"La depuración del Magisterio español", por Pedro Cuesta Escudero autor de La Comisión Depuradora. Represión en la escuela

El terror administrativo

Al lado del “terror caliente” de las ejecuciones, palizas, encarcelamientos y prohibiciones, aparece el “terror administrativo” con las depuraciones. Todo el aparato administrativo es sometido a una radical depuración. Pero la depuración del Magisterio adquiere un cariz específico: se considera a los maestros, junto a los profesores universitarios y de enseñanzas medias y a los intelectuales en general como los inductores de que los enemigos de Dios y de la Patria se adueñaran de España durante los nefastos años de la República masónica-bolchevique. Se les culpa de ser los envenenadores del alma popular, de ser los responsables de los crímenes que sembraron de duelo a la mayoría de los hogares españoles.

Y estas resentidas acusaciones no la hicieron cuatro exaltados, sino gente de la Iglesia española (jerarquías, jesuitas o de otras congregaciones, Acción Católica y los integristas herederos del pensamiento de Menéndez Pelayo, como Pemán, Víctor Pradera, Pemartín, marqués de Lozoya, Sainz Rodríguez, Alfonso Iniesta, Romualdo de Toledo, Ibáñez Martín, Ramiro de Maeztu (en su segunda época) Arrarás y otros más de Acción Española, de la Asociación Católica Nacional de Propaganda o de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia. Todos estos son los que elaboran la política escolar del Régimen, porque Franco y todos los militares sublevados no tenían ni idea de los verdaderos problemas de la enseñanza, ni de la exasperada guerra que la Iglesia venía librando por el control de la escuela desde el hundimiento del Antiguo Régimen cuando la Revolución francesa.

Antonio Benaiges, el maestro que prometió el mar

Desde el principio en la zona franquista la Junta de Defensa Nacional lleva a cabo una brutal represión a los maestros por considerarlos hostiles a su causa y se inicia una exhaustiva purga. El inicio de la Guerra Civil en julio de 1936 truncó el proyecto del maestro Benaiges, así como muchos otros proyectos y miles de vidas. Entre las provincias españolas en las que la represión fue inicialmente más violenta estuvo Burgos, donde el golpe de Estado triunfó sin apenas resistencia y donde el maestro Don Antonio Benaiges había empezado a transformar la vida de un pequeño pueblo agrícola: Buñuelos de Bureba. En 1934 había tomado posesión de la plaza de maestro de la escuela pública de ese pueblo y llegó decidido a aplicar, en ese entorno rural reticente a los cambios, una nueva técnica educativa que por aquel entonces apenas había empezado a introducirse en Francia y que en España apenas si se había probado en contadas escuelas. Esa técnica, conocida como técnica Freinet, tenía entre sus principios el uso de la imprenta en la escuela como herramienta para fomentar la máxima implicación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Pero la dura represión por parte de los sublevados acabó de forma violenta y cruel con la vida del maestro catalán Benaiges y con la promesa que les había hecho a sus alumnos de llevarlos a conocer el mar. Esas depuraciones se fueron extendiendo a los demás territorios españoles conforme las tropas franquistas los iban conquistando.

Finalidad de la depuración

La finalidad de la depuración de maestros era, en principio, destruir la obra escolar republicana, acabar con la coeducación o educación mixta de niños y niñas, con el laicismo, con el espíritu de renovación pedagógica, con la organización democrática de los centros y de todo el sistema educativo. La represión franquista se centró, básicamente, en el sector del Magisterio de mayores inquietudes intelectuales, el más dinámico, el más comprometido con las reformas republicanas, porque como decía el primer ministro de Educación Nacional franquista Pedro Sainz Rodríguez, esas reformas “eran la más fuerte empresa de embrutecimiento colectivo que haya podido caer sobre la conciencia humana”.

Aunque la ideología de izquierdas, las actitudes contrarias al Movimiento, la militancia en organizaciones republicanas o el ateísmo también eran suficiente causa para ser apartados de su carrera profesional. En realidad se castiga a los maestros, no solo por lo que se suponía que habían hecho, sino como prevención por lo que pudieran hacer. Es decir, las depuraciones no solo tuvieron un carácter punitivo, sino también preventivo.

Se estableció la separación del servicio a la totalidad del personal del Magisterio. Los interesados en el reingreso se vieron obligados a solicitarlo por medio de una instancia y contestando a un cuestionario, con la advertencia que el falseamiento de las respuestas al mismo o la ocultación de información podían dar lugar a responsabilidades que se sustanciarían por el fuero de guerra. Pero como los problemas de personal se estaban creando como consecuencia de los encarcelamientos, fusilamientos, desapariciones, maestros huidos o movilizados, se permitió que se hicieran cargo de sus escuelas quienes la Comisión Depuradora aún no hubiese tomado una resolución sobre su expediente.

La Comisión Depuradora

Mediante una circular aparecida en el BOE el 10 de agosto de 1936 José María Pemán establece las condiciones y naturaleza de las COMISIONES DE CULTURA Y ENSEÑANZA.

“Circular a los vocales de las Comisiones depuradoras de Instrucción pública.

Innecesario resulta hacer a los señores Vocales de las Comisiones depuradoras del personal docente la trascendencia de la sagrada misión que hoy tienen en sus manos. Con pensar que la perspectiva del resurgir de una España mejor de la que hemos venido contemplando estos años, está en razón directa de la justicia y escrupulosidad que pongan en la depuración del magisterio en todos sus grados, está dicho todo.

El carácter de la depuración que hoy se persigue no es solo punitivo, sino también preventivo. Es necesario garantizar a los españoles que con las armas y sin regateos de sacrificios y sangre salvan la causa de la civilización, que no se volverá a tolerar, ni menos proteger y subvencionar, a los envenenadores del alma popular, primeros y mayores responsables de todos los crímenes y destrucciones que sobrecogen al mundo hoy han sembrado de duelo la mayoría de los hogares honrados de España.

No compete a las Comisiones depuradoras el aplicar las penas que los Códigos señalan a los autores por inducción, por estar reservada esta facultad a los Tribunales de Justicia, pero si proponer la separación inexorable de sus facciones magistrales de cuantos directa o indirectamente han contribuido a sostener y propagar a los partidos, ideario e instituciones del llamado “Frente Popular”. Los individuos que integran esas hordas revolucionarias, cuyos desmanes tanto espanto causan, son sencillamente los hijos espirituales de catedráticos y profesores que, a través de instituciones como la llamada “Libre de Enseñanza”, forjaron generaciones incrédulas y anárquicas.

Si se quiere hace fructífera la sangre de nuestros mártires es preciso combatir resueltamente el sistema seguido desde hace más de un siglo de honrar y enaltecer a los inspiradores del mal, mientras se reservaban los castigos para las masas víctimas de sus engaños.

Tres propuestas pueden formular las Comisiones depuradoras, conforma a la Orden de 10 de noviembre, a saber: 1º Libre absolución para aquellos que puestos en entredicho hayan desvanecido los cargos de haber cooperado directa o indirectamente a la formación del ambiente revolucionario. 2º Traslado para aquellos que, siendo profesional y moralmente intachables, hayan simpatizado con los titulados partidos nacionalistas vascos, catalán, navarro, gallego, etc., sin haber tenido participación directa ni indirecta con la subversión comunista separatista, y 3º Separación definitiva del servicio de todos los que hayan militado en los partidos del “Frente Popular” o sociedades secretas, muy especialmente a la revolución de octubre y de un modo general, los que perteneciendo o no a esas agrupaciones hayan simpatizado con ellos u orientado su enseñanza o acción profesional en el mismo sentido disolvente que las informa.

Las Comisiones depuradoras, al dirigirse a cualquier autoridad o particular en demanda de informes, deberán hacerles presente la gravísima responsabilidad que incurren para con Dios y con la Patria ocultando determinados extremos, cundo no, llegando a falsear los hechos, valiéndose de reprobables reservas mentales o sentimentalismo extemporáneos. También se ha de combatir y de hacer público, para perpetua vergüenza del que en tal falta de ciudadanía incurra el nombre de quienes aleguen indebidamente desconocer los hechos o las personas sobre los que se interesen informes. Sería indigno que al heroísmo de nuestros oficiales, soldados y voluntarios que en las líneas de fuego desafían a la muerte soñando con una España mejor, correspondieran con la cobardía y falta de valor cívico las personas que gozan de la paz de las retaguardias. Si todos cuantos forman parte de las Comisiones depuradoras se compenetran con esta manera de pensar y la trasmiten en patriótico contagio a aquellos que han de coadyuvar a su labor con sus informes, es cosa segurísima que antes de mucho tiempo, en esta España que hoy contemplamos destruida, empobrecida e injuriada, una vez restaurado su genio y tradición nacional, veremos amanecer en alborada jubilosa un nuevo siglo de oro para gloria de la Cristiandad, de la Civilización y de España.

Burgos 7 de diciembre de 1936

El presidente de la Comisión de Cultura y Enseñanza José María Pemán.

Sres. Presidentes y Vocales de las Comisiones depuradoras del personal de Instrucción pública”

Con esta autorización cada Comisión depuradora abría el expediente al maestro o maestra y pasaban a solicitar sobre el mismo los informes considerados preceptivos. O sea, se pide toda clase de información sobre conductas profesionales y políticas, como también actitudes religiosas y morales del expedientado, a la Guardia Civil, al alcalde, al cura párroco y a cuantas personas fueran necesarias de la localidad donde ejerció el interesado su última escuela. Las Comisiones también utilizaban la información que facilitaban los compañeros del declarante, pues en los cuestionarios que todos tenían que rellenar existían apartados a este respecto. Aunque la mayoría dejaba en blanco este capítulo de acusaciones a otro compañero, algunos, llevados por su miseria moral, acusaban, ya fuera por miedo, para hacerse perdonar los propios “pecados” o para hacer méritos de cara a una promoción profesional. Y en ningún momento se consideró la posibilidad de que los afectados pudiesen ejercer el derecho de defenderse.

En conclusión, a partir de 1939 la escuela española fue un auténtico botín de guerra para la Iglesia y para miles de excombatientes del ejército nacional que se ven premiados con la concesión de las plazas que la depuración iba dejando vacantes. En agosto de 1939 se promulga una ley por la que en las oposiciones y concursos oficiales se reserva un cupo del 80% de las plazas escolares para personas vinculadas a la causa nacional: mutilados, excombatientes, militares retirados, excautivos o huérfanos o viudas de las víctimas de las hordas rojas. Quien saca mejor tajada es la Iglesia, pues estaba extendida la filosofía que el mismo Director General de Enseñanza Primaria, Romualdo de Toledo, sintetizó: “El Estado podría ahorrarse todos los gastos de educación confiándosela tranquilamente a la Iglesia”.

Las órdenes religiosas acaparan la mayoría de las escuelas privadas, agudizándose el carácter dual en la estructura del sistema escolar, con unos centros privados para los pudientes y las escuelas nacionales (públicas) para los que no pueden pagar la privada. En los años cuarenta del siglo XX la escuela pública española entra en un oscuro túnel del que tardará décadas en salir. Y como había un alarmante déficit de plazas escolares empiezan a proliferar las academias de carácter minifundista y de dudosa solvencia.