el caso Púnica
 El alcalde de Brunete imputado en el caso Púnica

El alcalde de Brunete imputado en el caso Púnica

 El alcalde de Brunete imputado en el caso Púnica
sábado 07 de octubre de 2017, 10:37h
El Juez García Castellón y la Fiscalía Anticorrupción que investigan el entramado en el Caso Púnica, vuelve a imputar a dirigentes del PP y cargos de alto nivel de algunos ayuntamientos y de la Comunidad de Madrid.

El alcalde de la localidad madrileña de Brunete, Borja Gutiérrez, del PP, ha sido citado como investigado en el Caso Púnica por posibles delitos contra la administración pública por el contrato de eficiencia energética de su localidad firmado con la empresa Cofely.

Así lo ha decidido el juez García Castellón.

Lo curioso del caso es que el PP, respalda al primer edil de Brunete, incluso dice que no está obligado a dimitir, ya que el código Ético sólo establece que deben dimitir los imputados por corrupción cuando son diputados,altos cargos del Gobierno regional o tienen un puesto en la dirección del partido. Tan solo debería si así lo entiende, la presidencia del PP en la localidad de la que es alcalde.

El juez le ha citado a declarar como investigado, junto al ex director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid Carlos López Jimeno, en su caso por seis contratos de eficiencia energética de colegios públicos de Alcalá de Henares que fueron adjudicados a Cofely. Ambos tendrán que presentarse ante el juez el 9 de octubre.

A Gutiérrez, Anticorrupción le acusa de intentar amañar un contrato con la empresa a cambio del pago de una encuesta electoral, ante lo que desde el ayuntamiento aseguran que "no existe ningún tipo de contrato con Cofely", sino que se trata de un "documento interno" de técnicos del Ayuntamiento que ni llegó a la comisión informativa y en el que Gutiérrez "no tuvo nada que ver". De igual manera por el mismo supuesto amaño, el juez cita a declarar el día 10 a la edil de Nuevas Tecnologías de ese municipio, Cristina Gil, y al padre de ésta y secretario general del PP en la localidad, José Gil. En cuanto a Carlos López Jimeno, que dimitió en octubre de 2016 por su posible vinculación con el caso, se le cita por la sospecha de que medió a favor de Cofely en un contrato con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares alcanzado en octubre de 2013 a cambio de sustanciosas comisiones por las que cobró a través de una empresa de su propiedad 192.000 euros de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid (Fenercom), que dependía de su área.

No son los únicos citados por el juez, otros citados son Fernando García Rubio, antiguo asesor jurídico del Ayuntamiento de Alcalá, y David Larrazábal, que entonces era gerente del Instituto de Planificación y Gestión Ambiental de los que el juez y la Fiscalía sospecha que cometieron delitos contra la administración pública en los contratos de gestión energética en seis colegios públicos y las ciudades deportivas de El Val y El Juncal por los que el Ayuntamiento pagaría 13,9 millones de euros en 15 años. Así mismo García Castellón mantiene la citación de Ignacio Palacios, supuesto testaferro del considerado cabecilla de la trama, el ex secretario general del PP de Madrid y exconsejero del Gobierno autonómico Francisco Granados, a la exjefa de los servicios jurídicos en la Asamblea de Madrid en relación a los contratos de adjudicación de los servicios de cafetería en la sede del parlamento madrileño al empresario Arturo Fernández, contratos por los que recordarán, que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a pedir que se investigara a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

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